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Zamora, castigada por la represión

La Opinión de Zamora, 03.09.2017 | 5 septiembre 2017

En Zamora, el Foro por la Memoria es el encargado de trabajar en estas tareas e investigaciones

 

Un consejo de guerra celebrado en agosto de 1936 condenó a prisión a cinco ciudadanos de la capital por “adhesión a la rebelión”, todos ellos fueron finalmente asesinados

Azahara Ramos

El motivo, una denuncia pública de la ilegalidad de la sublevación militar del 18 de julio de 1936. Un Boletín de Información de Sociedades Obreras que declaraba la ilicitud del golpe de Estado, a la vez que llamaba a los trabajadores a la huelga con el fin de frenarlo, llevó a la condena a muerte a un ciudadano de la capital, y a la pena de prisión para otros cinco zamoranos por su participación en el mismo, a través de un consejo de guerra. Previamente, por la elaboración del circular fueron condenados Antonio Pertejo y Manuel Antón, el día 3 de agosto de ese año, y posteriormente fusilados el día 7 del mismo mes.

El consejo de guerra contra los seis habitantes de la ciudad se celebró el 25 de agosto. De los acusados, José Ferrero Miranda, de veintidós años, maestro y secretario de la Universidad Popular y dirigente de la Juventud Socialista Unificada, fue condenado a muerte. El resto de las personas fueron sancionadas con penas de reclusión en la cárcel. Sin embargo, todos ellos fueron finalmente asesinados. El daño no terminó aquí, puesto que las víctimas fueron, posteriormente, encausadas por la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas, que se encargó de destituir e inhabilitar a los maestros del grupo para ejercer la profesión.

Entre las víctimas se encuentra Trinidad Esteban Bailón, habitante del barrio de Olivares y pintor de diecisiete años de edad cuya sentencia dictó su sometimiento a quince años de prisión por “auxilio a la rebelión”, tras haber sido acusado de participar en la distribución del boletín. Trinidad Esteban fue sacado de la cárcel y asesinado el día 17 de septiembre de 1936. Ese mismo día mataron también a José Herrero Rodríguez, albañil de cuarenta y dos años.

El consejo de guerra también se ocupó de una mujer, María Salgado Ferreras, sastra de veintitrés años, a la cual se condenó a los mismos años de cárcel para ser asesinada el 29 de septiembre. Carmelo García Rueda vivió la misma experiencia, era maestro y contaba con veinticuatro años en 1936, fue hallado muerto el 11 de noviembre. Su hermano Adolfo, también docente y de veintidós años, fue asesinado dos días después. La familia de ambos recuperaría los restos de los dos en 1941. Sebastián Lozano Barrios, albañil de veintiséis años, fue otro represaliado por causa de la misma sentencia.

Otro acusado fue José Ferrero Miranda, maestro de veintidós años, secretario de la Universidad Popular y dirigente de la Juventud Socialista Unificada, quien fue condenado a muerte por “adhesión a la rebelión” y fusilado el 4 de septiembre. Su padre, Valentín Ferrero García, que ocupaba el cargo de director pedagógico del hospicio, había sido uno de los primeros asesinados en Zamora tras el Golpe de Estado, y su abuelo, Fabián Miranda, de ochenta y tres años, fue también ejecutado el 29 de octubre. La Guerra Civil también acabaría con la vida de su hermano, Valentín Ferrero Miranda, en 1939.

Después de matar a las seis víctimas, la persecución no se detuvo. El día 26 de agosto de 1936, Raimundo Hernández Cortés, gobernador civil, hizo anunciar la destitución aquellos que tenían cargos como maestros, incluso para aquellos que no ejercían. Estos fueron los hermanos García Rueda y los Ferrero. Más tarde, en 1940, la Comisión de Depuración del Magisterio, abrió unos expedientes por los que se procedió a la inhabilitación perpetua de Carmelo García Rueda y José Ferrero Miranda para el ejercicio de la profesión. Además, la comisión de incautación de bienes llevó a cabo un procedimiento contra sus familiares después de la muerte de los represaliados. Tras la aprobación en 1939 de la Ley de Responsabilidades Políticas, el expediente pasó a esta jurisdicción.

