Diputados de 1978 tras el asesinato de Caparrós: «Nos preguntan por las calles por las responsabilidades polÃticas»
Enrique Riverola, el gobernador civil, nunca fue reprobado por lo que ocurrió en Málaga aquel dÃa
Néstor Cenizo
Los polÃticos malagueños que investigaron la muerte del joven eran conscientes, meses después, del «trauma» que creó la intervención policial contra los manifestantes del 4 de diciembre de 1977
Francisco de la Torre, actual alcalde y entonces diputado, cambió su postura por contar «con más información»: pasó de calificar la intervención de «brutal e indiscriminada» a considerar que se produjo «en cumplimiento de su obligación»
«Nos preguntan en las calles si ya se ha acordado quiénes tienen al menos las responsabilidades polÃticas», decÃa el diputado comunista Tomás GarcÃa el 27 de junio de 1978. Se refiere a que, en Málaga, la gente le para y le pregunta si entre todos esos diputados que investigan, que son 23, han llegado ya a alguna conclusión respecto a quién es el responsable de que alguien, probablemente un policÃa, le pegara un tiro traicionero a un muchacho de 18 años durante unas manifestaciones pacÃficas por la autonomÃa andaluza.
Se puede intuir que GarcÃa contestarÃa a sus paisanos con evasivas, porque la Comisión de Encuesta que investigó la muerte de Manuel José GarcÃa Caparrós llegó a la conclusión de que no habÃa ningún responsable polÃtico. Tomás GarcÃa no sabÃa entonces que tampoco los juzgados encontrarÃan un culpable. «La investigación policial fue un desastre, la comisión parlamentaria, una tomadura de pelo, la instrucción sumarial, un monumento a la ineficacia», escribió en Secretolivo el periodista Juan de Dios Mellado, que estuvo allà y siguió todos los procesos posteriores para escribir Morir por AndalucÃa. Ni las responsabilidades polÃticas ni las criminales o administrativas se depuraron nunca.
Aquel 27 de junio de 1978 se presentaba ante la Comisión de Encuesta el informe que habÃa elaborado una ponencia de diputados. Aquel dÃa, Tomás GarcÃa informó a sus compañeros de comisión de que Málaga habÃa sufrido una «profunda conmoción» y un «trauma» el 4 de diciembre y advertÃa de las heridas que quedarÃan abiertas si los diputados no cumplÃan con la tarea que habÃan asumido cuando se constituyó la comisión: arrojar luz y determinar las responsabilidades de lo que los propios polÃticos malagueños habÃan calificado como la «brutal e indiscriminada» represión policial que acabó con la vida de un muchacho.
Uno de aquellos diputados era el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. HabÃa ganado su escaño por UCD, el partido entonces en el Gobierno, y votó contra la exigencia de responsabilizar al Gobernador Civil, Enrique Riverola. De la Torre era comprensivo con Riverola, de quien recordaba su fama de aperturista. También justificó en el Congreso que la policÃa interviniera como lo hizo «en cumplimiento de su obligación» y «con los medios a su alcance». Lo hizo, decÃa De la Torre, para «procurar mantener la paz y la tranquilidad en la ciudad, que estaba en aquellos momentos alterada en muchos de sus sectores».
Sin embargo, De la Torre habÃa exigido explicaciones a los policÃas el 4 de diciembre y habÃa sido uno de los polÃticos malagueños que firmó, aqel mismo dÃa de 1977, un manifiesto mostrando su «indignación» por que «las Fuerzas de Orden Público» hubieran reprimido «de forma brutal e indiscriminada» la manifestación «pacÃfica y entusiasta». Para justificar su cambio de opinión, el actual alcalde alegó que el dÃa en que murió GarcÃa Caparrós él contaba con información «reciente, viva y directa, pero muy incompleta».
De la Torre explicó en la comisión que cuando habló de actuación «brutal e indiscriminada» de la policÃa, el mismo 4 de diciembre de 1977, no sabÃa que las ventanas del edificio de Diputación habÃan recibido exactamente 32 impactos y que se habÃan roto algunas ventanas antes de que la policÃa interviniera a porrazos y, en el caso de un grupo de agentes, a tiros. Su compañero en UCD, Huelin Vallejo, habÃa insistido en esa tesis, aventurando que cualquier gobernador civil, del partido que fuera, hubiese dado orden de intervenir si un edificio oficial estuviese siendo atacado. Sin embargo, GarcÃa Caparrós recibió el tiro policial a un kilómetro del edificio de Diputación.
El Gobernador Civil que no sabÃa nada
La votación del informe de la ponencia deja otra duda en el aire. ¿Conspiraron algunos elementos de la policÃa contra el gobernador civil? Tomás GarcÃa, el diputado del PCE, recuerda que el comisario jefe Francisco Durán recibió y transmitió una información «retardada, tergiversada o cambiada al llegar al Gobernador». «El propio Gobernador nos dijo a los parlamentarios que se le habÃa informado que se estaba asaltando la Diputación», destaca ante la comisión de encuesta. Ante el supuesto «asalto» se ordenó la intervención. Sin embargo, el policÃa Antonio Morales aseguró que lo más alarmante que le habÃa dicho al comisario jefe Durán fue que «la cosa se está poniendo fea».
Cuando el diputado socialista Carlos Sanjuán preguntó por qué le habÃa zarandeado la policÃa, el Gobernador Civil no le dio explicación alguna porque, como dice Mellado en su artÃculo, «no sabÃa nada». Para completar el cuadro de un dirigente superado por los acontecimientos o puenteado por su policÃa, el diputado Tomás GarcÃa revela que Riverola se enteró por un periodista de que habÃa un fallecido. Pese a ser el máximo responsable polÃtico, Enrique Riverola nunca fue reprobado por lo que ocurrió en Málaga aquel 4 de diciembre, sino que fue rápidamente nombrado director general de Correos y Telecomunicaciones. Nada se dijo tampoco de la actuación policial.
Los 23 diputados de la comisión de encuesta concluyeron que la «situación socioeconómica» de Málaga era la causa «remota y palpable» de lo que ocurrió. Diez de los 23 votaron (incluyendo los de PSOE y PCE) contra la segunda conclusión, que declaraba que habÃa que «tener en cuenta» que, cuando pidió que sólo se llevaran banderas andaluzas, la propia organización de la manifestación habÃa exaltado a los ultra-derechistas, y que los organizadores habÃan fallado en garantizar el orden. La tercera conclusión es que no habÃa un responsable polÃtico de lo que pasó. PSOE y PCE presentaron un voto particular, exigiendo la responsabilidad de Riverola y el presidente de la Diputación, Francisco Cabezas.
Sà hubo unanimidad en declarar la «suficiencia» de la investigación parlamentaria de los sucesos de Málaga.