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Que la Diputación de Badajoz exija cumplir la Ley de Memoria Histórica «no es delito»

El Periódico de Extremadura, | 29 marzo 2017

El presidente de la diputación: «Es algo esperado porque siempre respetamos la legalidad»

El teniente fiscal dice que «de su comportamiento no se deriva prevaricación administrativa»

NUEVO INFORME DE LA FISCALÍA SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA DEL ALCALDE DE GUADIANA

Fernando León Rejas 29/03/2017

La Fiscalía ha emitido un informe, con fecha 24 de marzo, sobre la ampliación de querella del alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de cuyo «comportamiento no se deriva delito de prevaricación administrativa», como pretende el regidor de Guadiana, según el fiscal.

El informe, elaborado por el teniente fiscal, Miguel Martín, sobre las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz, se refiere a la ampliación de querella que versa sobre «la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa».

El objeto de la querella es «la aprobación del Decreto 26.I.17, anuncio 314/17, BOP de 27.I.17, de aprobación de las bases específicas con convocatoria reguladoras de subvenciones de la Diputación de Badajoz para actividades deportivas durante el año 2017».

En concreto se refiere a dos extremos: «Elaboración/aprobación y presentación de un catálogo de vestigios de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y represión de la dictadura (franquista)». Y «el compromiso de retirada de símbolos». Y todo ello con referencia a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, y configurándose «su incumplimiento como causa de reintegro de la subvención», como señala el fiscal jefe, Juan Calixto Galán, en un escrito para dar a conocer el citado informe, que recoge la bases 4, de solicitudes; 10, de justificación de la subvención; y 13, de control, reintegro y sanciones.

Además, indica que el artículo 15 de la Ley dice que «las administraciones, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura…./… Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».

También dice que «lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas».

Señala, además, a que «el Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las entidades locales en elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura a los efectos del apartado anterior». Aparte de que «las administraciones podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en este artículo».

Así, la Fiscalía concluye que el citado Decreto «se ajusta a lo dispuesto en la Ley. Se puede decir incluso que es un trasunto literal de la misma».

Y añade que la querella cita resoluciones del Juzgado de lo Contencioso 2 de Badajoz, órgano que «condena al Ayuntamiento de Guadiana a elaborar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura, aunque desestima la petición de retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores de exaltación de la sublevación militar, pero lo fue por estimación de la excepción de desviación procesal (Nueva pretensión suscitada en la demanda no ejercitada en vía administrativa)». Y que «en cualquier caso, la retirada está expresamente previsto en la Ley».

La Fiscalía indica que «condicionar la concesión/retirada de subvenciones al cumplimiento de algo que está previsto legalmente no puede constituir delito de prevaricación administrativa». Y recuerda que estas diligencias dan cabida a una querella anterior «por el apremio del presidente de la diputación a Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo a cumplir con la Ley de Memoria, so pena de ver retiradas las subvenciones públicas», que ya fue «inadmitida».

VALORACIONES / Gallardo manifestó a través de un comunicado que el archivo «es esperado, porque siempre respetamos la legalidad». Y que «la diputación siempre contribuirá a la defensa de la memoria y la reconciliación de la ciudadanía».

Recordó que «lo dije cuando a bombo y platillo, el alcalde de Guadiana anunció que ampliaba la querella, esta vez por prevaricación, y ya respondí que era una patada al aire, fundamentalmente porque la Diputación de Badajoz, las cuestiones que resuelve siempre tiene que ver con la legalidad. Lo que pasa es que la legalidad a veces molesta al alcalde de Guadiana». Señaló, además, Gallardo que «lo ilegal es no cumplir la ley. Por ello lo que tiene que hacer el señor Pozo es cumplirla, gobernar para los ciudadanos y olvidar su obsesión con el presidente de la diputación».

Antonio Pozo, por su parte, expresó su «sorpresa y vergüenza por filtrarse un informe de Fiscalía sin conocerlo las partes». Y dijo que «si el juez va en igual sentido, recurriremos; pues el propio presidente admitió que no puede hacer esto».

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/diputacion-exija-cumplir-ley-memoria-historica-no-es-delito_1007547.html