El Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo
Artículo de Arturo Peinado en la Revista «Nuestra Historia», de la Sección de Historia de la FIM
El Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo (Madrid, octubre de 2015)
Arturo Peinado Cano. @apces . Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria
http://www.fim.org.es/media/2/2304.pdf Página 220.
El Encuentro
El 17 de octubre de 2015 tuvo lugar en Vicálvaro (Madrid) el «Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo», que reunió a delegaciones de 70 colectivos venidos de todos los territorios del Estado, y del exilio español. En el referido Encuentro se aprobó una Carta que recoge las principales reivindicaciones de este movimiento social, y que constituye un mandato dirigido a ser tomado en consideración por las instituciones del Estado español . (1)
Con el lema “Convencidos de que sin Justicia no hay democracia, y de que sin Memoria no hay cambio”, partía de la valoración unánime por los colectivos convocados de encontrarnos en una situación, si no de cambio de régimen, sí de crisis del sistema político. El presumible final del sistema bipartidista que parecía iba a plasmarse en las elecciones del 20 de diciembre, fue interpretado por el conjunto de las asociaciones como la apertura de una coyuntura favorable para los intereses de las víctimas y sus asociaciones. Una coyuntura decisiva de oportunidad y de riesgo, quizás la última para las víctimas del franquismo. La constatación de la situación también explica la generosidad del conjunto de las asociaciones participantes en los debates y el consenso finalmente alcanzado.
Como primera valoración del Encuentro destacamos que, por primera vez, 70 organizaciones se reunieron y elaboraron un documento común, lo que constituye un éxito de todas y todos los participantes. El Movimiento Social por la Recuperación de la Memoria (MSRM) se compone de múltiples organizaciones de implantación estatal, autonómica, comarcal o local; asociaciones de víctimas con problemática específica; colectivos vinculados a un lugar de memoria o a un hecho histórico concreto; y además, cada uno de ellos con muy diverso origen ideológico e histórico, y algunos con cierto nivel de vinculación con fuerzas políticas y sociales. Por tanto, que un movimiento tan extenso y plural busque organizarse para poner en común unas propuestas consensuadas, es una cuestión de gran dificultad, y a su vez una muestra de generosidad al pretender poner por delante lo común y lo esencial, por encima de los intereses y los posicionamientos de cada colectivo. Consideremos que la pluralidad del movimiento, si bien es un síntoma de debilidad también lo es de fortaleza, porque históricamente ha dificultado la instrumentalización por parte de las instituciones.
La inminencia de las elecciones, coincidiendo con un momento en que el MSRM percibía que el tema de la memoria histórica pretendía ser apartado del debate político, y el convencimiento de que cuatro años más de gobiernos de la derecha significarían el definitivo triunfo del modelo de impunidad, y el final del movimiento memorialista y de la causa de las víctimas del franquismo, ha posibilitado la confluencia de organizaciones muy diversas. El objetivo central del Encuentro era impedir que el tema de la memoria histórica y los derechos de las víctimas quedasen fuera de la agenda política en la coyuntura electoral, construyendo una estrategia para influir en los debates y en los programas electorales. Esta estrategia consistió en el envío a instituciones y a fuerzas políticas del Documento aprobado en el Encuentro; la celebración de reuniones bilaterales con los partidos; y por fin, la manifestación celebrada en Madrid el 22 de noviembre.
Podemos decir que el objetivo inicial se alcanzó: el MSRM consiguió introducir el tema de la memoria histórica en el debate electoral. Los líderes políticos tuvieron que pronunciarse al respecto con mayor o menor claridad, e incluso matizar y rectificar públicamente declaraciones críticas con la lucha y las reivindicaciones del movimiento memorialista. Asimismo, en los programas electorales de los partidos del ámbito de la izquierda, se recogieron propuestas del movimiento y del Encuentro de asociaciones, con diferentes grados de concreción y de compromiso.
