Veta una proposición de ley presentada al Congreso por el Parlament de Cataluña para modificar la ley de Memoria Histórica

 

 

Juan Miguel Baquero

El Gobierno central veta una proposición de ley presentada al Congreso por el Parlament de Cataluña para modificar la ley de Memoria Histórica

La cifra requisada por el ejército franquista a solo 747 familias agrupadas en la demanda supera los 10,5 millones de pesetas, que serían más de 900 millones de euros actuales

El Ejecutivo de Mariano Rajoy bloquea la demanda porque indemnizar a los afectados supondría «un aumento de los créditos presupuestarios»

El Gobierno se opone a devolver el «dinero rojo» incautado por Franco. Atender la demanda supondría «un aumento de los créditos presupuestarios», según la respuesta con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza la proposición de ley presentada en este sentido por el Parlament de Cataluña al Congreso de los Diputados y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

La cifra requisada por el ejército franquista a 747 familias ascendió a más de 10,5 millones de pesetas, según la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF). Una cantidad que equivaldría en la actualidad a más de 900 millones de euros (al considerar que el valor actualizado más los intereses es de 86,24 euros por cada peseta).

Otras fuentes apuntan a un informe del Banco de España fechado el 11 de marzo de 1938 que aumenta la incautación a 35 millones de pesetas, que serían al cambio más de 3.000 millones de euros. Elevan la cifra de afectados, además, en torno a 1.500 familias.

El caso se remonta a los primeros meses de la guerra civil, cuando los golpistas confiscaban el dinero republicano en cada zona que caía en sus manos. Las autoridades del franquismo emitían un recibo a cambio que, en muchos casos, nunca fue reintegrado a sus legítimos propietarios.

La propuesta de modificación de la ley de Memoria Histórica estatal  aprobada en el Parlament catalán incluía, entre otras medidas, la enmienda presentada por el PSC para resarcir las cuantías que conformaron el ‘Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo’. «El criterio del Gobierno es contrario a la tramitación de la citada iniciativa por suponer un aumento de los créditos presupuestarios, de acuerdo con las razones alegadas en el escrito de referencia», responde el Gobierno.

El «veto del Gobierno» a una «solución»

Desde la plataforma de afectados reclaman «una solución» al caso. La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista «reclama» al Gobierno «la cantidad de 10.590.311,35 pesetas», apunta Agustín Aranda, vocal del colectivo. Al cambio, serían 913.308.450,82 euros. «Claro que habrá muchísima gente más», refiere, «pero no podemos certificarlo porque o no se han dirigido a nosotros o no lo sabemos».

En APIGF esperan «una reunión, tarde o temprano, para tratar este tema que tiene que encontrar una salida». Y defienden en este sentido la medida «aprobada por unanimidad» en la Cámara catalana, de la que no tienen constancia de respuesta: «estamos pendientes todavía de que el Parlamento español nos diga algo», refiere.

«Esto supone el veto del Gobierno central a que se tramite la proposición formulada desde el Parlament», aseguran las fuentes consultadas por este medio. El bloqueo a la proposición de ley «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».

No es la primera vez que se abre el debate del llamado «dinero rojo». El enero de 2015 el despacho del exjuez  Baltasar Garzón presentaba una reclamación al Consejo de Ministros para la devolución del dinero incautado por el dictador. Volvía a la carga en junio de 2016, esta vez ante el Tribunal Supremo, en procesos que todavía no dan «una solución» al caso de aquellos billetes republicanos que se convirtieron en simples recibos franquistas.

Contrabando o papel moneda del «enemigo»

Antes de estas propuestas, en 2007, el Congreso rechazaba devolver en euros del dinero incautado por el franquismo o guardado por las familias. En aquella ocasión, PP y PSOE se oponían a una medida de ERC y CiU para establecer compensaciones para el canje del dinero.

Las demandas de Garzón solicitaban la indemnización a los afectados porque la privación patrimonial fue consecuencia de una serie de normas dictadas por las autoridades golpistas. Las más significativas con rango de ley, como fueron el Decreto-Ley de noviembre del 36 que entró en vigor de forma inmediata por decisión de la Junta de Defensa Nacional constituida en Burgos y el Decreto de agosto del 38 por el que se creaba el ‘Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo’.

A partir de aquel momento coexistieron dos monedas diferentes, monedas que valían según si estaban en la parte republicana o golpista de España. La estrategia del franquismo era usar el dinero como arma de guerra al introducir un sistema de pagos que rompiera con la República, que forzara los precios y la velocidad monetaria en la ‘zona enemiga’. Una decisión que afectó a la población civil al privarla de medios de pago legítimos.

Los billetes eran confiscados por el ejército de Franco «de forma coactiva», ya que su mera tenencia era considerada «contrabando». En esa consideración entraba cualquier signo fiduciario, incluido papel moneda, certificados de plata, ‘talones especiales’… Pero el dinero no se destruyó. El dinero puesto en circulación por el Gobierno republicano tenía valor en el extranjero y en zona republicana. Y fue usado por el franquismo, dentro y fuera del país.

http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-rechaza-devolver-incautado-Franco_0_649535423.html