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Paradojas de la Memoria Histórica en Valladolid

Orosia Castán. Último Cero, 10-09-2017 | 12 septiembre 2017

Fosas destruidas y restos trasladados de una fosa a otra sin identificación

 

 

POR OROSIA CASTÁN 10 SEPTIEMBRE 2017

En estos días de ferias y fiestas que se celebran en la capital, ha vuelto a producirse la queja ciudadana por la exhibición del escudo de Valladolid en la escalera del edificio del ayuntamiento vallisoletano. La queja se produce porque el escudo, representación de la ciudad y por tanto de todos los vallisoletanos, está manchado por la Cruz Laureada de San Fernando, otorgada por el dictador a los golpistas que arrasaron la ciudad y asesinaron a la mayor parte de sus gobernantes, elegidos por sus vecinos en las urnas.

Una protesta más de las decenas que se vienen repitiendo desde hace años y que reclaman la eliminación de este símbolo franquista de una enseña que nos representa a todos; y es que la eliminación de los símbolos franquistas es un mandato legal, como muy bien saben los actuales mandatarios, un imperativo que ellos mismos exigían al anterior alcalde, que mantenía los símbolos contra viento y marea.

Ahora, con una coalición de izquierdas en el gobierno municipal, el escudo con la Laureada no solo se mantiene, sino que pasa a exhibirse en el mismo recinto en que fue juzgado y condenado a muerte el alcalde legal, Antonio García de la Quintana, y sin que durante el tiempo en que esta coalición ocupa la municipalidad se haya planteado la obligación del consistorio de restablecer el buen nombre de los regidores republicanos asesinados por los golpistas, ni los de los funcionarios que se mantuvieron leales, ni mucho menos retirar los honores otorgados a Franco y demás represores.

Ciertamente, los honores fueron entregados por regímenes diferentes y hace mucho tiempo, tanto que algunos piensan que estas distinciones son de papel, negando así su significado simbólico; pero todos tenemos que tener claro que si aquellos regidores fueron culpables por sustentar un régimen criminal y recompensar a los verdugos con medallas, calles y honores, los regidores de hoy son los responsables de no retirarlos y abstenerse de condenar los hechos, dando la callada por respuesta.

Nombres de calles, Cruz Laureada, medallas a Franco y a sus cómplices, alcaldías honorarias…. todo sigue igual con el gobierno municipal de izquierdas, y quizá sea eso lo que más enfada a los ciudadanos, que no dan crédito al hecho de que el alcalde actual, Oscar Puente, perteneciente al partido que resultó masacrado por el franquismo, sea renuente en sus palabras y expeditivo en sus actos, y que lejos de cumplir con la ley de Memoria (a la que aludió en su toma de posesión), mantiene e incluso exhibe la simbología en la casa de todos, el Ayuntamiento, como ha ocurrido durante estas fiestas. Por su parte, los socios de gobierno, Izquierda Unida y Sí se Puede, mantienen con su socio de gobierno un contencioso sobre el tema, sin que logren encontrar la forma de inducirle al cumplimiento de la ley, y de esta manera la situación se mantiene igual.

Paradójicamente, el ayuntamiento apoya con entusiasmo (y con miles de euros) la apertura de fosas en el cementerio del Carmen, actuación que la ARMH está llevando a cabo desde el pasado año y sobre la que planean muchas dudas. Efectivamente, el consistorio vallisoletano ha firmado con esta asociación convenios por valor de 60.000 euros en tres fases: una primera, sufragada con 25.000 euros; una segunda, por valor de 10.000 y la tercera, firmada esta misma semana, por otros 25.000 euros.

Los dos primeros convenios tenían por objeto excavar fosas comunes del cementerio, y la última partida parece que va a destinarse a la edificación de un “panteón y memorial que acogerá a las 228 personas recuperadas por esta asociación”, según publican fuentes de la misma.

