La ley de reparación de las víctimas de la dictadura sigue el trámite al no haber enmiendas a la totalidad

 

 

MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DEL 2016

Mientras la estatua ecuestre de un Franco decapitado delante del Born se llena de huevazos y pintadas, a pocos metros el Parlament daba este miércoles un paso más para lapidar uno de los vestigios de sus dictadura: los juicios sumarísimos en Catalunya. La Cámara catalana ha dado vía libre a la tramitación de la proposición de ley para reparar a las víctimas de la tiranía fascista y sus familiares, algunos de los cuales han asistido emocionados a este intento de reparación histórica.

«No es cuestión de justicia, sino de dignidad», ha reflexionado Imma Puig Antich, hermana de Salvador, el último ejecutado mediante garrote vil en España. Además de ella, familiares del ‘expresident’ Lluís Companys y de Manuel Carrasco i Formiguera, entre muchos otros, han sido ovacionados durante más de un minuto por los parlamentarios antes de que se empezara a debatirse la proposición; algunos de ellos con el puño en el alto, como Joan Garriga, de la CUP, formación que, junto a Junts pel Sí y Catalunya Si que es Pot, ha impulsado esta iniciativa.

«78.331 procesados, 3.358 ejecutados. Por ellos y ellas nos hacemos soberanos y anulamos sus juicios. Y que vengan a recurrir y que nos suspendan tantas veces como quieran. La memoria de las víctimas no puede esperar. Que corran al Constitucional», ha advertido Mireia Boya, diputada ‘cupaire’. Montserrat Palau, en representación de Junts pel Sí, ha deseado que el alto tribunal no suspenda esta ley, como ha hecho con las leyes de igualdad o de pobreza energética, porque eso «equivaldría a dar validez a las sentencias de los consejos de guerra sumarísimos». De momento no se atisba que el Constitucional pueda entrar en escena, dado que ningún partido de la Cámara hay presentado enmienda a la totalidad o se haya opuesto frontalmente a la propuesta.

«Anulemos los consejos de guerra para restablecer nuestra dignidad individual como personas libres y nuestra dignidad colectiva como nación», ha expresado Palau, que ha coincidido con Boya en la necesidad de saldar una «deuda pendiente» con los que lucharon por las libertades. «Eran gente que lucharon por su tierra, por sus ideas, no eran delincuentes», ha remarcado Joan Josep Nuet. El diputado de Sí que es Pot ha destacado que «por primera vez una institución democrática dice que esos juicios fueron una farsa». Haciendo suya una de las reivindicaciones de las entidades memorialistas, como la Comissió de la Dignitat, la proposición de ley plantea declarar nulos y sin ningún efecto jurídico los cerca de 80.000 consejos de guerra sumarísimos instruidos por causas políticas en Catalunya por el régimen franquista. Además, también prevé que la Conselleria de Justícia emita una certificación de nulidad del procedimiento y su correspondiente sentencia.

MOCIÓN ALTERNATIVA DEL PSC

El PSC ha presentado una proposición alternativa porque, pese a compartir la pertinencia de anular estos juicios, consideran que esta ley tendrá una «dificultad técnica» al chocar con las competencias del Estado y que, además, se queda corta. «También se deberían anular las causas a catalanes fuera de Catalunya y pedir que también se suspendan todos los juicios sumarísimos en el Estado español», ha reflexionado el socialista Ferran Pedret. Su propuesta para modificar la ley de memoria histórica del 2007 propugna, además de esto, el reconocimiento del derecho a una indemnización de 135.000 euros a los represaliados que murieron en los campos de concentración y de trabajo nazis. El proyecto del PSC, como ha ocurrido con de JxSí, la CUP y Sí que es Pot, ha seguido su trámite parlamentario después de que ningún grupo haya presentado enmienda a la totalidad.

El pleno de la mañana solo se ha visto enturbiado por algunos pitos y reprobaciones desde la tribuna de invitados después de la intervención del diputado del PP Fernando Sánchez Costa, que se ha preguntado cuál es el límite de la revisión de procesos históricos. Pese a condenar el franquismo y reconocer el derecho de las víctimas a las reparaciones, el representante de los populares ha reivindicado que «el camino del futuro no pasa por volver a abrir trincheras».

Después de que los parlamentarios volvieran a girarse hacia los familiares para ovacionarlos, Marta Marco y Joana Giner, que llevaban en la solapa la imagen de sus padres, fusilados hoy hace 77 años, aplaudían con lágrimas en los ojos la iniciativa del Parlament. «Los mataron juntos. De pequeña yo decía ‘ojalá mi padre hubiera sido un bandolero, que entonces seguiría vivo’ -ha relatado Joana-. Esto no cambiará nada, no los devolverá a la vida, pero al menos se recuerda y es un reconocimiento. Ojalá que sirva para que toda la juventud lo recuerde y no tengan que pasar por lo mismo».

Las claves

-¿Tiene Catalunya competencias?

Pese a reconocer que Catalunya no tiene competencias para legislar en esta línea, Josep Cruanyes, portavoz del Comissió de la Dignitat, recuerda que en 1932 el Parlament sí que tenía las atribuciones en materia judicial. Con esta argumentación considera que la Cámara catalana tendría «plenas competencias» para anular todos los consejos de guerra y sentencias de muerte de la dictada.

-¿La suspenderá el Constitucional?

El Alto tribunal ya ha suspendido varias leyes del Parlament por conflicto de competencias, como la de igualdad o la de pobreza energética. Pero el hecho de que ningún partido de la Cámara haya enmendado a la totalidad la proposición hace pensar que no la recurrirían. Algo que sí podría hacer la Fiscalía o cualquier persona o organización, como la Fundación Francisco Franco.

-La reclamación de Naciones Unidas

JxSí, Sí que es Pot y la CUP señalan en su propuesta de ley que la ONU ha instado, sin éxito, a España para que anulara los juicios de la dictadura. El último informe del relator especial de la ONU pedía «establecer mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias en violación de los principios fundamentales del derecho y procesos durante la guerra civil y el franquismo».

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