El Documento
El Documento aprobado en Vicálvaro parte de la exigencia del reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, para que posteriormente se garantice la aplicación de los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación material y simbólica, tal y como se definen por la ONU, conforme al Derecho Penal internacional de los Derechos Humanos. La impunidad del franquismo vigente en el Estado español ha seguido persistiendo hasta el día de hoy, lo que ha implicado el no reconocimiento jurídico y político de las víctimas, y en consecuencia, la negación a todos los efectos de sus derechos.
Por tanto, la Carta contempla la eliminación de las trabas jurídicas que impiden el reconocimiento de los derechos de las víctimas; por un lado, la Ley de Amnistía de 1977, que viene siendo utilizada por los tribunales para garantizar la impunidad de los crímenes franquistas, y por otro, los elementos contrarios al derecho internacional que existen en la Ley de Memoria de 2007, la cual explícitamente niega el reconocimiento jurídico a las víctimas del franquismo y su derecho a la justicia, y que además atribuye única y exclusivamente al ámbito administrativo las reclamaciones de las víctimas.
Las propuestas programáticas que contiene este documento encuentran su fundamento y apoyo en los informes presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en Ginebra .(2).
Los debates
Para alcanzar un consenso que pudiera vincular a todas las asociaciones presentes en el Encuentro de Vicálvaro, así como las que pudieran adherirse posteriormente, se optó como método de trabajo dejar fuera todo lo que no contara con un respaldado unánime. Se consideró conveniente, en consecuencia, partir del “mínimo común denominador” y redactar algunos puntos con una ambigüedad calculada (como el tratamiento de la Ley de Amnistía de 1977; o la consideración de las exhumaciones de fosas comunes, es decir, por quién y cómo deberían llevarse a cabo). Temas controvertidos fueron así apartados de inicio de los debates, y para otros se buscó una redacción ambigua, que pudiera satisfacer a todas las organizaciones.
Dentro del MSRM resulta especialmente controvertido desde hace años la viabilidad de una Comisión de la Verdad (CdeV), dado que diversas organizaciones plantean que esta iniciativa proporcionaría una “verdad oficial” que generaría consecuencias favorables a hacer efectivos los derechos de las víctimas. Por el contrario, para otras asociaciones la CdeV es un elemento de la justicia transicional y ésta, obviamente, no es la situación en la que nos encontramos. De una CdeV oficial (constituida por mandato parlamentario) sólo podría salir una verdad oficial legitimadora del régimen de la transición, y por tanto de la impunidad del franquismo y de los pactos más o menos explícitos de silencio y olvido (3) .
Ante la divergencia irreconciliable de ambas posiciones, éste fue uno de los temas que se optó por dejar apartado desde un principio, puesto que las recomendaciones de los informes de la ONU tampoco concretan qué tipo de políticas debe desarrollar el Estado español para hacer efectivo el Derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo.
Si bien existe entre las organizaciones del MSRM un consenso generalizado sobre el papel negativo de la Ley de Amnistía de 1977, se dan notables diferencias en cuanto a cómo ha de solventarse este problema: Algunas organizaciones interpretan la Ley de Amnistía como un éxito de la oposición antifranquista, y rechazan las críticas a la misma, por cuanto supone para ellos el cuestionamiento de parte de su biografía personal y de organizaciones políticas o sindicales en las que militan. Otras, en cambio, definen la Ley como pilar central de sistema de impunidad, y la cuestionan utilizando argumentos de entidades internacionales de derechos humanos, que la asimilan a las leyes de punto final de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80 del siglo XX.
En cuanto al tratamiento que habría que dar a dicha Ley, el MSRM se divide entre las propuestas de derogación (dejar de tener vigencia a partir del momento en que se deroga legalmente), y de anulación (deja sin efecto todas las sentencias y resoluciones judiciales que se han sustentado en la aplicación de esa Ley). La redacción final acordada fue: “Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas”.