Así pues el panteón, punto final de esta actuación, va a ser erigido por una asociación particular con la que el ayuntamiento firma un convenio, en lugar de hacerse cargo desde la institución, que cuenta con todo tipo de medios técnicos y humanos. Es decir, que el diseño, las dimensiones y la construcción de un elemento tipo panteón dentro de un recinto público, la llevará a cabo esta asociación, es de suponer que contratando personal por su cuenta, tanto para la proyección como para la realización, procedimiento que ha seguido con la apertura de las fosas. Paradójico si tenemos en cuenta las defensas entusiastas y las recientes luchas llevadas adelante para lograr la remunicipalización de servicios y obras que se hacen desde la institución y que en la calle apoyamos y suscribimos.

Otro importante punto de desacuerdo y de incomodidad entre los afectados es la falta de información y de participación con que estas actuaciones se están llevando a cabo. Si verdaderamente los restos que se van a depositar en este cenotafio pertenecen a las víctimas del franquismo, la deferencia mínima hacia las familias obliga a convocarlas, reunirlas y escuchar su opinión y sus deseos, en lugar de presentarles como hechos consumados y sin posibilidad de rectificación las fosas abiertas, los restos trasladados de lugar, sin identificación, y el panteón construido. Quizá, eso sí, las familias sean invitadas a la inauguración del nuevo enterramiento, que seguro que es público.

El consistorio se equivoca. Los restos de las víctimas no son cualquier cosa, ni pertenecen a nadie. Hay en nuestra provincia miles de personas que han pasado todos los días de su vida intentando encontrar información acerca de sus familiares. Otros tuvieron la fortuna de conocer el lugar de enterramiento, y de hecho, ya en tiempos del alcalde socialista Rodríguez Bolaños se realizaron actuaciones al respecto en el cementerio de la ciudad. Las fosas comunes, conocidas por todos, registradas en los documentos municipales y señalizadas por las propias familias, fueron objeto de una cata en presencia de decenas de hijos y nietos de los allí enterrados. Al abrir la primera fosa, todos los presentes se dieron cuenta de la imposibilidad de su objetivo, que era rescatar, identificar y entregar los restos a los familiares. Entonces se tomó la decisión de adquirir parte del terreno y colocar en él un memorial, a sabiendas de que los enterramientos se hallaban repartidos en varias fosas más, y que muchas de ellas ya habían sido vaciadas en el transcurso de los años.

Esto era, por lo tanto, un acto simbólico. Las víctimas de la represión enterradas en el cementerio del Carmen superan el millar. Entre ellos se encuentran los casi 500 fusilados (muchísimos de ellos procedentes de otras localidades de la provincia, autoridades municipales incluidas), y centenares de víctimas de asesinato extrajudicial, unas identificadas y otras no, pero todas ellas registradas minuciosamente en el Libro de Enterramiento tras la orden judicial correspondiente y su inscripción de fallecimiento en el Registro Civil vallisoletano.

Y eso porque los sublevados, ante la enorme cantidad de cadáveres que día tras día se amontonaban en el Depósito Judicial (situado en los sótanos del antiguo Hospital Provincial), dispusieron los enterramientos en los grandes cuadros vacíos del cementerio: el 64, el 53, el 58….(ver plano del cementerio de la época). Y allí, entre capas de cal viva, enterraban a las víctimas sin caja, con los que la destrucción de los cuerpos se aceleraba.

Pero las víctimas de la violencia fascista, enterradas por tandas, no eran los únicos ocupantes de estas fosas comunes, ya que tal y como demuestran los documentos, otras muchas personas fallecidas por causas naturales fueron enterradas en los mismos espacios.

Por norma, los cementerios realizan un vaciado de las fosas, comunes o cuyo alquiler se ha extinguido, cada cincuenta años. Este trabajo, conocido como monda, consiste en la exhumación de los restos que contienen estas fosas y su traslado al osario municipal. Así se consigue que el terreno quede libre para ulteriores enterramientos.

