La gran puerta giratoria de la dictadura
La llamada “ruptura pactada” garantizó a los servidores de Franco un futuro lleno de parabienes
MARIANO SÁNCHEZ SOLER. 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
El conocido como “franquismo sociológico” dio lugar a un cambio político respetuoso con el pasado. La llamada “ruptura pactada” garantizó a los servidores de Franco un futuro lleno de parabienes
Los grandes nombres, los poderosos personajes que unieron su fortuna y su destino a la suerte del franquismo, desde el entorno familiar del general Franco y en la cima de su régimen (los March, Oriol, Fenosa, Aguirre…), supieron adaptarse a la monarquía parlamentaria, mientras una nueva generación de apellidos viejos con rostros renovados (Aznar, Rato, Trillo Figueroa, Arias-Salgado, García Escudero, Calvo-Sotelo, Fernández-Miranda, Cabanillas, Mariscal de Gante…) se preparaba para tomar el relevo en las instituciones. Para ellos, el tránsito de la dictadura a la democracia consistía en que se cumpliera, con el menor desgaste posible, el axioma lampedusiano: “Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”. Evidentemente, lo han conseguido.
“El consenso fue una manera de imponer límites y silencios al debate nacional”, explicó en diciembre de 1988 el ex ministro popular Rafael Arias-Salgado en la revista Cuenta y Razón. Desde las filas socialistas, Raúl Morodo teorizó en el mismo sentido: “Dentro de todo proceso de transición —si quiere ser pacífico— la simulación forma parte del consenso”.
Culminada la “simulación”, impuestos “los límites”, resultaba sencillo reescribir los hechos y revisarlos a la carta. El pasado franquista fue conscientemente silenciado, disfrazado, desdramatizado por sus protagonistas con la excusa de que así se superaría la Guerra Civil y se construiría un puente de convivencia elevado sobre el abismo social de las “dos Españas”. Los perdedores, los opositores a la Dictadura, debían aceptar este requisito de los vencedores si querían participar en el juego democrático. Y así lo hicieron, con la simulación a golpe de consenso, en el que las izquierdas jugaron en inferioridad de condiciones.
Como declaró hace dos décadas el dirigente socialista José María Benegas, recientemente fallecido: “La única ley de punto final la hicimos en octubre de 1977 los demócratas para los franquistas; en ese año decidimos no pedir ninguna responsabilidad referida a los cuarenta años de la dictadura, para intentar de una vez por todas la reconciliación”. Éste ha sido, pues, uno de los precios reconocidos de la democracia española que nadie ha pretendido saldar. Porque, en cuanto soplaron los vientos de la democracia, los antiguos dirigentes y empresarios del Régimen no dudaron en desmarcarse de la familia Franco y del franquismo, para proseguir el negocio en otros salones.
Cuando murió Franco, hace cuarenta años, el mundo financiero estaba en manos de personajes políticos, que habían cambiado el Consejo de Ministros por el consejo de administración de grandes empresas. Era la consecuencia del funcionamiento del Régimen durante cuatro décadas. Numerosos políticos franquistas, procuradores en Cortes y altos cargos que combinaban sus puestos oficiales con destinos empresariales en sectores clave como los hidrocarburos o la energía eléctrica supieron mantener la misma posición privilegiada. Con la llegada del siglo XXI, la familia Oriol, los hermanos March, la condesa de Fenosa o el tecnócrata Coronel de Palma siguieron en la cresta de la ola financiera.
El 20 de noviembre de 1975, las antiguas familias del Régimen ya habían decidido repartirse el pastel político. De eso, al menos, se había quejado el 20 de mayo de aquel año el influyente periodista Luis María Anson, desde ABC: “Las ratas están abandonando el barco del régimen. La cobardía de la clase gobernante española es realmente vergonzosa… ya se ha llegado al sálvese quien pueda, a la rendición incondicional.”
Al Gobierno desde el consejo de administración
Tras la muerte del Caudillo se trataba de encontrar el equilibro entre las distintas «familias» franquistas y no molestar demasiado a los importantes grupos de presión económica de los que formaban parte. Era preciso cambiar de régimen sin ponerse en peligro. Reformar para conservar y perfeccionar la gran puerta giratoria del antiguo régimen.
