Lakua revisará la dictadura franquista para desenterrar las vulneraciones de derechos
El Gobierno vasco encarga a expertos e historiadores una investigación sobre ejecuciones, desapariciones, trabajos forzados y exilio
HUMBERTO UNZUETA – Miércoles, 13 de Julio de 2016
BILBAO – El Gobierno vasco se ha puesto manos a la obra para esclarecer las vulneraciones de derechos humanos durante el franquismo y para ello ha creado un equipo de expertos que realizará un informe cuyas primeras conclusiones se darán a conocer a finales de año. La iniciativa se encuadra en el Plan de Paz y Convivencia elaborado por la Secretaría que dirige Jonan Fernández que, junto con el Instituto Gogora, la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, promueve este estudio como una aportación en la construcción de la convivencia presente y futura a partir del esclarecimiento del pasado.
El lehendakari Iñigo Urkullu fue quien anunció ayer que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco que a esas horas estaba reunido en Gasteiz iba a aprobar un convenio con la Universidad del País Vasco y la Sociedad Aranzadi para elaborar un informe relativo a la violación de derechos fundamentales entre 1936 y 1978. El jefe del Ejecutivo de Gasteiz valoró la iniciativa como “una forma de reconocer la aportación de quienes nos precedieron en la lucha por las libertades y la democracia”.
El trabajo tiene mucha complejidad ya que abarca un periodo muy extenso que, además, va quedando algo lejano en el tiempo, amén de que las vulneraciones de derechos humanos durante el franquismo fueron innumerables y muchos de ellos se han cubierto con el manto de la censura, cuando no el del silencio derivado del miedo de los protagonistas y su entorno.
El objeto del estudio fijará los conculcaciones de derechos desencadenados a partir de la Guerra civil por el fracasado golpe de estado militar de 1936 y la posterior dictadura militar de los sublevados instituida al finalizar la contienda en 1937 y liderada durante cuatro décadas por el general Franco.
El lehendakari justificó este proyecto desde el convencimiento de que “la clarificación del pasado es un requisito necesario para construir una convivencia conciliada en el presente y el futuro”.
Los expertos empezarán el trabajo poniendo el foco en las ejecuciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trabajos forzados y exilio. Esto no significa que no se vayan a estudiar y documentar otras situaciones de vulneración de derechos. En otros casos, como las torturas, su estudio ya está contemplado en otros proyectos de investigación específicos también impulsados por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco y, por tanto, carecería de sentido duplicar el esfuerzo.
La labor de desenterrar esas situaciones correrá a cargo de un comité académico formado por el profesor Jon Mirena Landa y la profesora Enara Garro -ambos especialistas en derecho penal-, el profesor de la UPV e historiador Iosu Txueka, y la historiadora y arqueóloga de la Sociedad Aranzadi especializada en fosas comunes Lourdes Herrasti. Estos cuatro expertos contarán además con la colaboración de tres investigadores que realizarán el trabajo de campo.
Los investigadores y expertos no partirán de cero, ya que cuentan con los ficheros de las entidades que intervienen en la iniciativa y que les surtirán de una ingente cantidad de documentación de experiencias traumáticas que sirven para hacer memoria colectiva. Una parte de esos documentos -la referida exclusivamente al periodo comprendido entre el estallido de la guerra y el fin de la misma un año después- está recogida en el volumen Senderos de la memoria, publicado el año pasado por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco.
El presupuesto de la investigación hasta final de este año es de 40.000 euros que aportarán, a partes iguales, la Secretaría de Paz y Gogora. El trabajo podría tener continuidad el próximo año si el Gobierno de turno apuesta por ello.
