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El PSC pide 2.000 millones para víctimas del Franquismo

El Mundo.es, | 12 junio 2016

Quiere reformar la Ley de Memoria Histórica para anular las condenas políticas del régimenPagará 135.000 euros por cada represaliado en campos nazis o sus descendientes

JULIO MARTÍN ALARCÓN Madrid

12/06/2016 03:22A Miguel Hernández, la Ley de Memoria Histórica de 2007 no le hizo justicia. Al menos así lo pensaron sus descendientes, que encajaron el fallo del Tribunal Supremo con indignación. El argumento se fundamentaba precisamente en que la propia ley no preveía una declaración individualizada de la nulidad de las sentencias dictadas, sino una reprobación genérica. Era 2011. Un año y medio después, el Constitucional, la última instancia, inadmitió a trámite el recurso. Lo que el Consejo de Guerra franquista de 1940 dictó entonces, según el proceso sumarísimo de urgencia 21.001, se quedaría como estaba: Miguel Hernández era culpable de «adhesión a la rebelión». Sentenciado a muerte, pena conmutada por la cadena perpetua, moriría en la cárcel en 1942. Su proceso, uno más de la ola de represión de la posguerra de los juicios sumarísimos, sigue vigente, al igual que las de Julián Grimau o el que fuera presidente de la Generalitat, Lluís Companys, -ambos ejecutados- sobre los que también se pidió la nulidad, así como otros tantos miles de represaliados por la justicia del régimen franquista. El PSC pretende reparar ahora el supuesto vacío normativo de la ley aprobada durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero con una propuesta de modificación que incluye específicamente el derecho de los condenados por el Franquismo a que se limpien sus expedientes judiciales y sea efectiva la declaración de nulidad. Para ello, se añaden apartados en los artículos 2, 3 y 4, cuyo objetivo principal, como cita el último, es «el derecho de los procesados o sus familiares a obtener una certificación de nulidad de los procedimientos y sentencias correspondientes que expedirá la autoridad competente».La propuesta de ley presentada en el Parlament y admitida a trámite el 16 de mayo añade, además, un nuevo artículo, el 9bis, con el objeto de reparar el sufrimiento de los represaliados españoles que fueron deportados y recluidos en campos de concentración de Francia y la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Internamiento en los campos nazis

Proponen conceder una compensación de 135.000 euros, tanto para los supervivientes que sufrieron los campos nazis, como para los herederos de los que murieron «como consecuencia tanto de la deportación como del internamiento en los campos de concentración y trabajo instaurado por el régimen nazi entre 1933 y 1945».

La Cruz Roja estimó en 1947 que, sólo en el campo de concentración de Mauthausen, estuvieron retenidos 7.200 prisioneros republicanos españoles

Una cantidad que podrían reclamar no sólo los afectados y las viudas sino hijos, nietos o hermanos si no hubiera descendencia. Un matiz relevante ya que, debido al tiempo transcurrido -el próximo 18 de julio se cumplirá el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil-, la posibilidad de que queden víctimas con vida es cada vez menor. Con esta propuesta, el Estado tendría que hacer frente a la compensación de prácticamente todos los casos que pudieran acreditarse. Nada más terminar la Guerra Mundial, la Cruz Roja estimó en 1947 que, sólo en el campo de concentración de Mauthausen, estuvieron retenidos 7.200 prisioneros republicanos españoles. Según el historiador británico D. W. Pike, 15.000 fueron deportados de Francia a Alemania, una gran parte obligados a trabajos forzados como la construcción del Muro Atlántico -la red de ametralladoras, nidos y fortificaciones que poblaban la costa francesa- y enviados después a diferentes campos nazis, de los cuales la mitad recaló en Mauthausen. De todos ellos, el Ministerio de Justicia tiene registrados, según sus archivos, a 4.440 fallecidos, por lo que la cifra rondaría los 2.000 millones de euros -600 por los fallecidos y otros 1.400 por los supervivientes-.

La iniciativa de compensación económica del PSC choca con el grupo parlamentario Junts pel Sí, que junto a Catalunya Si es Pot y la CUP ha presentado otra propuesta de ley para las víctimas del Franquismo

La iniciativa de compensación económica del PSC choca con el grupo parlamentario Junts pel Sí, que junto a Catalunya Si es Pot y la CUP ha presentado otra propuesta de ley para las víctimas del Franquismo, aplicable, en este caso, sólo a las juzgadas por los franquistas en Cataluña. Fundamentada en el proceso y ejecución de Lluís Companys, la intención de los independentistas y de Catalunya Sí que es Pot es idéntica a la del PSC en cuanto a la concesión de un certificado de nulidad de las sentencias políticas de la represión, pero a través de órganos de la Generalitat. Montse Palau, independiente del grupo Junts pel Sí, explicó a EL MUNDO que comparten el objetivo con el PSC pero por una vía diferente: «En nuestro caso, hemos optado por la catalana y ellos por la española», y que lo relevante es la reparación de la dignidad de las víctimas de la represión política y no tanto la económica ya que «ninguna cuantía podría paliar el sufrimiento de las víctimas», además de señalar «la situación actual presupuestaria, que es preocupante». El PSC considera que la propuesta de los independentistas incluye la intención de crear un nuevo enfrentamiento con el Gobierno, al carecer de competencias para desarrollar el marco jurídico para la concesión de las anulaciones. Desde Junts pel Sí zanjan la cuestión: «Se argumenta también en base a las competencias totales en el ámbito de la Justicia que tenía la Generalitat en 1932 y que fueron abolidas por el Franquismo», aunque abren la puerta a dialogar con el PSC para alcanzar acuerdos en lo fundamental, que es reparar una situación que ningún gobierno ha conseguido. Ferran Pedret, portavoz adjunto del PSC argumenta en cambio que «los independentistas y sus socios podrían sacar adelante la ley en el Parlament, pero en cuanto quisieran aplicarla se encontrarían con un recurso frente al Constitucional que con toda seguridad fallará en su contra por carecer de las competencias necesarias. Sólo va a provocar el enfrentamiento más que resolver la situación de las víctimas».

Las cuentas de la propuesta

Deportados en Mauthausen.

Alrededor de 15.000 republicanos fueron internados en campos de concentración nazis, la mayoría de ellos, 7.200 en Mauthausen (Austria). En total, al menos 4.440 perdieron la vida, según datos del Ministerio de Justicia. El PSC quiere indemnizar a cada uno de ellos o a sus descendientes con 135.000 euros: más de 2.000 millones de euros.

La Ley de la Memoria Histórica.

a ley de 2007, aprobada durante la legislatura de José Luis Rodrígez Zapatero no contempló ninguna reparación económica para los deportados y encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis y sus aliados.

Nulidad de las condenas políticas.

Los juicios sumarios durante la represión franquista en la posguerra se reprobaron de forma general pero no se crearon instrumentos jurídicos para anularlas caso a caso.

Conflicto independentista.

Mientras el PSC pretende que la propuesta se vote en el Congreso, la iniciativa de Junts pel Sí, CUP y Catalunya Sí que es Pot plantea una ley exclusivamente para los casos de Cataluña.

http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2016/06/12/575c37a846163f630d8b456e.html