Para varias de las organizaciones participantes en el Encuentro, la llamada Querella Argentina que se presentó en 2010 en el Juzgado Nacional Nº 1 de Buenos Aires, tendrá unas consecuencias decisivas y definitivas en el desmantelamiento del sistema de impunidad. Otras asociaciones, si bien no niegan el papel que la Justicia Internacional puede tener en la resolución del “caso español”, creen que ésta tiene unos límites, y que en todo caso, las reivindicaciones que se recogen en el documento deben ir dirigidas al Estado español y a sus instituciones políticas y judiciales (4) .
La redacción consensuada definitiva quedó así: “Que el Estado español, en tanto continúe haciendo una manifiesta dejación de su obligación de investigar y perseguir los crímenes del franquismo, en virtud del principio de jurisdicción universal, dé cumplimiento a las órdenes de detención y extradición de criminales franquistas y demás requerimientos y diligencias de cooperación cursadas por los tribunales extranjeros que decidan investigar estos delitos. Este es el caso de la Causa 4591/2010 abierta ante la Justicia Argentina, o cualquier otra que se inicie en el extranjero.”
Otro debate importante que se dio en el Encuentro es definir qué tipo de iniciativa institucional habría que promover para conseguir la plasmación política y legal de las propuestas del documento: la exigencia de una ley específica de víctimas del franquismo confrontó con otra propuesta, que consideraba que era más conveniente la reforma de la Ley llamada de Memoria Histórica de 2007. En aras del consenso no se optó por ninguna solución concreta, aunque el debate ha quedado abierto porque es absolutamente ineludible. En nuestra opinión sólo una Ley de Víctimas del franquismo vendría a solventar definitivamente el agravio comparativo que se ha venido produciendo con respecto a otros colectivos de víctimas que sí han tenido un reconocimiento legal, una consideración justa y cuya problemática ha sido atendida ampliamente por parte del Estado español (5).
Retos de futuro
El Encuentro no debería convertirse en una mera coordinadora de asociaciones para llevar a cabo iniciativas comunes y respaldar las actividades particulares de cada una de ellas. El único futuro viable del Encuentro es que llegue a convertirse en un mecanismo unitario de acción política en torno al Documento. Si hubiera una nueva campaña electoral, para que de nuevo se presente a las fuerzas contendientes como propuesta programática con la exigencia de que sea asumido; si finalmente se conforma gobierno y la legislatura echa andar, para que sea una propuesta de acción política, un plan de acción que se discuta y se plasme en leyes y medidas concretas.
Para ello hace falta una modificación organizativa y de funcionamiento, constituyendo una dirección más dinámica y representativa que abarque a organizaciones no madrileñas, superando a la actual comisión promotora. Esto implicaría estabilizar el Encuentro con una estructura coordinadora mínima de ámbito estatal, legitimada en sucesivas reuniones y que garantice su continuidad.
Tenemos que asegurar que no se reabran debates (sí adaptarse a las nuevas realidades que vayan apareciendo para dar respuesta a nuevos problemas), y que no se cuestionen los consensos conseguidos con gran esfuerzo en Vicálvaro.
Otro elemento de importancia fundamental es ampliar el Encuentro y lo que representa a la parte del MSRM que, por diversas causas, no se sumó a la iniciativa del mes de octubre. Si se analiza la lista de asociaciones participantes en el encuentro y signatarias del documento, se observa que no hay representación específica de zonas geográficas tan amplias e importantes como Andalucía o Galicia, lo que supone un hándicap para las expectativas del futuro de la iniciativa.
El principal reto político, que ya hemos enunciado antes, es cómo convertir las exigencias recogidas en el Documento, en leyes y medidas concretas. En debates y reuniones mantenidos con las fuerzas políticas antes de las pasadas elecciones generales para promover la inclusión en los programas electorales de las propuestas del Documento, se planteó la posibilidad o la necesidad de un Pacto de Estado para solucionar el “problema” de las víctimas del franquismo, dado que los diferentes documentos y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso español, han tenido una repercusión interna e internacional indudable, aunque hayan sido obviados por el Estado español.
