El juzgado pone en manos de Patrimonio la retirada del medallón de Franco
La justicia condena al Ayuntamiento de Salamanca por haber impedido que se cumpla la ley de la memoria histórica
- SALAMANCA FÉLIX OLIVA LÓPEZ | @FELIXOTWITTS
La justicia condena al Ayuntamiento de Salamanca por haber impedido que se cumpla la ley de la memoria histórica: le obliga a consultar a la Comisión Territorial de Patrimonio si hay que retirar la efigie del dictador.
El debate sobre la permanencia del medallón de Franco en la Plaza Mayor de Salamanca va a dar un paso definitivo, y lo va a hacer merced a una sentencia judicial que va a obligar al Ayuntamiento de Salamanca a hacer algo a lo que se ha negado permanentemente: dejar que sea Patrimonio quien decida sobre si la polémica efigie debe o no ser retirada para cumplir la ley de Memoria Histórica. Una disquisición que puede quedar en breve más cerca de verse resuelta de manera definitiva.
Así se desprende de la sentencia que el juzgado Contencioso-Administrativo de Salamanca ha emitido tras la demanda presentada en julio de 2014 por Izquierda Unida. Según los términos de la resolución a los que TRIBUNA ha tenido acceso, la justicia ha estimado la demanda interpuesta contra el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se le solicitaba la retirada del medallón de Franco o que, en caso de considerar que pudiera acogerse a una de las excepciones de la ley de Memoria Histórica, requiriera a la Comisión Territorial de Patrimonio para que emitiera informe. En la resolución condena en costas al consistorio, que tiene quince días para recurrir.
La sentencia ampara la petición de IU y confirma que es este organismo dependiente de la Junta de Castilla y León el que debe decidir, y obligará al Ayuntamiento a tramitar la solicitud de la demanda y dar traslado a la comisión de la petición de un informe. Su función será dirimir una cuestión clave: si el medallón está amparado bajo la protección que como BIC tiene toda la Plaza Mayor o no, y por lo tanto puede ser retirado.
De este modo, la justicia va a obligar a Fernández Mañueco a hacer algo a lo que se ha negado durante los más de dos años que lleva la demanda en el juzgado, y a pesar de un intento por parte de los demandantes para resolver la situación con una decisión política. Por contra, lo que hizo en el pleno fue proponer un informe de los técnicos sobre la aplicación de los preceptos de la ley de memoria histórica que atañen a la retirada de símbolos, a pesar las peticiones para que no hiciera pasar a la corporación la «vergüenza» de que fuera un juez quien obligar a retirar vestigios franquistas de Salamanca, incluído el medallón.
Desde el primer momento, Fernández Mañueco ha decidido ser uno de los alcaldes que se resiste a retirar símbolos franquistas y el Ayuntamiento que dirige ha decidido bloquear todos los recursos y peticiones de los diferentes grupos políticos o asociaciones que demandan la retirada del medallón del Dictador: ninguno de los recursos ni solicitudes ha llegado a la Junta de Castilla y León, que es la que tiene potestad para decidir sobre este tema ya que la Plaza Mayor es un Bien de Interés Cultural.
DOS AÑOS EN LOS JUZGADOS
El proceso terminó en los juzgados, que es donde el alcalde parece haberlo querido resolver desde el primer momento. El proceso data de julio del año 2014 cuando IU tomó una iniciativa para exigir que se cumplieran de una vez por todas los preceptos de esta ley aprobada en diciembre de 2007. En octubre de 2014 se presentó esta demanda concreta sobre el medallón de Franco.
El juicio se inició en julio de 2015 y en el proceso ambas partes han expuesto sus argumentos. En el informe técnico que maneja, autoría del arqueólogo municipal, se defiende que la Plaza Mayor es BIC y que el medallón es un elemento consustancial al monumento y que, por tanto, está protegido. Sin embargo, IU defiende que no es así y la propia aplicación de la ley de memoria histórica establece que se podrán retirar los elementos que no formen parte estructural de otros de mayor entidad. Los peritos de la demanda sostienen que el medallón es un residuo monumental que exalta el régimen franquista, uno de los supuestos para eliminar símbolos; que aunque está en un monumento BIC no estaba previsto en el proyecto original de construcción del mismo y que su retirada no pone en peligro la estructura.
FALLÓ LA VÍA POLÍTICA
IU planteó en su día conversaciones con los grupos políticos del Ayuntamiento de Salamanca sin haber podido llegar a una postura de consenso que permitiera llevar el tema al pleno. La propuesta fue la misma para todos: parar el juicio y decidir políticamente sobre el futuro del medallón. Según fuentes de IU, hubo un entendimiento claro con el PSOE, que estaba dispuesto a apoyar una decisión en el pleno.
Sin embargo, representantes de Ciudadanos le plantearon que veían en la denuncia más una motivación política que judicial y decidieron mantenerse al margen. Y tras conocer la postura de Ganemos, que podría tener la clave para forzar que este asunto se resolviera en el pleno del Ayuntamiento, no se prosiguió con los contactos con el PP. Con Ganemos no fue posible cuadrar un encuentro, siempre según IU.
