Entrevista a Gabriela Bravo, consellera valenciana de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

 

Adolf Beltran

No procede de la política pero conoce bien la vida pública. Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, 1963), fiscal de carrera, fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013. Previamente había sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.

En el gobierno valenciano surgido del Pacto del Botánico se hizo cargo de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, un departamento con repercusiones hacia dentro y hacia fuera de la estructura de la Generalitat Valenciana.

Fruto de su formación jurídica y de su trayectoria profesional, se expresa con una meticulosidad que dilata las respuestas. «Suelo hacer largas las contestaciones y después sufro por cómo van los periodistas a resumirlo», se excusa antes de empezar.

 

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Una característica del gobierno del Botánico fue incorporar conceptos nuevos a la estructura de la Generalitat. En el caso de su departamento fue la memoria democrática y las libertades públicas. El proyecto más relevante en ese ámbito es la Ley de la Memoria Democrática, que ha tenido una acogida por parte del PP bastante dura, con acusaciones de sectarismo y de no tener en cuenta más que a unas víctimas de la Guerra Civil. ¿Cómo encaja usted esa postura?

Me siento muy satisfecha de que el proyecto de Ley de la Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunidad Valenciana haya salido de esta conselleria. Hemos trabajado con todas las entidades memorialistas, con la sociedad civil, para presentarlo. No me sorprendió en absoluto la posición del PP. Si uno examina los argumentos que se dieron en sede parlamentaria para justificar la enmienda a la totalidad, es preocupante comprobar que en algunos sectores nada haya cambiado. Siguen utilizando los mismos argumentos que sus padres o sus abuelos utilizaron en el pasado. Una de las grandezas del Estado de derecho y de la democracia es avanzar en la construcción de valores que permitan abrir todas esas heridas, enfrentarnos a la historia sin miedo y sin confrontación. Los argumentos del PP siguen estando asentados en bases antidemocráticas.

Hay dos aspectos de la ley. Uno es la retirada de símbolos franquistas y la revisión de honores y distinciones. El otro, más dramático, es el de las exhumaciones. ¿Son las exhumaciones de víctimas las que condicionan más la estructura y los objetivos de esa futura ley?

Esta ley trata fundamentalmente de poner en valor los derechos. Frente a los argumentos del PP, digo que esta es una norma que recupera derechos, y no cualquier derecho, sino derechos fundamentales. La dignidad de las víctimas, la reparación, la memoria, la verdad, son derechos que corresponden a esas víctimas que mataron dos veces: primero cuando las asesinaron y después cuando las sepultaron en el olvido.

Es una ley que va más allá de la estatal de 2007 por varias razones. El concepto de víctima no se reduce a las víctimas directas sino que se extiende a sus familiares. Por otra parte, contempla una lista de posibles sanciones frente a ataques directos a fosas, lugares de memoria o a la propia dignidad de las víctimas. De alguna manera, construye el proceso para que la Administración asuma directamente esa deuda pendiente con las víctimas, que es la localización de las fosas, la exhumación y la identificación.

Además, creamos el Instituto de la Memoria para construir el modelo que permita gestionar e impulsar estas políticas de recuperación de la dignidad de las víctimas. Eso no es incompatible con la posibilidad de que el Consell decida, incluso antes de la entrada en vigor de la ley, destinar una línea presupuestaria para iniciar el proceso de apertura y exhumación de las fosas.

Al escuchar al PP parece que solo se trate de exhumar a las víctimas de un bando, pero la ley refleja las fosas de víctimas del franquismo y también las que se produjeron en zona republicana…