Esto se entiende perfectamente al ver la primera fosa que levantó la ARMH en 2016. La fosa en superficie era muy pequeña; pero los familiares, que la conocieron en su origen, dicen que la fosa era enorme; que se trataba de una zona vacía en la que se fueron abriendo huecos y enterrando los cuerpos. Con el paso del tiempo la fosa se fue reduciendo, y el espacio resultante fue ocupado por nuevas sepulturas que acabaron por rodear lo que quedaba de la fosa original, reduciéndola a una esquina. A esa pequeña fosa simbólica seguían acudiendo las familias, sabiendo que en realidad la fosa ocupaba un espacio mucho mayor aunque no fuera visible.

La fosa fue excavada. Como es natural aparecieron restos y se evidenció lo anteriormente dicho: que la fosa original era mucho mayor y que sobre ella se habían construido nuevos enterramientos. Por fin, se extrajeron restos de 186 personas, la fosa fue cerrada y a fecha de hoy, simplemente ha desaparecido.

La conclusión, nada alentadora, es que se ha destruido una fosa de referencia a donde los familiares solían dirigirse, para construir otra en la que se volverá a enterrar los mismos restos sin identificar y sin que los familiares lleguen a saber si los restos trasladados de esta manera corresponden a sus familiares o no.

Las fosas comunes del cementerio del Carmen no han sido descubiertas ahora. Los medios de comunicación han hablado de “descubrimiento”, haciendo hincapié en una supuesta ausencia de documentación, e incluso hablan de “inexistencia de registros en el cementerio”; y en ese sentido, se ha publicado que la identificación iba a ser imposible, y en eso aciertan de lleno.

Pero la causa no es la falta de documentación, porque en el Archivo Municipal de Valladolid puede consultarse el Libro de Enterramientos del Cementerio del Carmen, un documento legal que registra exhaustivamente todas y cada una de las inhumaciones que en el recinto se han realizado. Este registro indica el año, mes y día en que se produce el entierro; recoge el nombre y apellidos del muerto, y en caso de ser un cuerpo sin identificación, se hace constar esa circunstancia, indicando el género y la edad aproximada; recoge la causa de la muerte, con lo que se puede saber perfectamente quién ha muerto por causas violentas y quién por causas naturales; y por si esto fuera poco, indica la procedencia del cuerpo, en qué fosa del cementerio ha sido enterrado y finaliza con el dato del coste de la operación.

Y esta no es la única documentación existente acerca de las fosas. Existe el Registro Civil, donde se hallan recogidos prácticamente en su totalidad los fallecidos, con fecha, nombre y apellidos, filiación, lugar de nacimiento y residencia; estado civil, profesión, número de hijos, lugar, causa de la muerte y lugar señalado para su enterramiento. En el caso de cadáveres sin identificar, se hace una descripción física de la víctima y de su vestimenta (ningún cadáver portaba pertenencias personales, como cartera o reloj, y en ningún caso documentación).

Si a estos documentos unimos las “Órdenes del Gobernador”, en las que el gobernador civil ordena al encargado del cementerio enterrar los cuerpos de las víctimas de fusilamientos y de asesinatos extrajudiciales, podemos comprobar que las víctimas de la represión franquista enterradas en el cementerio de El Carmen de Valladolid están suficientemente documentadas, y que mediante un estudio meticuloso de dichos documentos, se pueden localizar dentro del recinto las fosas en las que fueron enterrados.

Es entonces cuando surge la pregunta: ¿por qué abrir las fosas y sacar los restos, que como la misma asociación asume, no van a poder ser identificados? Es mucho más razonable, de cara a las familias, a la memoria y al erario público identificar, señalar y dignificar dichas fosas (lo que queda de ellas), velando por su integridad y, lo más importante, colocando elementos que identifiquen a los allí enterrados como víctimas del franquismo.

