Hay países que tratan con respeto su pasado histórico, por difícil que sea de asumir, y otros, como España

 

LA DESCLASIFICACIÓN el pasado lunes por las autoridades francesas de los archivos policiales y judiciales del régimen de Vichy, un gobierno de corte fascista aliado del Tercer Reich y encabezado por el mariscal Pétain, revela que hay países que tratan con respeto su pasado histórico, por difícil que sea de asumir, y otros, como España, en los que se impide a los historiadores, y por tanto a los ciudadanos, conocer su propia Historia.

Es cierto que han tenido que pasar 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial para que se pueda conocer con exactitud la actuación del llamado oficialmente Estado Francés, formado por la parte del territorio ocupado por la Alemania nazi y la totalidad de sus colonias. También, que parte de esa documentación ya era accesible, previa petición, a periodistas e historiadores, y que en base a ella se pudo juzgar a varios dirigentes políticos que colaboraron en las deportaciones de civiles y el exterminio de los judíos europeos, como Maurice Papon, Klaus Barbie y Paul Touvier. Pero ahora se desclasificarán más de 200.000 documentos de aquí hasta 2019 que servirán para fijar la arquitectura represiva instaurada por Pétain y sus aliados nacional socialistas, además de la actuación de los tribunales populares que tras la liberación juzgaron y ajusticiaron a los criminales de guerra colaboracionistas.

Con la firma de este decreto, Manuel Valls adelanta en cinco años el desvelamiento casi definitivo de un episodio histórico clave en la configuración de la memoria colectiva francesa, ya que el Código de Patrimonio, similar a las leyes que rigen en EEUU y Gran Bretaña, permite desbloquear los archivos históricos pasados 75 años.

En España, por contra, desde la instauración de la democracia en 1978 ningún gobierno ha creído oportuno no sólo elaborar una ley general de acceso a los archivos, estableciendo un razonable límite temporal, sino abolir la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún hoy en vigor, en virtud de la cual se encuentra inaccesible gran parte de la documentación histórica del siglo XX. Ni los gobiernos de UCD, ni los del PSOE ni los del PP han tenido la voluntad política de facilitar el trabajo de los historiadores derogando una ley franquista o, al menos, elaborando una relación de los documentos clasificados como secretos de Estado. Por eso, sin ser una responsabilidad exclusiva del PP, es innegable que el Ejecutivo de Rajoy ha desaprovechado su mayoría absoluta para resolver de una vez por todas esta carencia de nuestra democracia. Una inacción en la que todos salimos perdiendo. Y no sólo porque un país que no conoce su propio pasado está condenado a cometer los mismos errores, sino porque allí donde no hay conocimiento objetivo la Historia se convierte en leyenda y ésta se transforma en revanchismo. Ejemplo de esto último es la Ley de la Memoria Histórica, que debió también ser abolida por el Gobierno y se ha mantenido, sin embargo, como una herencia envenenada y cainita del zapaterismo.

La mayoría de los historiadores coincide en la desacertada actuación de los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores impidiendo la desclasificación de más de 10.000 carpetas con documentos del período 1931-1968. Un material cuya desclasificación había sido aconsejada por una comisión de archiveros e historiadores y que Carmen Chacón tampoco se atrevió a desbloquear.

No siempre el pasado de un país es glorioso, como acaban de reconocer los japoneses en el caso de las esclavas sexuales coreanas, o tendrán que asumir los franceses cuando los investigadores empiecen a hacer públicos nombres insospechados de colaboracionistas. Pero los ciudadanos tiene el derecho a conocer su Historia. Y para ello es necesaria una ley que regule el acceso a los archivos públicos y privados y que evite arbitrariedades políticas impropias de un Estado de Derecho.

http://www.elmundo.es/opinion/2015/12/31/5684326de2704ef8788b46b1.html