Están contempladas todas las víctimas. Hablamos de cerca de 300 fosas. Lo he explicado en distintos ámbitos. En esas más de 10.000 víctimas, las hay de un bando y de otro. No queremos una ley que sirva para la confrontación, sino que avance en la convivencia. Por eso entendemos que es tan importante hablar de memoria y de convivencia. Rescatar nuestra historia, abrirla, rescatar a seres queridos del pasado oscuro de las fosas es construir la propia historia y avanzar hacia el futuro. Es muy importante saber qué pasó, por qué pasó. Desde el Instituto de la Memoria se trabajará también para facilitar el conocimiento y la accesibilidad a los documentos. La difusión es importantísima. Hay que saldar la deuda de la democracia con demasiadas víctimas que siguen estigmatizadas. Aquellas víudas o viudos, aquellas niñas y niños que perdieron seres queridos porque fueron fusilados después de procesos sumarísimos o sin proceso alguno, fueron demasiado tiempo denostados y tratados como delincuentes. Las familias esperan recuperar esa dignidad

Las exhumaciones de fosas en Paterna reciben la ayuda de la Diputación de Valencia. Pero se ha producido un incidente cuando la juez ha rechazado hacerse cargo del procedimiento. ¿En estos dos temas, el de quién financia las exhumaciones y el de la intervención judicial, aporta la ley alguna novedad?

La ley deja claro que la financiación corresponde a la Administración autonómica. No significa que sea la administración de oficio que proceda a la apertura de las fosas. Eso se hará a instancia de las familias y las asociaciones legitimadas que la norma contempla. Pero lo asume directamente. ¿Por qué? Porque seguimos los cánones que nos marca Naciones Unidas, que entiende que no podemos hacer que los familiares asuman un proceso tan complejo y tan cuantioso desde el punto de vista económico.

Otro tema es el proceso judicial. Si como consecuencia de la apertura de una fosa se abren unas diligencias judiciales, corresponde a ese juzgado el control. La identificación de las víctimas correspondería al Instituto de Medidicna Legal. En Paterna entendió que los hechos estaban prescritos.

Pero está en juego si son los forenses judiciales o los que colaboran con las asociaciones de memoria histórica los que se hacen cargo de las identificaciones.

Si no se hubiera acordado el archivo, tendría que haberse hecho cargo el Instituto de Medicina Legal. Se tendría que haber trasladado allí los cuerpos. Ese auto de Paterna está recurrido en reposición y me imagino que se recurrirá en apelación ante la Audiencia. Hay que esperar a ver qué pasa. Si se entiende que hay que continuar, no tanto para la averiguación de los posibles autores, que evidentemente sabemos que están muertos, o una vez constatada la prescripción de los delitos, algo sobre lo que hay mucha discusión, sino porque debe hacerse en el marco judicial, lo tendrá que decidir la Audiencia Provincial.

La ley crea el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, que ha generado cierta discrepancia interna en la Generalitat porque a Hacienda le parece demasiado caro.

Bueno, a Hacienda le parece demasiado caro todo. Es la posición inicial de la que partimos desde principios de austeridad y racionalidad del gasto. En la memoria económica que aportamos se diseñaban las políticas a impulsar y la configuración de este instituto, que va a permitir canalizar todas las medidas que la ley establece. Es de donde va a salir el plan estratégico para la recuperación de la memoria. Nosotros, a la hora de diseñar el instituto nos hemos basado en modelos similares que están funcionando hace años en el País Vasco, en Cataluña y en Andalucía.

Le puedo asegurar que si compara las estructuras, la valenciana es más austera en número de funcionarios y en presupuesto. Me sorprendió el famoso titular de los 19 jefes. El concepto de jefe es una nomenclatura propia de la estructura de la Administración que refleja la existencia de funcionarios de distinto nivel en los que en realidad jefes de servicio son los de los grupos A1 y A2. En el modelo que presentamos a Hacienda son 6 personas. El resto son jefes de sección o de negociado, pero se trata de grupos inferiores que se dedican a la gestión puramente administrativa.

He criticado mucho aprobar leyes sin memoria económica, o con una disposición adicional que dice que no conllevará incremento del gasto porque creo que son brindis al sol. Hubiera ocasionado mucha frustración a los valencianos y valencianas que están esperando hace tanto tiempo encontrarse una ley sin una memoria que acompañe y defina el proyecto.

http://www.eldiario.es/cv/entrevista-Gabriela_Bravo-Justicia-Administracion_Publica-memoria_democratica-politica_0_666683600.html