Deducimos que el tema de las fosas comunes ha llegado a ser percibido por las fuerzas políticas como un problema de Estado, al que debería darse una solución definitiva en un plazo no demasiado largo, y que podría contar con un amplio consenso. Todo ello ha supuesto una indudable conquista del MSRM gracias a años de permanente denuncia y reivindicación, y consecuentemente, a las impactantes imágenes de las exhumaciones e historias personales que han sido conocidas por la opinión pública.
La actividad de parte de las organizaciones que formamos parte del MSRM, así como la distorsión intencionada por parte de los medios, han hecho calar en la opinión pública la idea de que nuestro único objetivo es la exhumación de restos cadavéricos para entregarlos a sus familias, sin importar cómo, por qué ni para qué. Este tipo de medidas han venido siendo avaladas hasta ahora por buena parte del MSRM, también participante de la dinámica de la exhumación por sí misma, justificada en el humanitarismo y en la urgencia de la edad de las víctimas y sus hijos.
Creemos que es probable que en la legislatura que ahora se abre, se pretenda dar al “problema” de las fosas comunes del franquismo una solución como la que se ha venido aportando hasta ahora, en línea con lo recogido por la Ley de Memoria de 2007, es decir, utilizando mecanismos ajenos a la justicia, mediante el sistema de privatización y servicios funerarios externalizados, con la diferencia de que ahora se le proporcionaría una suficiente dotación económica, frente a lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en los últimos cuatro años. En esa línea de continuismo con los gobiernos de Rodríguez Zapatero se mueve el acuerdo de gobierno firmado el 23 de febrero entre PSOE y Cs, consistente en revitalizar la Ley de Memoria de 2007 “incorporando la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria”.
Esta es una salida inaceptable. Las fosas comunes del franquismo no son sólo un asunto familiar, sino pruebas materiales de crímenes de lesa humanidad (el tipo penal aplicable sería la desaparición forzada, por tanto, delito permanente e imprescriptible), y como tal deben ser tratadas, es decir, que todas y cada una de las exhumaciones deben ser judicializadas. Todo lo que no se haga en ese sentido es apuntalar la impunidad, favorecer el silencio y la injusticia, y a la postre, certificar el triunfo final del franquismo sobre sus víctimas y sobre la sociedad.
El tema de las sentencias franquistas, que siguen siendo firmes y legales, es otro elemento que difícilmente podrá incluirse en un Pacto de Estado con consecuencias satisfactorias. Con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), algunos juristas interpretan que se abre una puerta para dar una solución a la vigencia de las sentencias represivas del franquismo. Según estos juristas se han establecido mecanismos para que el órgano judicial competente, la Sala de lo Militar del Supremo, pueda revisar las sentencias de manera individualizada (6) .
A nuestro parecer esto sería un camino erróneo hacia la solución del problema, por cuanto implicaría el reconocimiento de la legalidad del conjunto de la legislación represiva franquista y sus sentencias, y además porque centenares de miles de ellas quedarían sin revisar, puesto que muchos de los represaliados carecen de familias o estas pueden no tener interés alguno en iniciar el procedimiento. El único camino justo, por tanto, es la anulación por el parlamento de todas las sentencias franquistas, tal y como se hizo, por ejemplo, con las sentencias nacionalsocialistas por la República Federal Alemana en 1998 y 2002 (7) .
Como base para una verdadera política integral de Derechos Humanos y de Memoria democrática, el Estado español “sencillamente” tendría que cumplir con las obligaciones que ha ido adquiriendo en materia de derechos humanos, garantizando que se incorpore la normativa internacional a la legislación española (lo cual es un mandato constitucional que no siempre se respeta), y debería actuar sin subterfugios, por ejemplo, ratificando ya, la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, otra exigencia recogida en la Carta de las asociaciones.
Conclusión
Nos produce recelo un Pacto de Estado, porque éste podría ser utilizado por las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo inevitablemente a la baja, un subterfugio mediante el cual el Estado español pueda seguir incumpliendo sus obligaciones.
