Historia oculta de un símbolo falangista que refleja las contradicciones urbanísticas y las luchas de poder del régimen

 

Barcelona retira las placas de sus portales medio siglo después

El anuncio en la web Todo Colección –mercado online de antigüedades, arte y coleccionismo– reza así: “MUY BELLA Y ESCASA PLACA FRANQUISTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. YUGO Y FLECHAS. FALANGE”. El vendedor garantiza “señales” de que “ha estado colocada en un edificio”. ¿El precio de la placa? 120 euros. ¿Caro o barato? Pues es difícil de decir, lo que sí sabemos es que lo de “escasa” es cierto, porque se trata de un objeto que comienza a escasear en el mercado: el Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a retirar 570 placas franquistas de las fachadas de edificios «en cumplimiento de la ley de memoria histórica».

«Esta casa goza de los beneficios del decreto ley del 27 de noviembre de 1953 y es de renta limitada». O: «Edificio construido al amparo del régimen de Viviendas de Protección Oficial». Los mensajes de estas placas tenían una función: recordar a todos los vecinos de España que el régimen franquista se tomaba muy en serio la vivienda social.

Más allá del debate sobre la permanencia de la simbología franquista en nuestras calles cuatro décadas después de la muerte de Franco, estas placas reflejan una historia del urbanismo español que merece la pena recordar: o cuando el debate sobre la vivienda de protección oficial atizó las contradicciones urbanísticas y las luchas de poder de las familias del franquismo.

Yugo y flechas

En efecto, las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) con yugo y flechas son las más icónicas, pero no las únicas que permanecen en las fachadas de nuestros edificios: las hay más antiguas, del Ministerio de Trabajo (que tuvo parte de las competencias en vivienda en los primeros años del régimen), y no llevan el yugo y las flechas. ¿Por qué la vivienda protegida del franquismo acabó envuelta en la iconografía falangista?

El Instituto Nacional de la Vivienda fue creado en 1939 en el seno del Ministerio de Acción y Organización Sindical, y bajo la dirección de Federico Mayo, cuyos méritos glosaría ‘ABC’ en un obituario en 1954: «Al terminar la guerra, en la que tomó parte activa hasta la total liquidación del marxismo, ante el tremendo problema de la escasez de casas, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, y al señor Mayo le fue confiada la dirección de este organismo, que ha regentado con singular acierto hasta su muerte […] Como buen navarro era un católico ferviente, hombre de gran temple, español por encima de todo, con extraordinaria capacidad de trabajo y buen juicio, y su hombría de bien y austeridad constituyen un ejemplo admirable», resumió el diario sobre Mayo, que también fue jefe nacional de la Obra Sindical del Hogar (OSH), brazo de la Falange que dinamizaba la construcción de vivienda social. O la sindicalización del problema de la vivienda en los primeros años del franquismo.

La primera ley de viviendas protegidas del régimen, auspiciada por el Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, llegó en 1939 entre gran fanfarria propagandística, como demuestra el logo del INV –el que aparece en las placas que retira ahora el Ayuntamiento de Barcelona– en el que se funden una casa con la enseña rojinegra falangista. La vivienda en España, en definitiva, era una prioridad política para la Falange, un campo en el que plasmar sus ideas sobre la ‘nueva’ sociedad.

Los servicios técnicos de la Falange Española de las JONS elaboraron en 1939 un documento sobre el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción en el que apostaban por la construcción de barrios en los que se superaran las barreras de clase. Pedro Muguruza –arquitecto (suyo es el Palacio de la Prensa en la Gran Vía madrileña), agitador falangista y primer director general de Arquitectura– cargó durante esos años contra la especulación urbanística burguesa y su gusto por hacer negocios a costa de la vivienda humilde.

La cruda realidad

Pero los ambiciosos planes sociales falangistas chocaron con la realidad de la posguerra: más de 800.000 madrileños vivían en chabolas y similares en 1940, pero el régimen solo fue capaz de edificar 4.198 viviendas nuevas en la ciudad entre 1940 y 1944, cifra irrisoria dado el deseo de Francisco Franco de que «todos los españoles tuvieran un hogar con lumbre».

Los cuarenta, en definitiva fueron una década perdida para el INV, lastrado tanto por la escasez de recursos (financiación, materiales) como por la falta de coordinación entre los diversos estamentos arquitectónicos y urbanísticos del régimen –Dirección General de Arquitectura, Dirección General de Regiones Devastadas, Instituto Nacional de Vivienda, Obra Sindical del Hogar, etc.– cuyos planes de ordenación y reconstrucción –lanzados desde diferentes ministerios (Gobernación, Trabajo, etc.)– chocaban y se contradecían muchas veces entre sí.

No fue hasta mitad de los cincuenta cuando el INV –incapaz de solucionar la escasez de vivienda digna hasta entonces– empezó a tener una influencia de peso sobre el territorio. La Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 –a la que aluden algunas de las placas retiradas ahora– puso límites a los precios de las casas e impulsó la creación de viviendas de protección oficial; pero, al mismo tiempo, comenzó a limar el discurso arquitectónico falangista de los cuarenta, al dar luz verde a la construcción de bloques en altura, que la Obra Sindical del Hogar había tachado años antes de «calabozos» y «colmenas» que alienaban a los obreros.

El ‘boom’ del ladrillo

La paradoja es que el momento de gloria del urbanismo falangista escondía en realidad su decadencia política: en febrero de 1957, el franquismo creó el primer Ministerio de Vivienda, liderado por José Luis Arrese –arquitecto y ministro/secretario general de Falange Española de las Jons (1941-1945)–. Pero la creación de un ministerio no supuso un impulso al urbanismo social de la Falange, sino más bien lo contrario: la vivienda y el suelo se liberalizaron, los propietarios sustituyeron a los inquilinos y las inmobiliarias (y no los teóricos falangistas) comenzaron a decidir en última instancia cómo debían planificarse las ciudades. La iniciativa privada, en definitiva, acababa de sustituir al Estado. El franquismo construyó entonces mucha más vivienda de protección oficial que antes, pero la principal prioridad urbanística (hacer negocio) era ya otra.

En contexto histórico: el régimen había pasado de la autarquía a la liberalización, y de los agitadores falangistas a los tecnócratas del Opus.

«La nueva política radicaba en entregar a la iniciativa privada las herramientas jurídicas y financieras para desarrollar la construcción de vivienda social, convirtiéndolo en negocio rentable. Lo que reflejaba el cambio de la política económica franquista, al eliminar también en este terreno el intervencionismo, abriéndose a la regulación del mercado. Arrese promovió la vivienda en propiedad frente al alquiler, y apoyó la máxima rentabilidad del sector privado. Esta nueva política derivó en una arquitectura especulativa que favorecía la construcción en torre (viviendas de hasta 13 alturas), frente a la política de poblados y su reparto del terreno en unifamiliares», según una investigación de Jesús López Díaz.

Es en esa época cuando se construyeron la mayoría de los edificios que aún conservan las placas con yugo y flechas en las que el Instituto Nacional de Vivienda sacaba pecho social. Si a los edificios construidos entonces por la iniciativa privada se les hubiera puesto también una placa identificativa, habría aún miles de placas así por todas las ciudades españolas, y por tanto no serían un bien escaso a la venta por 120 euros en internet, sino como mucho a 1,20 euros la placa.

https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-10-29/placas-franquistas-portales-viviendas_1467409/