Un informe del Gobierno, mantenido oculto durante 40 años, reconocía que fue una bala de la Policía la que mató al joven

 

Un informe del Gobierno, mantenido oculto durante 40 años, reconocía, solo 10 días después de los hechos, que fue una bala de la Policía la que mató al joven durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977

EVA GARCÍA SEMPERE / VÍCTOR ALONSO ROCAFORT

El 4 de diciembre de 1977, en Málaga, la manifestación hoy considerada un hito para la Autonomía andaluza acabó con un joven de 18 años muerto. Entre los múltiples heridos se encontraba al menos uno por bala, de tan solo 14 años. Aquel escándalo forzó al Congreso de los Diputados a crear una Comisión de investigación que duró 11 meses y en la que declararon policías, políticos, periodistas y manifestantes. Sin embargo, solo se hicieron públicas unas tibias conclusiones que no reconocieron la autoría policial. Al resto de documentos se le aplicó la losa del secreto. Y el caso judicial se cerró en falso. No era la primera vez, ni sería la última, que esto se iba a dar en la Transición.

Las hermanas del fallecido, Manuel José García Caparrós, reclamaron a todos los grupos parlamentarios el pasado 9 de marzo que la documentación completa de aquella Comisión se hiciera pública. El 31 de marzo desde Izquierda Unida registramos una petición formal a la Mesa del Congreso. Esta sería rechazada el 18 de mayo. Entonces insistimos. El 1 de junio presentamos un escrito de reconsideración y a finales de mes, a la vista de nuestros argumentos y con el apoyo de nuestros miembros en la Mesa, se solicitó un informe complementario al servicio de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara.

Finalmente, el 13 de octubre lograríamos la autorización para acceder a los documentos. Nos pusieron dos condiciones: i) las copias que recibiríamos tendrían los nombres tachados, y ii) no podríamos sacar ni fotografiar la documentación. Al menos, tras las preceptivas consultas, nos garantizaron que podríamos revelar aquello que descubriéramos. Se aplicaba para ello la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y un decreto de 2011 que regula el sistema de archivos de la Administración, incluido su acceso.

En 2007 Rosa Burgos había publicado un libro fundamental para el caso, La muerte de García Caparrós. Este trabajo lo realizó gracias a que recuperó el sumario judicial y logró acceder a parte del archivo del Congreso. Estos documentos los ha hecho públicos Burgos hace unos días en la revista El Observador, con el apoyo de El País, agrupándolos en un libro que ha titulado Las muertes de García Caparrós.

Sin este antecedente de 2007 nos hubiera resultado difícil orientarnos y discernir aquello de mayor relevancia entre las 675 páginas de documentos que teníamos, que se encuentran además mezclados con la investigación de los sucesos del 12 de diciembre en La Laguna, Tenerife. Ese día el estudiante Javier Fernández Quesada perdió la vida por un disparo de la Guardia Civil en el campus universitario, un caso que también ha quedado sin resolver y sin responsabilidades políticas.

Lo que hemos descubierto acerca del 4D malacitano incluye informes oficiales que no fueron entregados en su momento a Burgos, así como las declaraciones de los testigos ante la Comisión, que también han permanecido ocultas durante estos 40 años.

Antonio Maíllo solicitó, con el apoyo de Teresa Rodríguez, nuestra comparecencia en el Parlamento andaluz para informar públicamente de todo lo que estábamos encontrando. Extrañamente el gobierno del PSOE se negó y en su lugar la Junta trasladó una nueva petición al Congreso para que se hiciera público el archivo. Apoyamos esta solicitud y en su reunión del pasado 21 de noviembre la Mesa autorizó al vicepresidente de la Junta a acceder al archivo secreto del 4D en las mismas condiciones que nosotros. Hasta el momento no sabemos si se han desplazado a Madrid para consultarlo.

El primer informe inédito que descubrimos, y cuyo contenido enseguida nos llamó la atención, fue uno del propio Ministerio de Gobernación firmado por el entonces Subdirector General de Seguridad, José Sainz. En él se reconoce, tan solo 10 días después de los hechos, que fue una bala de la Policía la que mató a García Caparrós. Y se describe con precisión el lugar donde le alcanzaron: el número 5 de la Alameda de Colón, en la acera, junto a un pequeño quiosco. Sainz informa también del arresto de varios agentes.

¿Por qué se los arrestó? ¿Cuántos y quiénes fueron? Son preguntas que ya hemos trasladado al Ministerio del Interior, pues hasta el momento solo se sabía de la apertura de expediente a un policía que en aquellas jornadas agredió a un diputado.

Otro documento de importancia es el Informe de la Ponencia, de “carácter secreto”, firmado en junio de 1978. Esta Ponencia la conformaron parlamentarios de los principales partidos de aquella Legislatura Constituyente. En él se recoge lo ya indicado desde Gobernación: una bala de la Policía mata a García Caparrós. También revela que, además de Miguel Jiménez, el chico de 14 años al que dispararon en el brazo, hubo un tercer herido que recibió un balazo en el pie izquierdo.

