El Parlamento andaluz vetará el plan estrella de Díaz de crear un comisionado de Memoria
La Cámara instará a la presidenta a rectificar y dar carpetazo al cargo que ideó para Diego Valderas
IU cuenta con los votos de PP y Podemos, más la abstención de Ciudadanos, para que la Cámara inste a la presidenta a rectificar y dar carpetazo al cargo que ideó para Diego Valderas
MADRID 22/06/2017 DANIEL CELA
El Parlamento de Andalucía se va a posicionar esta tarde en contra del proyecto de Susana Díaz de crear la figura del comisionado de Memoria Histórica, un cargo que la presidenta ofreció al exlíder de IU, Diego Valderas, y que no existe en el articulado de la recién aprobada Ley andaluza de Memoria.
La Cámara aprobará previsiblemente este jueves una proposición no de ley de la coalición de izquierdas que desautoriza el plan estrella de Díaz e insta al Gobierno andaluz a “abstenerse de provocar duplicidad de funciones, crear nuevos órganos, estructuras administrativas o políticas ajenas al articulado de la Ley que distraigan recursos y competencias al ámbito de aplicación de la misma a través de los cauces previstos”. IU tiene amarrada la iniciativa y cuenta con los votos de PP y Podemos, y la abstención de Ciudadanos.
El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, y la diputada Inmaculada Nieto han negociado con el resto de grupos para frenar el proyecto de la presidenta de la Junta, anunciado hace dos semanas durante el debate de política general andaluza. Fuentes del PP, Podemos y Ciudadanos han adelantado a Público el sentido de su voto, confirmando que habrá un apoyo mayoritario en la Camara a la iniciativa de IU para evitar “esa duplicidad de funciones”. Todos coinciden en que el Gobierno andaluz ya cuenta con un director general de Memoria Histórica con potestad ejecutiva para desarrollar la ley, y por tanto “es innecesaria la creación de un comisionado con las mismas o similares funciones”.
Hace sólo unos días, Susana Díaz anunció que en septiembre llevará al Parlamento una proposición de ley para modificar la recién aprobada Ley de Memoria, introduciendo una figura nueva: la del comisionado de la Memoria Histórica, “un proyecto personal” de la presidenta de la Junta, que no fue negociado por los grupos durante la tramitación de la ley. La Cámara tratará de disuadirla en su empeño, dejándole ver que si sigue adelante no encontrará apoyos suficientes del resto de fuerzas para aprobarlo. La proposición no de ley de IU no es vinculante. Aunque hoy cuente con el apoyo mayoritario del Parlamento, no tiene consecuencias legislativas, pero sí condiciona políticamente a la Junta de Andalucía.
IU está convencida de que su veto al comisionado de Memoria cuenta con los votos de PP y Podemos, y la abstención de Ciudadanos. Únicamente el PSOE votará en contra para salvar el proyecto de Díaz. La iniciativa de IU cuenta con el respaldo sin matices de la formación morada, mientras que los populares prevén aportar sus votos siempre que se modifique parte de la redacción (a través de una enmienda in voce pactada con los comunistas). El PP no comparte el trasfondo de la Ley de Memoria, pero rechaza la duplicidad de funciones y ha encontrado en este pulso entre PSOE e IU la manera de socavar la autoridad de Susana Díaz.
Por último, la iniciativa saldrá adelante si Ciudadanos se abstiene en la votación, como tenían pensado hasta ayer por la tarde. La formación naranja, socios de legislatura del Gobierno de Díaz, tiene claro su rechazo a la creación de la figura del comisionado de Memoria. “Si la presidenta trae esa iniciativa al Parlamento en septiembre, votaremos en contra”, afirmó ayer su portavoz, Juan Marín. Sin embargo, C’s no apoyará el veto propuesto por IU, porque enmarca su proposición no de ley “en una estrategia de confrontación con el PSOE en la que ellos no quieren entrar”. “Esto es una pelea de la izquierda, nosotros no vamos a entrar ni dejaremos que nos utilicen”, advierte el diputado y portavoz de Cultura de Ciudadanos, Sergio Romero.
