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La jueza de la querella contra el franquismo reclama información al Arzobispado de Oviedo

El Comercio, | 4 mayo 2016

_PrElComercioTambién requiere documentación a otras trece diócesis españolas, y pide al Vaticano que coopere

 

MATEO BALÍN  MADRID

La magistrada argentina también requiere documentación a otras trece diócesis españolas, y pide al Vaticano que coopere con la causa

La juez argentina María Servini, instructora de la querella que investiga los crímenes del franquismo, busca dar un impulso definitivo a la causa ante los obstáculos y el silencio que se está encontrando por parte del Gobierno español para llevar a cabo las diligencias ordenadas desde su juzgado. En una batería de diligencias sin precedentes, la magistrada remitió una comisión rogatoria al Estado del Vaticano para que entregue toda información relativa al papel que desempeñó la Iglesia durante la dictadura franquista, según confirmaron los querellantes.

En concreto, la juez de Buenos Aires busca la cooperación del Vaticano para que aporte toda la documentación que tenga «relativa a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977», el período que abarca su investigación, que comenzó en 2010.

Al Estado papal también le reclama documentación relacionada con «los religiosos católicos que fueron objeto (…) de persecución, sanciones, cárcel y torturas», de acuerdo a la solicitud que realizaron los abogados de los denunciantes.

Las pesquisas de la magistrada también alcanzan a los arzobispados de 14 ciudades españolas: Oviedo, Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. A los juzgados de cada uno de estos lugares les remitió un exhorto para que ordenen a las archidiócesis la entrega de la información relativa a la investigación de supuestos crímenes de lesa humanidad.

Del mismo modo, envió escritos a juzgados de Barcelona y Tarragona a fin de que ordenen a la Generalitat a «que haga uso de todos los recursos disponibles para la identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos de las personas que buscan a sus familiares».

La juez liberó otro exhorto para que se exhumen los restos de 13 personas en Mallorca, que se encuentran en la fosa común del cementerio municipal de Porreres. Pidió a través de un juzgado de Madrid que la Guardia Civil aporte los expedientes de siete agentes que participaron en el arresto de Cipriano Martos, un sindicalista afiliado al Partido Comunista que fue detenido, torturado y asesinado en 1973. Y solicitó tomar declaración por videoconferencia a cinco testigos de avanzada edad del País Vasco, a seis de Cataluña y a uno de Asturias.

La actividad desde Asturias entorno a la querella argentina es importante. Siete asturianos presentaron en 2014 en el consulado de Argentina varias denuncias por desapariciones, encarcelamientos y asesinatos acontecidos en los años de la Guerra Civil y durante la posterior dictadura franquista, para que se remitieran a la causa que la juez María Servini de Cubría dirige en Argentina para investigar los crímenes cometidos en este periodo de la historia española. Entre los denunciantes hay «nietos de desaparecidos y víctimas directas de la represión y la tortura del régimen de Franco». Serán los encargados de explicar todas y cada una de las historias que llevarán al consulado. Como la de Aida Alvaré y José Martínez, fusilados en la playa de Salinas en 1937. Allí, se sospecha que hay enterrados más de 300 asesinados. O la de José Abargues, secretario del PC de San Esteban (Muros) y fusilado en 1939. Su mujer, Josefa Dávila, tuvo a su séptima hija en la cárcel, donde permaneció hasta 1943. Las nietas de ambas parejas pedirán justicia mañana en Madrid.

Como lo hará el nieto de Clemente Amago, quien fuera alcalde del concejo de San Tirso de Abres, en 1936, por el Partido Socialista. La última vez que su esposa lo vio estaba sangrando y medio muerto en un camión camino de Lugo. Años después, obligaron a su viuda a pagar una multa impuesta a Amago por desatender sus funciones como regidor.

http://www.elcomercio.es/asturias/201605/04/jueza-querella-contra-franquismo-20160504003033-v.html