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El secuestro de un franquista: un acto de “particular valor moral y social”

Emanuele Treglia. Ctxt, 29-03-2017 | 4 abril 2017

El proceso a los secuestradores del vicecónsul de España en Milán en los 60 se convirtió en un verdadero “juicio contra Franco”

 

EMANUELE TREGLIA

Comparación de la condena de Cassandra Vera con el proceso a los secuestradores del vicecónsul de España en Milán en los 60, que se convirtió en un verdadero “juicio contra Franco”

El contexto, como recita el lema de este periódico, lo es todo. A la hora de valorar cualquier acción, resulta imprescindible tener en cuenta el marco histórico, social y político en el que ha sido realizada. Parece ésta una afirmación de sentido común, que enuncia un criterio metodológico que para muchos puede resultar obvio. No ha resultado tan obvio, sin embargo, para la Audiencia Nacional, si se mira la sentencia que ha dictado contra Cassandra Vera. En sus tuits, la joven murciana no se había burlado, por ejemplo, de las víctimas del atentado perpetrado por ETA en el Hipercor de Barcelona en 1987: si hubiera sido así, la cuestión se plantearía evidentemente en términos diferentes. Los chistes escritos por Cassandra –-y presentes en la cultura popular desde hace décadas — se referían al asesinato de Luis Carrero Blanco, exponente de primer orden de una dictadura que había sido responsable de una sangrienta y masiva represión en la Guerra Civil y en la posguerra y que, todavía en los años sesenta y setenta, negaba las libertades elementales y violaba sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, encarcelando, torturando y matando a opositores y disidentes. Cuando se habla de la muerte de la mano derecha de Francisco Franco, debería tomarse siempre como punto de partida el hecho de que sustancialmente fue un tiranicidio: un acto que, si bien puede ser discutible, no es equiparable a atentados llevados a cabo en el marco de un Estado democrático. El contexto, como decíamos, lo es todo. Hoy en día, por ejemplo, el secuestro en el extranjero de un diplomático español sería seguramente objeto de una condena firme y generalizada: en cambio, en 1962, cuando España se encontraba bajo el yugo autoritario, un tribunal italiano sentenció que podía tratarse de una acción justificada por motivos de “particular valor moral y social”.

Aquel año, a finales de septiembre, un grupo de militantes libertarios italianos secuestró al vicecónsul de España en Milán, Isu Elías, como acto de “propaganda” contra el encarcelamiento y la probable condena a muerte, por parte de un consejo de guerra franquista, del anarquista catalán Jorge Conill Valls, acusado de haber puesto tres artefactos explosivos en Barcelona. A la afinidad ideológica se sumaba la amistad, puesto que los anarquistas italianos habían conocido a Conill durante un viaje a España que habían hecho unos meses antes. El rapto, que  concluyó al cabo de unos días con la puesta en libertad de Elías y la sucesiva detención de los autores, tuvo el efecto de una chispa, provocando el estallido de una extensa campaña de solidaridad con la causa antifranquista.

Efectivamente, desde el 5 hasta el 9 de octubre, tuvo lugar ante el Consulado español en Milán un flujo continuo de manifestaciones que reclamaban clemencia para Conill y, en general, el fin de la dictadura. Participaron los partidos de izquierda, organizaciones libertarias, los sindicatos, intelectuales como Elio Vittorini y numerosos grupos estudiantiles, entre los cuales figuraban asociaciones juveniles de la Democracia Cristiana. De hecho, algunos estudiantes católicos solicitaron al cardenal Montini, entonces arzobispo de Milán, que interviniera públicamente afirmando la “incompatibilidad entre la fe católica y la evidente y continua violación de los derechos humanos fundamentales” que se producía en España. El futuro papa Pablo VI se hizo intérprete de esa petición enviando un telegrama a Franco, que a su vez replicó ásperamente acusándolo de caer víctima de una “campaña escandalosa”.

El 9 de octubre se anunció desde Madrid que Conill no sería condenado a muerte: la denuncia internacional de la dictadura del Caudillo desencadenada a raíz del secuestro había obtenido una victoria decisiva. Las movilizaciones antifranquistas, de todas formas, continuaron durante casi dos semanas en diversas ciudades italianas como Roma y Florencia, contando con el patrocinio de las autoridades locales y con la participación de decenas de miles de personas. Merece la pena subrayar que estas iniciativas eran ideológicamente transversales. Es decir, no estaban protagonizadas solo por partidos y organizaciones de izquierdas, sino también por personalidades y grupos moderados. Crecientes sectores de la Democracia Cristiana, por ejemplo, consideraban que no se podía justificar de ninguna manera el mantenimiento de una dictadura en la otra orilla del Mediterráneo. Ya en primavera, a raíz de la oleada de huelgas que comenzó en Asturias y del “contubernio de Múnich”, los órganos del partido católico habían empezado a subrayar la falta de “justicia social” que caracterizaba el régimen franquista.

