Pocas han sido las decisiones judiciales que han sido adoptadas para paliar un dolor que dura ya 80 años

 

ALFONSO OJEA MADRID 09/05/2016

Son pocas las decisiones que una dictadura debe adoptar para eliminar a sus adversarios como pocas han sido las decisiones judiciales que han sido adoptadas para paliar un dolor que dura ya 80 años

El valle de Cuelgamuros es una superficie granítica, una enorme roca surgida de las profundidades cuando la Sierra de Guadarrama era un magma incandescente. Tal vez por ello, el franquismo y su sequito determinó que aquel paraje sería el mejor lugar para levantar un monumento a los caídos en la Guerra Civil Española. Hermanos junto a hermanos, se replicaba desde el régimen. Un monumento de sangre y fuego.

Lo que no dijeron es que muchos de los 33.000 españoles que yacen allí fueron asesinados por falangistas y militares sublevados en todo el Estado. Miles de ciudadanos a los que se ejecutó y enterró tras darles el ‘paseíllo’. Tampoco les dejaron reposar mucho tiempo en las fosas comunes -las primeras de esa Europa de entreguerras- porque sus restos se trasladaron en miles de cajas de madera hasta la abadía benedictina en la década de los 50 del siglo pasado

Son pocas las decisiones que un régimen dictatorial debe adoptar para eliminar a sus adversarios y críticos. Como pocas también han sido las decisiones judiciales que se han adoptado en democracia para paliar un dolor que dura ya 80 años.

Hasta que ha llegado el magistrado José Manuel Delgado Seoane y ha puesto encima de la mesa todas las normas jurídicas de la democracia junto a los acuerdos internacionales sobre reparación de las víctimas de los que es firmante el Reino de España. La solicitud de apertura de un procedimiento civil de ‘Perpetua Memoria’ promovido por la familia de los asesinados ha logrado lo que nadie creía.

Un resultado contundente y certero porque está ajustado a derecho. Un derecho que pretende reparar, un derecho que quiere devolver a las víctimas y a sus descendientes la dignidad, pero antes de todo, devolver lo que se les había hurtado: la verdad de los hechos.

Los informes presentados en el juzgado de primera instancia nº2 de El Escorial señalan el lugar del enterramiento: la cripta del Sepulcro del templo benedictino. Una puerta sellada conduce a las plantas donde se alzan los columbarios. Todo está anotado porque el régimen eliminaba el nombre, pero otorgaba un número. Y en este caso las cifras coinciden con las identidades de los dos hermanos: Manuel y Antonio Lapeña.

Hubo ejecuciones extrajudiciales, «fue fusilado por las autoridades… sin que coste juicio con condena de muerte» dice el auto judicial. Y hubo destrucción de la memoria que ahora se recupera: «emitir los testimonios oportunos (…) a los efectos de la inscripción en el registro de carácter público». Un registro que ahora aclarará lo irreparable de sus destinos.

Y lo más importante: «Se reconoce el derecho a la digna sepultura de D. Manuel Lapeña Altabás y de D.Antonio Ramiro Lapeña Altabás». Los dos hermanos regresarán a Villarroya de la Sierra. Atrás quedará un monumento funerario de granito, visible a muchos kilómetros de distancia, pero ha pasado tanto tiempo que hasta el granito se viene abajo y muestra lo que se quiso ocultar.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/08/tribunales/1462721365_603978.html