El Ejecutivo de Lambán espera remitir el proyecto a las Cortes en julio

 

Parte de las instituciones y familias que participan en la revisión pública de la futura Ley de Memoria Democrática de Aragón solicitan que, en el texto, no se distinga entre bandos y se hable de “víctimas de la Guerra Civil”.

IGNACIO PÉREZ Zaragoza 16/05/2017

Julio es la fecha que se marca el Gobierno de Aragón para llevar el proyecto de Ley de Memoria Democrática a las Cortes. De momento, el proyecto está siendo revisado por asociaciones de víctimas, expertos e instituciones públicas. Se ha enviado el borrador a 203 entidades que tienen de plazo hasta el próximo 15 de junio para presentar sugerencias.

A diferencia de la Ley de Memoria Histórica nacional, que lleva ya cinco euros sin recibir un euro, el Gobierno de Aragón ha presupuestado 200.000 euros para implementar el futuro texto. Este lunes, Vicente Guillén, consejero de Presidencia, ha vuelto a confirmar la intención del Ejecutivo de aumentar esa cantidad en próximos años: «es verdad que la situación económica imposibilita que podamos dotarla como nos gustaría, pero, en adelante, las partidas aumentarán».

Penas entre 10.000 y 150.000 euros

El proyecto contempla la elaboración de un censo de desaparecidos, un mapa de fosas completo y un régimen sancionador que castiga actos como la destrucción de fosas o el enaltecimiento de símbolos franquistas con penas entre los 10.000 y los 150.000 euros. En palabras de Vicente Guillén, el texto busca que “la sociedad tome conciencia de que los conflictos no deben volverse a dirimir a través de la violencia, sino a través de procedimientos pacíficos”.

Este lunes, el Pignatelli ha acogido una sesión de información sobre cómo se va a desarrollar ese proceso de participación y, en él, ya se han visto algunas discrepancias entre los distintos alcaldes y asociaciones que han acudido.

«Víctimas»

La principal radica en las alusiones a las víctimas de la Guerra Civil en el texto de la ley. Unas entidades son partidarias de que, en la ley, se haga referencia al bando nacional y al Gobierno de la Republica y otras, que se emplee el término genérico «víctimas de la Guerra Civil».

Carmelo Pérez, alcalde de Belchite, es partidario del término genérico ya que, “durante el conflicto, todo dependió del militar que te tocara. Tuvieron que coger fusiles sin, en muchos casos, tener el conocimiento de por qué defendían una causa”. Por el contrario, Emilio Manrique, representante del Foro por la Memoria de Aragón, aseguraba que “no es equiparable la situación de un bando y otro: a los del bando nacional se les rehabilitó desde un principio, se les construyó monumentos y a sus familias se les dio estancos, mientras que, en el caso de las víctimas republicanas, no se sabe dónde están”.

Los 38 fusilados de Tarazona

Entre los asistentes al acto de información de este lunes, había muchos familiares de desaparecidos republicanos. “Mi abuelo es un fusilado de la provincia de Huesca y, hace poco, hicimos un intento de exhumación, pero no logramos descubrir los huesos”, exponía Julián Cereza. A su lado, Ángela Lamana, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tarazona, informaba de que, el pasado 14 de abril, se colocaron dos placas en memoria de los 38 fusilados de esa localidad.

Lo que más les agrada del proyecto es el marco legal y el apoyo que va a crearse para la exhumación y registro oficial de sus familiares.

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/16/radio_zaragoza/1494955859_438764.html