En la última asamblea de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, los servicios jurídicos analizaron que el marco idóneo para promover el desarrollo de legislación sobre Víctimas del franquismo sería una ponencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Esta ponencia debería ser promovida simultáneamente por varios grupos parlamentarios; con su correspondiente fase de redacción, comparecencias, consultas y dictámenes…; y las conclusiones finales se trasladarían al pleno del Congreso como propuestas legislativas.
Ésta podría ser una estrategia asumible por las organizaciones en el marco del Encuentro, sirviéndonos del Documento colectivo como propuesta a las fuerzas políticas. Debemos ser conscientes de que, en caso de prosperar la iniciativa y una vez puesta en marcha, perderíamos completamente su control y puede acabar siendo utilizada para alcanzar consecuencias no deseadas e incluso opuestas a las reivindicaciones del Documento, en la línea del presumible Pacto de Estado que rechazamos explícitamente.
En conclusión, no debería hacer falta un pacto de Estado para que un gobierno democrático respete el derecho internacional, ni para que cumpla la hoja de ruta que Naciones Unidas ha establecido para el tratamiento de los crímenes del franquismo. Tampoco para que una oposición democrática respalde una política de Estado en ese sentido. Para todo ello sólo hace falta voluntad democrática y compromiso con los derechos humanos, es decir, lo que no ha habido hasta ahora. De ahí la importancia de la propuesta colectiva recogida en el Documento consensuado en Vicálvaro. Pero si algo hemos aprendido en los años de historia del MSRM, es que nada se consigue sin trabajo, sin movilización y sin acciones reivindicativas de cara a la opinión pública.
Quizás la Carta de las más de 70 asociaciones no sea el mejor documento colectivo de la historia del movimiento memorialista, pero ningún otro con un carácter programático tan extenso ha contado con tal grado de apoyo. Y sin lugar a dudas, será en el futuro el documento de referencia a la hora de presentar las propuestas del conjunto del MSRM, en busca de soluciones políticas y legales al problema de las víctimas del franquismo.
(1) “Carta aprobada en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo”. Federación Estatal de Foros por la Memoria, 17 de Octubre de 2015, http://www.foroporlamemoria.info/2015/10/carta-aprobada-en-el-encuentro-estatal-de-colectivos-de-memoria-historica-y-de-victimas-del-franquismo/ (Consulta: 2 de marzo de 2016).
(2) Naciones Unidas- Consejo de Derechos Humanos. “Informe sobre España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, 2 de Julio de 2014. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/072/73/PDF/G1407273.pdf (Consulta: 2 de marzo de 2016). Naciones Unidas -Consejo de Derechos Humanos, “Informe sobre España del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff”, en Federación Estatal de Foros por la Memoria, 22 de Julio de 2014. http://www.foroporlamemoria.info/wp-content/uploads/2014/08/ONU-agosto-2014-InformeRelatorPablodeGreiff.pdf (Consulta 2 de marzo de 2016).
(3) http://comisionverdadfranquismo.com/ .
Federación Estatal de Foros por la Memoria, “Comisión de la Verdad versus Justicia”, 14 de octubre de 2012 http://www.foroporlamemoria.info/2012/10/comision-de-la-verdad-versus-justicia/ (Consulta 2 de marzo de 2016).
(4) http://www.ceaqua.org/querella-argentina/ (Consulta 2 de marzo de 2016).
(5) Federación Estatal de Foros por la Memoria, “Propuesta para una Ley de Víctimas de reconocimiento y protección integral de las víctimas del franquismo”, 1 de septiembre de 2015, http://www.foroporlamemoria.info/wp-content/uploads/2015/09/Propuesta-LVF-FEFM-sept-2015-1.0.pdf (Consulta 2 de marzo de 2016).
(6) Ángel García Fontanet, “Una vía de rehabilitación”, El País, 27 de noviembre de 2015.
(7) Equipo Nizkor, “Texto de la carta-informe enviada a cada uno de los diputados de todos los grupos parlamentarios acerca de la nulidad de las leyes y sentencias nacionalsocialistas en Alemania”, Febrero de 2010. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/nulidad1.html (Consulta: 2 de marzo de 2016).