Durante la tramitación de la Ley de Memoria en la comisión de Cultura, el grupo naranja ya mostró un rechazo claro a la creación de nuevos entes instrumentales que aparecen en la norma, como el Instituto andaluz de la Memoria o el Consejo de la Participación. Se oponían incluso a este último órgano, pese a que no supondrá un gasto extra para la Administración, de ahí que sus recelos a la creación de la figura del comisionado de Memoria se diera por sentado. Además IU ha redactado su proposición no de ley usando casi los mismos términos con los que Ciudadanos se ha expresado durante la tramitación, para facilitar así el apoyo de este grupo. Hasta ayer la formación naranja se debatía entre apoyar el veto o abstenerse, y a última hora se decantó por esto último. En ambos casos, el resultado de la votación en el Parlamento supone un rechazo al proyecto de Díaz.
Ciudadanos tiene nueve diputados, es la cuarta fuerza de la Cámara, sin embargo sustenta al Gobierno socialista y eso le convierte en la parte vulnerable del Ejecutivo. El resto de grupos de la oposición, sobre todo el PP, promueven constantemente iniciativas que hacen incurrir en contradicciones a los naranjas, porque a la vez apoyan al PSOE pero ejercen de oposición. Los populares obligan a Ciudadanos a retratarse en temas con los que comparten principios, como presionar a la Junta para que elimine el impuesto de sucesiones, y esta vez los comunistas han aprovechado sus recelos respecto a los nuevos órganos que contempla la Ley de Memoria. En ambos casos se busca distanciar y abrir brecha entre los socios de Gobierno -PSOE y C’s- para torcer el brazo a Susana Díaz.
La bronca por Valderas
La bronca entre PSOE e IU a cuenta del comisionado de la Memoria Histórica surge hace dos semanas, cuando Susana Díaz telefonea a Antonio Maíllo para comunicarle que propondrá a su predecesor, Diego Valderas, para un cargo que aún no existe. Valderas, jubilado desde enero, está alineado ahora con los críticos dentro de IU que rechazan la hoja de ruta de Maíllo para confluir con Podemos. El nuevo líder de la coalición de izquierdas se opone a este nombramiento, cree que es un intento de la presidenta por interferir en las cuestiones internas de su partido, que se encuentra en la antesala de un congreso que elegirá a la nueva dirección. Aun así, Díaz hace público el anuncio y Valderas lo acepta en contra del criterio de su organización.
La coalición de izquierdas monta en cólera, lanza un duro comunicado en el que acusa a Díaz de “meter sus sucias manos” en IU, y exige a su excoordinador regional que rechace la oferta. La presidenta de la Junta llega al debate de política general en el Parlamento y omite el nombre de Valderas, pero anuncia que en septiembre traerá una propuesta de modificación de la Ley de Memoria para introducir la figura del comisionado, y que ésta sea votada y consensuada por todos los grupos de la Cámara. Además Díaz realiza una crisis de Gobierno, cambia a la mitad de sus consejeros para reimpulsar la agenda política en el ecuador de la legislatura, e introduce un cambio significativo en el organigrama de su Ejecutivo: traslada las competencias de Memoria Histórica del área de Cultura a Presidencia, encargando a su número dos la tarea de buscar el consenso en torno a la figura del comisionado.
IU responde a este movimiento registrando una proposición no de ley para que el Parlamento vete el proyecto y disuada a la presidenta de llevar la iniciativa a la Cámara. El ofrecimiento que Susana Díaz le hizo a Valderas, y que éste conocía desde hace cuatro meses (cuando la ley aún se estaba ultimando en el Parlamento), sorprendió incluso a miembros de la Consejería de Cultura, que ostentaban las competencias memorialistas. Era un proyecto personal de la presidenta que discurría al margen del debate sobre la ley, que tanto costó aprobar sin ningún voto en contra.
El Parlamento aprobó la Ley andaluza de Memoria hace tres meses con el consenso de todos los grupos y de las asociaciones memorialistas. Durante su tramitación se renunció a crear la figura del comisionado (que había existido hace 20 años, antes de la aprobación de la primera ley de Memoria), porque ya existía una Dirección General de Memoria Histórica con plenos poderes ejecutivos.