En esta travesía, Adolfo Suárez fue, a partir de diciembre de 1975, un hábil prestidigitador a quien el Rey confió la presidencia del Gobierno. El resultado obtenido por Suárez, tras año y medio en el uso del poder, fue excelente. Su primer Gobierno democrático, salido de las elecciones del 15 de junio de 1977, estaba formado por miembros de las distintas sensibilidades franquistas, altos cargos de la Administración, procuradores en Cortes, tecnócratas y catedráticos bien vistos por los poderes financieros. Exfalangistas, católicos —democristianos—, tecnócratas…
Dominaban el terreno; estaban en el mismo escenario de siempre. Bastaba con cambiar la leyenda de su frontispicio y poner “Congreso” donde antes podía leerse “Cortes”
Para constatarlo, los ministros de UCD, hasta hacerse cargo de su cartera, habían ocupado las siguientes posiciones político-financieras: Cultura: Pío Cabanillas Gallas, exministro de Información y Turismo en 1974: consejero de ENDASA y de Acerinox, empresa presidida por el también presidente de Agromán José María Aguirre Gonzalo. Asuntos Exteriores: Marcelino Oreja Aguirre, subsecretario de Información y Turismo; consejero de Agromán, de Iberia y de Unión Cerrajera. Justicia: Landelino Lavilla Alsina. Subsecretario de Industria; presidente de Editorial Católica —de la que Eduardo Carriles Galárraga era vicepresidente—; consejero de CAMPSA, de Acerinox y de Banesto. Industria y Energía: Alberto Oliart Saussol, presidente de Banif Sociedad Anónima de Inversiones y Finanzas, consejero del Banco Hispano Americano y de Cros. Obras Públicas y Urbanismo: Joaquín Garrigues Walter, consejero de Euroamericana de Financiaciones e Inversiones y representante en España de grandes empresas multinacionales norteamericanas. Relaciones con las Cortes: Ignacio Camuñas Solís, consejero de Promotora Castellana de Inversiones. Transportes y Comunicaciones: José Lladó Fernández-Urrutia. Hijo del que fuera presidente del Banco de Vizcaya, consejero de ENSIDESA. Economía: Enrique Fuentes Quintana. Consejero ejecutivo del Banco de España. Educación y Ciencia: Íñigo Cavero Lataillade, vicepresidente de Robert Bosch Española y consejero de Sociedad Anónima de Tractores Españoles.
Junto a ellos destacaron otros ministros también vinculados profesionalmente al mundo empresarial: Fernando Abril Martorell, Torcuato Fernández-Miranda, Manuel Clavero Arévalo, José Manuel Otero Novas, Luis Ortiz, Jaime Lamo de Espinosa… Además, entre los dirigentes de UCD que consiguieron escaño y no pasaron de subsecretarios se encontraban antiguos miembros del Consejo Nacional del Movimiento como José Miguel Ortí Bordás o Gabriel Cisneros, uno de los redactores de la Constitución de 1978.
Diputados de la banca y las finanzas
Como consecuencia de la epidemia democrática que contagió a la política profesional del momento, el mundo del dinero y de las altas finanzas supo atesorar un buen número de escaños que garantizara su presencia en el nuevo proceso. La derecha española, que mayoritariamente había sido franquista y había curtido a sus mejores cuadros en el aparato del Régimen, supo agruparse y ponerse de acuerdo en lo esencial: iban a ganar las elecciones democráticas de 1977 porque eran los que estaban mejor preparados y los más experimentados en el uso del poder político y financiero. Además, dominaban el terreno; estaban en el mismo escenario de siempre: el Palacio de la carrera de San Jerónimo.