En el contexto de la sublevación militar y el comienzo de la Guerra Civil, Zamora se convirtió en una zona con mucha facilidad para encontrar a personas de izquierdas, debido a la presencia de los militares rebeldes desde el primer momento de la contienda. El golpe de Estado fue planeado minuciosamente meses antes de llevarlo a cabo con el objetivo de eliminar el movimiento obrero y las organizaciones republicanas y de militantes izquierdistas más destacados. En la ciudad, los sublevados contaron con casi todas las fuerzas del orden público, que inmediatamente se pusieron del lado de los golpistas. De esta forma, sus ficheros con los datos de las personas pertenecientes a grupos políticos o asociaciones de izquierdas quedaron en manos de las autoridades militares. La tarea de hacer listas negras muchas veces fue decisiva y determinó que los implicados murieran o no. En el primer caso se encuentran ciudadanos de lugares zamoranos como Torres del Carrizal, Gallegos del Pan o Monfarracinos, entre otros, donde el número de asesinados es elevadísimo y fue dosificado cuidadosamente. Un gran número de víctimas fueron destituidas de sus cargos por asuntos políticos, en muchos casos terminaron encarceladas o asesinadas.

El relato legitimador del sistema que justificaba la Dictadura en los años de su desarrollo también afectó a la ciudad, donde se comprobó que el relato oficial hablaba de unas mil doscientas víctimas en toda la provincia, cifra incompleta, ya que en la actualidad se habla de unas mil quinientas. aunque probablemente la cifra sea mucho mayor. Muchos represaliados no están inscritos en ningún lugar ni tuvieron un procedimiento judicial.

Bajo el lema Verdad, Justicia y Reparación, las diferentes asociaciones que luchan por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y su recuperación, luchan en todo el país porque no se olviden estos hechos, puesto que el trabajo de las administraciones es nulo. Las agrupaciones de este tipo existen en los distintos puntos del Estado desde hace varios años. Algunos de sus miembros ya estaban involucrados en la resolución de este tema anteriormente. En Zamora, el Foro por la Memoria es el encargado de trabajar en estas tareas e investigaciones.. Sus miembros reclaman que los acontecimientos no queden en silencio por parte de los familiares de los afectados, y además rechazan la forma como se cerró la Transición, que consideran injusta, puesto que los crímenes del Franquismo quedaron indemnes con la Ley de Amnistía de 1977. De esta manera, el objetivo de estas asociaciones es cerrar la impunidad de los crímenes del Franquismo.

La Ley de Memoria Histórica pide el reconocimiento y los derechos de las víctimas republicanas, pero las instituciones cada vez hacen menos por cumplirla, y en las últimas legislaturas no se ha dado presupuesto para ello. En los últimos años, su cumplimiento cuesta cada vez más. Las asociaciones voluntarias no reciben subvención para desarrollar competencias que deberían llevarse a cabo por las administraciones. En Zamora, el Foro por la Memoria tiene claro el establecimiento de bases de datos que contengan información sobre los represaliados o quiénes eran, aunque no siempre se conocen detalles de todos. Para ello, siguen métodos como las entrevistas orales o distintas fuentes.

El barrio zamorano de Olivares recoge los relatos de los familiares supervivientes de algunos asesinados por parte de la represión. En esta situación, muchos casos eran conocidos por la tradición oral aunque no por otras investigaciones, y ninguna asociación ni institución pública había hecho una distribución de víctimas por barrios. Las primeras investigaciones concretaron diecinueve represaliados de la zona, incluidos menores de edad y una mujer. Después, han aparecido tres víctimas más. Tras la instalación de un memorial en honor a esas personas, el acto de homenaje tendrá lugar el próximo 8 de septiembre a las 20.00 horas en el parque de Olivares, al lado de las Aceñas. Todos los ciudadanos, sin excepción, están invitados a acudir. Estarán presentes miembros de la Asociación de Vecinos del barrio, promotora de la realización del monolito, y familiares de los represaliados. Se leerán textos y habrá dos cantantes. También ha sido invitada la Fundación Ramón Acín, que ha permitido el uso de la lápida que el artista proyectó para la Fosa Común de Huesca. El criterio seguido para incluir a los asesinados en 1936 ha sido su muerte en ese año y su pertenencia al barrio.

La realidad de la represión es muy poco conocida, y actos como este invitan a otras personas que la conocen a que la pongan en común. Durante la Dictadura, existió un relato que legitimaba o justificaba el sistema. Reclaman el cumplimento de la Ley de Memoria Histórica, aunque considerada insuficiente, es un paso para el avance en la justicia y la consecución de la aclaración de la verdad y reparación de las víctimas.

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/09/03/zamora-castigada-represion/1029403.html