Los miembros de la Comisión madrileña de Memoria Histórica no serán «polÃticos»
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado su creación con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos
Los miembros de la Comisión de la Memoria Histórica de Madrid creada hoy, una presidencia, una vicepresidencia y cinco vocalÃas, no serán «polÃticos en activo» como garantÃa de su «autonomÃa e independencia», según los términos del acuerdo que crea el órgano y regula su composición y funcionamiento.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE-M y Ciudadanos -el PP se ha abstenido- la creación del comisionado de la Memoria histórica, que será dirigida por la histórica socialista Francisca Sauquillo.
El anexo al acuerdo de creación del comisionado dice que pese a medidas adoptadas con anterioridad y a lo dispuesto más de 25 años después en la Ley de la Memoria Histórica, el consistorio madrileño «tiene pendiente la adopción de las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 52/2007».
El Comisionado tendrá entre otras funciones elaborar un Plan de modificación del callejero madrileño y un Plan Integral de Memoria Histórica para identificar en Madrid los vestigios relativos a la Guerra Civil (1936-1939) y la Dictadura (1939-1975).
Además, será trabajo del comisionado promover la investigación cientÃfica y la difusión del conocimiento en materia de Memoria Histórica, o colaborar con las demás administraciones públicas en «las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas en Madrid violentamente durante la Guerra Civil o la represión polÃtica posterior y cuyo paradero se ignore».
La comisión propondrá medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
O propondrá medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de los documentos oficiales del Ayuntamiento de Madrid relacionados con la Memoria Histórica.
El comisionado, según el acuerdo, dependerá de la Tercera Tenencia de AlcaldÃa y dará cuenta al Pleno trimestralmente de su actividad y de los acuerdos adoptados.
Con respecto a su composición, tendrá una presidencia, una vicepresidencia y cinco vocalÃas, cuyos titulares no podrán ostentar la condición de diputado, senador, concejal o de miembro de los órganos de gobierno del Estado, las Comunidades autónomas o las entidades locales para garantizar su autonomÃa e independencia.
La Presidencia del Comisionado será designada por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid entre personas de reconocido prestigio o experiencia en la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, historiadores o investigadores de reconocido prestigio en el ámbito de la Memoria Histórica.
Las vocalÃas serán nombradas por la Presidencia -entre personas con experiencia en la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas- a propuesta de los grupos representados en el Pleno, «buscando el mayor consenso posible y garantizando al menos el nombramiento de un vocal por cada uno de los grupos polÃticos presentes en el Pleno».
Con el procedimiento de nombramientos, dice el acuerdo, se busca que el Comisionado sea integrado «por una amplia variedad de perfiles profesionales, procedentes de distintas disciplinas, de forma que se garantice su adecuado funcionamiento y el rigor histórico y cientÃfico en la adopción de sus acuerdos».
Los miembros del Comisionado no percibirán retribución alguna por ejercer sus funciones, salvo dietas de asistencia a las reuniones del órgano, que serán de 300 euros por persona y sesión, según el texto del acuerdo.
«La preservación de la Memoria Histórica de una ciudad es una expresión de su libertad y de que la reivindicación del compromiso polÃtico de la ciudadanÃa en la conquista de las libertades es una manifestación de cultura democrática», dice el texto del acuerdo.
Según el documento, el pleno coincide en «la necesidad de realizar el reconocimiento público y la plena rehabilitación de todas las personas, organizaciones e instituciones represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo».
«Para que los supervivientes, sus familiares, sus amistades y las generaciones futuras -añade- se sientan reconocidas de un modo justo y su memoria, más allá de este merecido reconocimiento, se convierta en un valor a transmitir a las generaciones futuras».
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