En el Parlamento nacido de las primeras elecciones de 1977, que se encargaría de redactar la Constitución de 1978, 29 procuradores franquistas se convirtieron democráticamente en diputados. 34 diputados pertenecían a los consejos de administración de los grandes bancos. Entre sus señorías —ya con carnet de UCD, de Alianza Popular o senadores por designación real—, destacaban los siguientes consejeros bancarios:
Banesto: Gregorio López Bravo, Federico Silva Muñoz, Abel Matutes (también de la Banca Matutes), Landelino Lavilla, Alfonso Osorio y Marcelino Oreja Aguirre. Central: Alfonso Escámez, Antonio del Valle Menéndez (vicepresidente del Banco de Fomento). Urquijo: Leopoldo Calvo-Sotelo, Ramón Trías Fargas y el senador Jaime Carvajal Urquijo. Rumasa: Alberto Ballarín Marcial (Peninsular), Juan Gich Bech de Careda (presidente del Peninsular) y Antonio Hernández Gil (presidente del Extremadura). Exterior: Juan Rovira Tarazona y Fermín Zelada de Andrés Moreno. Coca: Ramiro Pérez-Maura Herrera y Jesús Esperabé de Arteaga González. Banca Catalana: Jordi Pujol Soley y Andrés Ribera Rovira (presidente del Banco Industrial de Cataluña). Popular-Atlántico: José Manuel Fanjul Sedeño (también presidente del Castilla, del grupo Bilbao-Vizcaya) y Laureano López Rodó. Descuento: Ignacio Camuñas Solís y Manuel Prado y Colón de Carvajal. Exportación: Emilio Attard Alonso. Crédito Balear: Raimundo Clar Garau (vicepresidente). Alicante: Emilio Martín Villa. Gredos: Juan Carlos Guerra Zunzunegui. Internacional de Comercio: Licinio de la Fuente. Granada: Alejandro Royo Villanueva, Luis de Angulo Montes. Occidental: Pío Cabanillas Gallas.
También las cajas de ahorros y los bancos de crédito oficial tenían sus representantes en el hemiciclo: Enrique Fuentes Quintana antes que ministro fue jefe de Estudios y Programación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; José Manuel Gómez-Angulo Giner era consejero honorario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Almería; Mombiedro de la Torre era consejero de la Caja de Ahorros de Cuenca; David Pérez Puga, de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo; Antonio Rosón Pérez, presidente de la Caja Rural de Lugo; Manuel Acevedo Bishop, de la Caja General de Ahorros de Santa Cruz; Alfonso Osorio y Antonio Carro eran consejeros de la Caja Postal de Ahorros.
Otros 16 diputados y senadores estaban vinculados a las empresas financieras: Íñigo Cavero, consejero de Chrysler Organización Financiera y de Entidad de Financiación; Juan de Arespacochaga, presidente de Financiera Centauro; Royo Villanueva, vocal de Financiera Latinoamericana; Guerra Zunzunegui, consejero de Gemesa; Echevarría Gargoitia, de Ofisa; José Gil Albert, presidente de Central Riojana de Crédito; Manuel León Herrero, presidente de Profimesa; Manuel Acebedo, de Financiera Tinerfeña; Adolfo Sánchez García, presidente de la Central Castellana de Crédito, de Valladolid, y José Ramón Pin Arboledas, consejero delegado de Régulo.
A los destacadísimos Landelino Lavilla, vocal de Alequinsa; Francisco Fernández Ordóñez, presidente del Consorcio Financiero Ibérico, y Antonio Carro, consejero de Financieras Agrupadas, se suman otros parlamentarios financieros de la categoría de Manuel Villar Arregui, secretario de la Unión Española de Financiación; el senador real Manuel Prado y Colón de Carvajal, presidente de Iberia y vocal de la financiera Sogecofi, o los hermanos Antonio y Joaquín Garrigues Walker, consejeros —junto al también diputado Antonio Fontán— de la Liga Financiera, que compartían el 33% de las acciones de Autopistas Concesionarias Españolas.
Como consecuencia, tras los comicios de 1977, 52 de los 192 diputados conseguidos por la derecha (UCD y AP) –el 27%– estaban directamente relacionados con la banca y con las compañías financieras. Si elevamos la estimación a los 350 escaños del Congreso, el 14% del hemiciclo lo ocupaban banqueros y financieros de alcurnia, ejecutivos curtidos en los consejos de administración. Si tenemos en cuenta que su protagonismo político y su presencia en cargos relevantes eran de primer orden, su peso cualitativo durante la transición española resulta abrumador. Sólo habían transcurrido dieciocho meses desde aquel 20 de noviembre de 1975, cuando se repartieron las cartas decisivas de una partida histórica en la que los antiguos franquistas se aplicaron a sí mismos la ley de punto final.
La segunda generación de una estirpe
El 29 de noviembre de 2000, el diputado socialista Francisco Fernández Marugán rompió con una pregunta el tedio generalizado que, durante los últimos tiempos, rodeaba casi siempre las sesiones de control parlamentario al Gobierno de José María Aznar. “¿Cuál es la política del Gobierno de colocación de ex altos cargos en presidencias de empresas públicas?”, decía textualmente su pregunta.