En las declaraciones de los agentes que hemos leído, la versión de que se disparó al aire se mantiene casi sin fisuras. Por eso los testimonios de civiles que se guardan en el archivo del Congreso –que incluye a mujeres y a varias personas que no aparecen en el sumario– resultan tan relevantes.

Uno de estos testigos relata el momento en que García Caparrós es alcanzado. Describe el instante en que los policías disparan y se vuelven, cómo ve al chaval, tirado en el suelo, de rodillas, moviéndose hacia una esquinilla. Afirma que García Caparrós tropezó o cayó, y que es entonces cuando le disparan. Que la postura de los policías al disparar es hacia la pared, no al aire. Que le parece que uno era un sargento. El testigo narra cómo las balas rasgaban el aire y cómo, en cuanto cesaron, él voló a por el chaval. Le manaba sangre desde la tetilla del lado izquierdo, prosigue. El herido quiere decir algo, pero no tiene fuerza. Y lo coge, lo ayudan entre dos, lo llevan con otros y se forma un corro de gente. El dueño de un coche se niega a sacarlos de allí. El testigo se lo recrimina. El conductor, finalmente, accede.

Otro testimonio recuerda un tiroteo intenso cuando cae García Caparrós, de casi dos minutos. ¡Hay fuego real!, comenzaron a avisarse unos a otros. Y se tiraron al suelo, bajo los coches, tras las palmeras. Este testigo describe por vez primera al conductor del Simca 1.000 que trasladaría al centro hospitalario al herido, que moriría en el trayecto, y a Carlos Carmona, el estudiante de Medicina que lo acompañaría: tendría unos 50 años, llevaba bigote, nos dice. También retrata la ropa, la sangre, lo lacio que estaba Manuel José.

Un comerciante, al que rompieron la mandíbula mientras buscaba a su esposa entre las cargas, es quien confirma lo que recogería después el Informe de la Ponencia: vio un tercer herido de bala que había sido alcanzado en el pie. Las versiones policiales se agrietan, ¡los disparos al aire impactaban en los pies!

Y a pesar de todo, la Comisión se cerró en falso. Releer los compromisos públicos de los constituyentes al aprobar su creación, indigna. Las conclusiones de la Comisión se hicieron públicas a finales de noviembre de 1978, a escasos días de aprobar la Constitución. Los grupos socialista y comunista emitieron sendos votos particulares sobre la falta de aviso de la Policía antes de cargar, así como marcaron su discrepancia sobre la ausencia de responsabilidad política de Enrique Riverola, Gobernador Civil de Málaga.

Éste es quien ordenó “despejar” la Plaza de la Diputación. Según el testimonio de un periodista, el Gobernador sabía por la prensa desde las 14.25 horas que la Policía a su cargo disparaba fuego real en las calles. ¿Nadie le pudo informar antes? ¿Por qué no ordenó el cese inmediato de los disparos? Según el Comandante Jefe de la Policía Armada, Cirilo Molina, el tiroteo en el que murió García Caparrós fue a las 14.30 horas. La responsabilidad política de Riverola era lo mínimo a exigir. El ministro de Gobernación entonces era Martín Villa.

La Policía siguió visitando e intimidando a testigos del caso durante años. Se trasladaron agentes, se dio de baja una pistola sospechosa, se actuó de forma lamentable en los análisis balísticos, con errores de bulto difíciles de justificar.

Hasta aquí lo más relevante de lo que hemos encontrado. La reflexión política ha de venir después y ha de resultar amplia. No puede ser que se cerrara así la Comisión. No puede ser que se dejara así a la familia, a los amigos, a toda la gente que durante años se ha preocupado por conocer la verdad, exigiendo reparación y justicia. No puede ser tanta impunidad. Y finalmente, no puede ser que todo esto se ocultara en el mismo corazón del Parlamento. Si esto ha sucedido con García Caparrós, quien simboliza para tantos la lucha por una Andalucía libre y que a título póstumo ha sido nombrado Hijo Predilecto de su ciudad y su Comunidad, no es difícil imaginar el destino de tantos otros casos trágicos del periodo.

Cuando comenzamos esta investigación nos dijimos que nos debíamos a la verdad histórica, encontráramos lo que encontráramos. También queríamos transmitir claramente un mensaje: dentro de 40 años habrá quien investigue sobre todo lo que pueda suceder hoy. Estamos seguros de ello. Esa es también nuestra garantía, nuestra pacífica advertencia, la del hilo rojo y democrático de la historia.

Eva García Sempere y Víctor Alonso Rocafort

http://ctxt.es/es/20171213/Politica/16691/garcia-caparros-4D-policia-bala-informe-CTXT.htm