El segundo interrogante que muchos nos planteamos viene dado precisamente por la información del Libro de Enterramientos, ya que se ve claramente que las víctimas de la violencia fascista fueron a menudo enterradas simultáneamente y en la misma fosa que otros vallisoletanos fallecidos por causas naturales. Esto, que puede verse en la práctica totalidad de las fosas comunes, nos lleva a la conclusión de que estas fosas son, en sentido estricto de la palabra, comunes, por lo que en ellas fueron enterrados juntos asesinados y fallecidos por causas ajenas a la represión. Nada que ver con el sentido de la expresión fosa común utilizada para describir el enterramiento, normalmente en descampado, de varias víctimas asesinadas a la vez y arrojadas en un solo hueco.

Los restos exhumados en el cementerio del Carmen han sido sacados de una fosa para volver a ser enterrados en otra. Es muy probable que los restos correspondan a víctimas de la represión mezclados con fallecidos que nada tuvieron que ver con la violencia desatada a partir de julio de 1936; personas enterradas en fosas comunes por razones obvias: pobreza (de hecho, los enterramientos están considerados como de pobres en el Libro de Enterramientos); suicidio, imposibilidad de conseguir un lugar propio, indigentes, transeúntes, etc. Siempre nos quedaremos con la duda, pues ateniéndonos a la primera actuación llevada a cabo, de 186 cuerpos se ha identificado solamente uno.

Así que los familiares están acudiendo al cementerio y a las asociaciones para preguntar si van a llamarles para la realización de la prueba del ADN; si les van a entregar los restos de sus familiares, que es su objetivo; quieren saber dónde están ahora mismo los restos y si se está haciendo algo con ellos… ignoran también, porque nadie se lo ha comunicado, el destino final, dónde o cómo serán depositados los restos extraídos, y sobre todo lo que ignoran es el papel que ellos, que son los descendientes directos, tienen en este proceso.

Por todo esto hubiera sido necesario realizar un estudio previo y pormenorizado de todas las fuentes documentales y orales con el fin de tener en la mano toda la información necesaria antes de actuar; localizar a los familiares, informarlos detalladamente y pedir su participación, como es su derecho. La prudencia aconsejaba también realizar consultas a los diversos agentes sociales implicados: asociaciones memorialistas, organizaciones civiles implicadas, historiadores, universidad…. Un tema como éste nos afecta a todos y ha sido objeto de reivindicaciones continuas durante años y años, víctima de silencios administrativos, de inacción política y de incumplimiento institucional, y por tanto se merece el asesoramiento más cuidadoso, la participación de todos los elementos implicados y sobre todo, la información más puntual y detallada sobre todas y cada una de las actuaciones que se realicen, su objetivo, sus plazos, los resultados, costes, etc..

El cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en Valladolid se resumiría así a fecha de hoy, terminando el año 2017 y bajo un gobierno municipal de izquierdas en la ciudad:

Pervivencia de calles y símbolos franquistas

Presencia de la Laureada (el símbolo más explícito de los crímenes cometidos) en el escudo de la ciudad

Mantenimiento de los honores institucionales a los genocidas y sus cómplices

Ausencia de reconocimiento, homenaje institucional o restauración de su honor a las autoridades democráticas asesinadas

Lugares de Memoria sin identificación, sin señalización y sin protección

Fosas destruidas y restos trasladados de una fosa a otra sin identificación y sin saber siquiera si se corresponden o no con las víctimas de la violencia fascista.

Son muchas las Comunidades y las ciudades que se plantean el estudio, la mejora y el cumplimiento total de la ley de MH de 2007, ya que existen determinadas atribuciones que es posible asumir desde las instituciones locales. Pero Valladolid no está entre ellas, e incluso la propia ley, como puede deducirse de todo lo anterior, se está incumpliendo.

De ahí la paradoja de la MH en Valladolid: puede pasarse de un gobierno municipal de derechas, que hace gala de su negativa a cumplir la ley…y así lo hace, a un consistorio de izquierdas que hace ostentación de su cumplimiento… y no lo hace.

http://ultimocero.com/opinion/2017/09/10/paradojas-de-la-memoria-historica-en-valladolid/