La Embajada española en Roma intentó presionar al Gobierno italiano para que pusiera freno a las protestas, sin éxito: la respuesta que recibió fue que en un país democrático no se podía suprimir el derecho de reunión y manifestación. Una argumentación, ésta, que parecía absurda a los representantes diplomáticos franquistas. De hecho, un informe enviado desde la Embajada al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, expresaba desprecio por ese “culto […] a la democracia” que existía en el Belpaese. En el mismo documento, se notaba que la práctica totalidad de la opinión pública italiana había adoptado una postura favorable hacia los secuestradores y hostil hacia el régimen de Madrid: “Pocas han sido las voces –añadía el informe– que en nuestro favor se han levantado y aún esas no han sido todas espontáneas sino que se han debido a gestiones realizadas por esta Embajada”. Esas pocas voces eran esencialmente las de la prensa de la extrema derecha neofascista, que de hecho recibía financiación por parte de la representación diplomática franquista.

Juicio al franquismo

El propio proceso contra los secuestradores del vicecónsul, celebrado a mediados de noviembre en Varese, se convirtió en un verdadero “juicio contra Franco”. Los abogados plantearon la defensa según una perspectiva claramente política, tratando de demostrar que el gesto de los acusados había sido motivado por un noble propósito: los anarquistas querían salvar la vida de un amigo, condenado a muerte por un Estado autoritario en cuanto disidente político. Uno de los defensores, por ejemplo, afirmó: “Los imputados han reaccionado contra lo que en España pasa todos los días: estudiantes procesados porque intercambian libros no conformes con la ideología del régimen, juicios que se celebran según procedimientos que parecen un insulto al derecho”.

De esta manera se trataba de obtener la concesión de la atenuante, prevista por el Código Penal italiano, del “particular valor moral y social” del secuestro. Además, el propio Elías había afirmado que sus raptores le habían tratado muy amablemente. Conforme al planteamiento de la defensa, fueron llamados como testigos no solo destacados juristas, sino también personalidades como el príncipe Filippo Caracciolo, presidente del Automobile Club d’Italia, y el abad francés Alexandre Glasberg. Ambos, en calidad de delegados de la Conferencia de Europa Occidental por la Libertad en España, habían viajado en los meses anteriores al país ibérico, observando de cerca su realidad social, política y carcelaria. El abad, que había asistido al consejo de guerra contra el comunista Ramón Ormazábal, declaró: “Por lo que se refiere al tratamiento de los presos, puedo decir que sus sufrimientos son comparables a los de los cristianos en la Roma antigua”.

Todos los testigos ilustraron el carácter represivo y arbitrario del sistema judicial franquista y, en general, la naturaleza dictatorial del Estado surgido a raíz del golpe del 18 de julio. En el aula del Tribunal de Varese se puso en evidencia, entre otras cosas, la absoluta incompatibilidad entre el régimen del Caudillo y los principios contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU. Los abogados, por su parte, lanzaron alegatos cargados de un elevado idealismo. Uno de ellos, Vittorio D’Ajello, afirmó: “En esta humanidad, donde se habla de alienación, de incomunicabilidad, de indiferencia hacia los valores morales, estos jóvenes han demostrado que se han mantenido fieles a los ideales. Ellos representan una fuerza segura contra cualquier dictadura. La humanidad les necesita”.

Otro defensor, el militante de la Democracia Cristiana Luigi Selmo proclamó: “No hay hombre de sincera fe democrática que no se sentiría orgulloso al ver a su propio hijo sentado en el banquillo de los acusados en este proceso. A la luz de un ideal de libertad tan alto, el delito desaparece”. El propio fiscal se mostró muy comprensivo con el gesto de los anarquistas, tanto que llegó a admitir: “Que en España hay un régimen dictatorial es un hecho notorio. […] La condena a muerte, o de todas formas una condena muy grave, por un delito político, que en cualquier país del mundo haya sido dictada, es contraria a la conciencia ética de nuestro país. Los defensores han anunciado que darán batalla para la concesión de la atenuante del particular valor moral y social del gesto realizado por los imputados. ¿Qué batalla? Sobre este punto no hay ningún motivo de batalla”.

Así, el tribunal en su sentencia reconoció efectivamente el “particular valor moral y social” del secuestro de Elías, absolviendo prácticamente a los imputados: les condenó a 5-8 meses de reclusión, pero les concedió la suspensión inmediata de la pena y la no inscripción en el registro penal. Los anarquistas quedaron en libertad el mismo día del veredicto. El resultado del proceso provocó amplias protestas por parte de las autoridades españolas. La Embajada en Roma y el Consulado en Milán denunciaron el juicio como una “grave mixtificación”, y en ABC se afirmó que “la desvergüenza y el cinismo del social comunismo italiano y de los tontos útiles que le hacen compañía” habían batido “todos los récords”.

Hoy en día, en España, Cassandra Vera ha sido condenada por haber humillado supuestamente a la “víctima” Carrero Blanco. En cambio, hace ya 55 años, ante un Tribunal italiano resultó evidente que el mismo Carrero era ministro de la Presidencia de un régimen que humillaba a diario a millones de personas, víctimas de su brutal autoritarismo.

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Emanuele Treglia es doctor en Historia Contemporánea. Es secretario de la revista Historia del Presente y miembro del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española (CIHDE). Es autor de la monografía Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero (Eneida, 2012) y ha coordinado, con Javier Muñoz Soro, el volumen Patria, pan… Amore e fantasia. La España franquista y sus relaciones con Italia (1945-1975), de inminente publicación por la Editorial Comares.

http://ctxt.es/es/20170329/Politica/11930/Cassandra-vera-carrero-blanco-dictadura-franquista-franco-italia.htm