Baleares multará con hasta 150.000 euros la exhibición de simbologÃa franquista
El Parlament ha aprobado una ley que prevé sanciones para quienes se nieguen a retirar elementos de espacios públicos y privados abiertos a la ciudadanÃaAngy GalvÃn
El Parlament ha aprobado una ley que prevé sanciones para quienes se nieguen a retirar escudos, placas y otros elementos de espacios públicos y de espacios privados que estén abiertos a la ciudadanÃa
Baleares sigue asà los pasos de AndalucÃa, que también cuenta con una normativa con el mismo régimen sancionador
Además, incluye un censo de vÃctimas y la retirada de distinciones, tÃtulos y honores concedidos a los golpistas.
El Parlament balear ha aprobado este martes la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, gracias a la iniciativa la mayorÃa de izquierdas de la Cámara autonómica (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Podemos, Més per Menorca y Gent per Formentera), apoyada también por el PI. Entre otras medidas, incluye multas de hasta 150.000 euros para quienes se nieguen a retirar escudos, insignias, esculturas, placas y otros elementos que enaltezcan el franquismo.
El régimen sancionador afectará a los responsables de espacios públicos o privados cuyos espacios tengan una proyección pública. Laura Camargo, diputada de Podem y una de las cuatro polÃticas encargadas de elaborar esta ley, pone como ejemplo un parque de atracciones ubicado en Menorca, que tiene en una gran águila de piedra cerca de la entrada. Aunque este espacio sea privado, está abierto al público, por lo que estarÃa sujeto a posibles multas si no retira el águila.
Baleares sigue el camino marcado por AndalucÃa , que en 2016 aprobó una normativa que estipula el mismo régimen sancionador. La ley balear recoge tres tipos de sanciones: leves, de entre 200 y 2.000 euros (por ejemplo, impedir que el público acceda a espacios memorialÃsticos); graves, de entre 2.000 y 10.000 euros (por ejemplo, exhibir simbologÃa franquista); y muy graves, de entre 100.000 y 150.000 euros (por ejemplo, dañar espacios memorialÃsticos o incumplir la orden de retirada de simbologÃa franquista).
Esta nueva normativa podrÃa afectar al monumento franquista más importante de las islas: el dedicado al Crucero Baleares y conocido popularmente como ‘Sa Feixina’. Pese a la voluntad del Ayuntamiento de Palma de retirar el monolito, el derribo se encuentra paralizado en los tribunales. Años atrás fue retirada toda la simbologÃa franquista que tenÃa, pero las asociaciones memorialÃsticas denuncian que sigue siendo el mayor monumento fascista del archipiélago.
Espacios e itinerarios de la memoria
En el archipiélago también existirá un censo de sÃmbolos franquistas y un censo de los llamados «espacios e itinerarios de la memoria», es decir, lugares memorialÃsticos, como un museo o un muro en recuerdo a las vÃctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El objetivo es que las administraciones públicas tengan constancia de dónde están ubicados los espacios memorialÃsticos para impedir que se retiren o destruyan. Y, en el caso de que esto ocurra, proceder a su reparación.
Estos espacios e itinerarios de la memoria servirán para dar a conocer la historia de represión y persecución tras el golpe militar. Camargo explica que, por ejemplo, existe un campo de concentración en Formentera que querrÃan convertir en un museo. Ciudadanos y el PP se oponen a la denominación de «itinerarios de la memoria»: creen que no deben existir estas rutas, presentes en paÃses como Alemania. Los dos partidos han votado a favor de la mayorÃa de los artÃculos de la ley balear, pero no a favor de estos espacios ni del régimen sancionador.
La ley también incluye como objetivo el conocimiento y la difusión de la historia de Baleares desde la Segunda República hasta el Estatut de 1983. La Conselleria de Educació tendrá que promover contenidos y actividades sobre memoria histórica en la ESO, en Bachillerato y en Educación para adultos. En esta lÃnea, la normativa contempla la conservación y recuperación del patrimonio documental y bibliográfico para ponerlos al conocimiento de la ciudadanÃa.
Censo de vÃctimas
El archipiélago también contará con un censo de vÃctimas, que no existe todavÃa a nivel estatal. «Será un registro oficial de todas las personas que puedan ser consideradas vÃctimas de la Guerra Civil y la dictadura», explica Camargo. El censo explicará el tipo de represión que sufrió cada persona. Como sucede en la ley de fosas de Baleares, aprobada por unanimidad en 2016, serán consideradas vÃctimas tanto los republicanos como los franquistas.
Camargo defiende que esta «concesión» no debe «desvirtuar el espÃritu de la ley»: «No queremos equidistancia entre vÃctimas y verdugos. A pesar de alguna mÃnima concesión que se ha hecho por el espÃritu de consenso, queremos poner en valor que las vÃctimas reales fueron las que sufrieron toda la represión sistemática producto de un golpe de estado contra un régimen democrático».
Anulación de distinciones y de los juicios
Un dÃa después de que se hiciera público que Carmen MartÃnez-Bordiú ha reclamado el tÃtulo de Duque de Franco y Grande de España que ostentaba su madre, la ley balear establece que su abuelo se quedará sin todos los nombramientos que recibió durante la dictadura, como la medalla de oros y diamantes que le otorgó la extinta Diputación de Mallorca. Gracias a la nueva normativa, se anularán todas las distinciones, tÃtulos, nombramientos y honores concedidos a los sustentadores del régimen golpista.
La aprobación de la ley balear se produce una semana después de que PP, PSOE y Ciudadanos tumbaran la reforma de la Ley de AmnistÃa que pretendÃa juzgar los crÃmenes franquistas. Para Camargo, la normativa balear «pone de manifiesto las reclamaciones de las asociaciones memorialÃsticas, bajo los ejes de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».
En esta lÃnea, la ley establece la declaración de ilegalidad de los tribunales y procedimientos instruidos en la Guerra Civil y la dictadura. SupondrÃa la nulidad de todas las sentencias y causas de carácter administrativo, penal y civil, siguiendo la ley aprobada en Catalunya en 2017. Gracias a ello, el juicio de Emili Darder, el último alcalde republicano de Palma, podrÃa ser anulado.