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El valle de la desmemoria

Fernando Ull Barbat. Información.es, | 19 mayo 2017

La sociedad española no ha logrado resolver de manera definitiva el destino que se debe dar a los últimos restos del franquismo

 

19.05.2017

Como cabía esperar, el Partido Popular ha ninguneado la proposición no de ley que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado día 9 por la que reclamaba al Gobierno cumplir la Ley de Memoria Histórica así como sacar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y entregárselo a sus familiares para su posterior enterramiento donde estimasen conveniente.

Aunque ya han pasado cuarenta años desde la recuperación de la democracia en España, y a pesar de que en muchas ciudades españolas se han ido cambiando, poco a poco, los nombres de calles de clara mención franquista y laudatorias de los impulsores del golpe de Estado de 1936 –con su trágica consecuencia de una cruenta guerra civil– por otros nombres relacionados con la democracia, la cultura y la libertad, la sociedad española no ha logrado resolver de manera definitiva el destino que se debe dar a los últimos restos del franquismo, como es el caso del Valle de los Caídos. Tampoco ha conseguido que la población que se considera heredera sociológica del franquismo condene el levantamiento en armas contra un sistema democrático ni la cruenta dictadura que siguió después ni, sobre todo, ha hecho justicia de manera definitiva y completa con las familias de todos los asesinados que continúan enterrados de manera ilegal y clandestina en cunetas y descampados de media España.

Resulta desconcertante que una parte de la población vea algo normal que nuestro territorio esté plagado de hombres y mujeres enterrados de manera ilegal tras ser asesinados y que, con independencia de sus razones políticas o religiosas, merecen tener un lugar digno donde puedan descansar en paz. Cualquier intento de establecer un plan nacional serio y riguroso de recuperación de todos los cuerpos que permanecen en cunetas y descampados de media España ha sido siempre calificado por la derecha española como un intento sectario de recordar el pasado y de devolver a la actualidad hechos que deben olvidarse para pasar página.

Conviene recordar que aquellos que se oponen a que se recuperen los cuerpos no tienen a ningún familiar entre ellos y, por tanto, difícilmente pueden opinar sobre el dolor que para dos generaciones de españoles ha supuesto saber dónde se encontraban enterrados sus familiares pero no poder darles una sepultura digna. En la actualidad, la Ley de Memoria Histórica continúa sin tener dotación presupuestaria desde que en el año 2013 el Partido Popular así lo estableció, demostrando un gran cinismo en materia de derechos humanos. Mientras el PP y sus medios de comunicación afines critican con dureza el régimen chavista, no parece importarles los alrededor de 114.000 desaparecidos que dejó como herencia histórica la dictadura franquista.

Tampoco parece importar al Partido Popular el duro informe que la ONU emitió en el año 2015 en el que censuraba la actitud pasiva del actual Gobierno dirigido por Mariano Rajoy en orden a recuperar los cientos de miles de cuerpos que permanecen desperdigados por media España. También le instó a retirar y eliminar los símbolos franquistas de monumentos y calles españolas, perseguir judicialmente a los culpables de torturas y asesinatos que continúen vivos y establecer ayudas para que los familiares de los desaparecidos les puedan encontrar. Todo ello dentro de un Plan Nacional de Búsqueda (en palabras de la propia ONU) que debe ser implementado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Recuerda la actitud del Partido Popular, negándose a mostrar las más mínima misericordia por los asesinados, a la novela El Hereje (Ediciones Destino, 1998) de Miguel Delibes. En ella recuerda el autor la quema de declarados herejes que se llevaba a cabo en el actual Campo Grande, un parque del centro de Valladolid. En el siglo XVI los habitantes de Valladolid acudían en masa a ver, entre grandes risotadas, cómo se quemaba vivos a aquellos que así lo decidía el Santo Oficio. Era visto como algo normal. Algún día los españoles se echarán las manos a la cabeza cuando recuerden que durante años en España una parte de la población española vio normal que cientos de miles de españoles estuviesen enterrados en cualquier parte.

El recurso judicial del Partido Popular presentado por el concejal Luis Barcala en contra del cambio de nombres de calles franquistas del callejero de Alicante nos recuerda que los herederos sociológicos del franquismo se niegan a que se conozca la historia y se les recuerde que sus padres y abuelos se aprovecharon todo lo que pudieron de los vencidos. A pesar de que los familiares de los desaparecidos y las víctimas que quedan con vida sólo piden que se recuperen los cuerpos y se haga una declaración institucional condenando el franquismo, el Partido Popular se ha negado siempre a ello.

Dice muy poco de un Gobierno que quiere erigirse en adalid de la modernidad que al mismo tiempo que da lecciones de democracia en países como Venezuela o Marruecos mantenga el Valle de los Caídos como monumento a la desunión y no le importe tener miles de compatriotas enterrados en cualquier parte.

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2017/05/19/valle-desmemoria/1896017.html