Sin embargo, su calado llegaba más lejos. Profundizaba en una manera de entender la acción política. Parlamentarios y altos cargos gubernamentales habían desembarcado directamente desde su cargo o escaño parlamentario hasta la presidencia de algunas de las más importantes y estratégicas empresas de España. Rodolfo Martín Villa en Endesa, César Alierta en Telefónica; Xavier de Irala en Iberia; el excomisario europeo Marcelino Oreja Aguirre en Fomento de Construcciones y Contratas; Pablo Isla en Altadis; el ex secretario de Estado de Comercio, José Manuel Fernández Norniella, en Azucarera Ebro; el ex secretario de Estado para el Deporte y la Comunicación Pedro Antonio Martín en Astra de Satélites; José Fernández Olano en Aldeasa; el expresidente del Senado, Juan Ignacio Barrero, en Ence; el exministro de Fomento Rafael Arias-Salgado Montalvo en Carrefour junto a los March, Alfonso Cortina en Repsol…
Después de que el Gobierno de José María Aznar privatizara grandes empresas públicas como Repsol, Endesa, Tabacalera o Telefónica, poniendo a su frente a políticos y empresarios afines que terminaron quedándose con ellas a golpe de stock options (Cortina y Villalonga fueron sus ejemplos paradigmáticos), la pregunta formulada por Fernández Marugán reflejaba una realidad que adquiría toda su dimensión al comprobar quiénes eran entonces los presidentes de los cien grupos empresariales más importantes en España según su volumen de ventas: el citado Cortina, Carlos Pérez de Bricio, Íñigo de Oriol, José Ramón Álvarez Rendueles, Carlos Espinosa de los Monteros, Rafael del Pino, Juan Miguel Villar Mir, Aguirre González, José Lladó..
Entre ellos se encontraba incluso un continuador de aquella saga forjada en la época del desarrollismo, Jorge Miarnau Banús. Apellidos de siempre, directamente vinculados a gobiernos de derechas y a la alta administración franquista.
A la vista de los hechos, el tránsito desde la dictadura hasta una democracia parlamentaria representativa y con sufragio universal no ha sido demasiado traumático para quienes han sabido manejar las riendas político-financieras de la transición. Cuarenta años bajo la democracia no les han maltratado. Muchos hijos y nietos de quienes fueron destacados franquistas tienen un papel dirigente en nuestra sociedad. Desde empresarios y banqueros como Alberto Cortina y Alberto Alcocer, hijos del último ministro de Asuntos Exteriores de Franco y del primer alcalde franquista de Madrid respectivamente, o como Juan Abelló, descendiente del procurador y directivo farmacéutico de su mismo nombre.
El llamado “franquismo sociológico” dio lugar a un cambio político respetuoso con el pasado. La llamada “ruptura pactada” garantizó a los servidores de Franco un futuro lleno de parabienes. Hoy esta bondad de la transición todavía perdura en la veintena de ministros de Franco que siguen vivos, entre la jubilación y las rentas acumuladas, mientras por las manos de algunos seguían pasando capitales millonarios. López de Letona, Barrera de Irimo, Licinio de la Fuente, Cabello de Alba, Fernández-Cuesta… Y podrían citarse algunos más.
Los descendientes de la oligarquía franquista no tuvieron ningún problema en lanzar a los cuatro vientos sus consignas de amor al sistema democrático. Y lo hicieron tan radicalmente que franquistas fieles a sí mismos asisten al espectáculo con cierta sorna estupefacta. El exministro Fernando Suárez González llegó a escribir en la revista Prometeo: “No seré yo quien sostenga que los hijos o los nietos de políticos antiguos tengan que profesar la misma ideología que sus antepasados, máxime cuando gracias precisamente a muchos de éstos, la situación en que sus hijos viven se parece muy poco a la coyuntura dramática que a ellos correspondió. Pero no me parece que sea mucho pedir que la evolución y hasta la disidencia se hagan compatibles con el respeto a sus progenitores, sobre todo cuando es notorio que, en las mismas circunstancias, la inmensa mayoría de los descendientes hubiera adoptado una actitud idéntica.” Y añadía: “Resulta sorprendente que sea imposible escuchar en público a los representantes del PP lo que casi todos declaran en privado, obsesionados como están por lo políticamente correcto”.
A franquistas como Fernando Suárez se les cortaba el aliento al escuchar que “la tarea de Franco fue profundamente negativa para España” en boca de alguien como José María Aznar, nieto del hagiógrafo de Franco, Manuel Aznar Zubigaray, e hijo de Manuel Aznar Acedo, poderoso presidente de la agencia EFE.
