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Maestre: “El cambio de las 52 calles por Ley de Memoria Histórica no tardará mucho”

Madrid Press, | 12 julio 2017

Había indicado que el cambio físico de las placas tenía la fecha de “finales del mes de junio”

 

 

 

AFIRMA QUE HAY QUE HACERLO “BIEN”

El cambio de la nomenclatura de las 52 calles madrileñas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica “no tardará mucho”, según ha indicado la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, quien ha precisado que hay que hacerlo “bien”.

En declaraciones a Cuatro, Maestre ha indicado que no se tardará “mucho” en comenzar los cambios, pero que hay que hacerlo “bien”, avisar a los vecinos y “explicarlo con antelación”. Además ha señalado que estos cambios “no costarán mucho”.

“No hay discusión de que la Ley de Memoria Histórica se va a aplicar en Madrid; hay un consenso de la mayoría del Pleno del Ayuntamiento que ha aprobado el nuevo callejero”, ha apuntado.

Maestre había indicado que el cambio físico de las placas tenía la fecha de “finales del mes de junio”.

Estas declaraciones de Maestre llegan después de que la directora general de Comercio y Emprendimiento, Concepción Díaz de Villegas, haya indicado que el Ayuntamiento de Madrid tiene “en fase de estudio” una línea de subvenciones que serviría para ayudar económicamente a los comerciantes afectados por el cambio de nombre de las calles en las que están sus negocios en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

La concejala del PP Almudena Maíllo ha elevado este martes a dicha comisión una pregunta sobre una potencial línea de ayudas económicas a comerciantes después de que se aprobara el cambio de nombre de 52 calles en aplicación de la Memoria Histórica.

Según datos aportados por el Ayuntamiento y puestos sobre la mesa por Maíllo, este primer cambio de placas afectará a unas 50.000 personas y 2.000 locales. La popular ha cifrado en unos 2.500 euros de media los gastos que conllevará para cada comerciante el cambio de nombre, lo que sumaría un monto total de 5 millones de euros, cantidad a la que habría que añadir los gastos de los trabajadores autónomos de las primeras plantas de los edificios.

La directora general ha contestado que una potencial convocatoria pública de subvenciones está en fase de estudio y está condicionada a una previa justificación de su viabilidad y de su interés que determine si el cambio de nomenclatura “es causa directa de daños económicos que deban ser compensados por la Administración”, más allá de las molestias que pueden provocar.

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