La proposición no de ley reclama también la anulación de la condena a muerte del presidente Lluís Companys

 

PERE RÍOS Barcelona 14 JUL 2017

El PSOE registrará en los próximos días en el Congreso de los diputados una proposición no de ley que reclama de la cámara un pronunciamiento para que declare «la ilegitimidad», nulidad e injusticia de todas los tribunales de represión política creados por el franquismo y de todas las condenas y sanciones dictadas contra los opositores a la dictadura.

El acuerdo ha sido ratificado esta mañana en Barcelona durante el encuentro que han mantenido las ejecutivas del PSOE y del PSC para aprobar una serie de medidas para desencallar la situación política catalana. La proposición no de ley reclama también que se declare ilegítima, nula e injusta la sentencia dictada el 13 de diciembre de 1939 y el consejo de guerra celebrado el 14 de octubre de 1940 que condenó a muerte al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, fue fusilado en el castillo de Montjuïc de Barcelona al día siguiente.

La proposición no de ley del PSOE la firma la diputada del PSC en el Congreso Meritxell Batet y es muy similar al acuerdo que adoptó hade unos días el Parlament con el voto a favor de los toda la cámara, incluidos los parlamentarios del PP y Ciudadanos y que afecta a casi 64.000 catalanes

La declaración de nulidad proposición no de ley que ahora presenta el PSOE afecta a las condenas y sanciones dictadas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de guerra constituidos contra los opositores a la dictadura. Son personas que «defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, dice el texto.

Los socialistas consideran que aquellos procesos judiciales y aquellas condenas dictadas por esos y «cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura» han de ser declaradas «radicalmente nulas e injustas y carentes absolutamente de eficacia y validez».

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