José María Aznar no es el único político de la democracia que desciende de aquellos prohombres del Régimen. Entre los ministros de la derecha española han brillado ilustres apellidos relacionados con el poder personal de Franco. Como muestra citaré a cinco de los más destacados.
Pío García-Escudero Márquez, presidente del Senado, desciende de Pío García-Escudero Fernández-Urrutia, procurador en Cortes y presidente del Instituto Politécnico Superior de Madrid.
El embajador y exministro Federico Trillo-Figueroa es miembro del Opus Dei como su padre, Federico Trillo-Figueroa Vázquez, gobernador civil de larga trayectoria en Cáceres, Badajoz, Teruel, Toledo y Zaragoza, y que ocupó la alcaldía de su Cartagena natal.
Jesús Posada Moreno, último presidente del Congreso de los Diputados, después de ser ministro de Administraciones Públicas, gobernador civil, parlamentario autonómico y consejero de la Junta de Castilla-León bajo la presidencia de Aznar. Su padre, Jesús Posada Cacho, fue gobernador civil y director general de Trabajo.
Rafael Arias-Salgado y Montalvo es hijo de Gabriel Arias Salgado y Cubas, ministro de Información y Turismo entre 1951 y 1962. El padre de la ex ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante fue el juez especial de Orden Público que instruyó causas políticas contra sindicalistas y demócratas en el nefasto Tribunal de Orden Público, antes de ocupar la Dirección General del Régimen Jurídico de la Prensa.
El que fuera ministro portavoz en el gobierno Aznar, Pío Cabanillas Alonso, se llama igual que su progenitor, el ex ministro de la dictadura y la democracia Pío Cabanillas Gallas, quien mereció el honor de ser destituido por el general Franco como consecuencia —dijeron— de que el nombre de su hermano Nicolás saltara a los periódicos implicado en el caso Redondela.
El desfile continúa.
Antes de regresar a la empresa privada y al negocio familiar de Prensa Española, S.A., Nemesio Fernández-Cuesta fue secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales y vicepresidente de Repsol. Enrique Fernández-Miranda y Lozana fue delegado del Gobierno para la Extranjería y la Emigración. Leopoldo Calvo-Sotelo e Ibáñez-Martín –dos apellidos compuestos de mucha alcurnia franquista– fue subsecretario de Interior y estrecho colaborador del ministro Jaime Mayor Oreja, sobrino de Marcelino Oreja Aguirre y pariente de los Aguirre González, del Banco Español de Crédito.
En la Administración central del Estado y en la dirección del PP se han repetido durante años los apellidos de ilustres ministros y altos cargos franquistas: Fraga, Robles Piquer, Ibáñez-Martín, Garrigues, Dancausa, Ruiz-Gallardón, González-Bueno… También destacan vástagos de alcurnia judicial como Rajoy o de larga tradición empresarial franquista como Rodrigo Rato Figaredo. Y junto a ellos, resuenan los ecos de una aristocracia secular: Morenés, Aguirre de Cárcer, Fernández-Villaverde, Urquijo, Vaca de Osma, Gutiérrez-Solana, Gil de Biedma… En el staff del Partido Popular y de sus cargos públicos se han perfilado los nuevos rostros de una vieja estirpe. En ellos se personifica el relevo generacional de la derecha tradicional española. Se han puesto al día. Dicho en palabras de José María Aznar: “Nosotros no tuvimos responsabilidades en la Transición y somos hijos de la democracia. La primera generación de la democracia”.
Después del pacto de silencio sellado durante la transición por sus antecesores, para los últimos dirigentes de la derecha española ya no se trata tan solo de perder voluntariamente la memoria y pasar página; ahora quieren poner de moda la ausencia de pasado. Surgir de la nada. La simulación total. Legitimarse a sí mismos sin necesidad de consensos ni pactos, con una interpretación «legitimadora» del resultado de las urnas. Y de este modo, si no se tiene pasado, tampoco es necesario esforzarse en explicarlo. ¿Tabla rasa?. Como escribió Auguste Comte, muchas veces los muertos nos gobiernan con sus ideas. Incluso cuando nos juran que no las tienen.
Mariano Sánchez Soler escribe este texto a partir de sus libros Ricos por la patria, Ricos por la guerra de España y Los banqueros de Franco
