El Parlamento navarro condena el golpe de Estado del 36 y reitera su apuesta por la “cultura de paz”
Un informe jurídico, por otra parte, avala la “constitucionalidad” del cambio legal para sancionar por simbología franquista
TXUS IRIBARREN / PATXI CASCANTE – Martes, 20 de Marzo de 2018
PAMPLONA- La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó ayer por unanimidad (PPN no asistió a la sesión) una declaración institucional por la que la Cámara foral afirma su “condena” al golpe militar de 1936 y de la dictadura en España y su “compromiso” con “una cultura de paz, respeto y tolerancia” que había sido presentada por el cuatripartito. Esta declaración fue respaldada la semana pasada por trece autonomías en un congreso sobre memoria histórica con el que Navarra lideró este campo ante la pasividad estatal. Por otra parte, la Cámara también se dio también por enterada de un informe jurídico en el que el PP ha sido también protagonista (en este caso de forma activa, ya que lo pidió, no por ausencia) sobre la propuesta de modificación de la ley foral de memoria histórica para incluir sanciones en el caso de que no se cumplan preceptos que tienen que ver con el mantenimiento de simbología franquista y otras cuestiones que afecten a las víctimas. El informe jurídico del Parlamento señala que no hay “tacha de inconstitucionalidad” aunque insta a ser muy rigurosos y afinar en su aplicación.
En la primera declaración la Cámara muestra su “compromiso” con “la memoria como herramienta para el recuerdo de la injusticia de la violencia y como medio para construir sociedades más justas, más éticas, más solidarias y más democráticas, donde aquellos trágicos acontecimientos no puedan volver a producirse”. Finalmente, el Parlamento reitera su “compromiso” con “los derechos humanos y con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
AVAL AL RÉGIMEN SANCIONADOR Por otra parte -como ya adelantó DIARIO DE NOTICIAS- un informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra sostiene que “no existe tacha alguna de inconstitucionalidad” en la pretensión de incluir un régimen sancionador en la ley foral de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. El informe ha sido emitido después de que el PPN lo solicitara ante la proposición de ley presentada por I-E y apoyada por los socios de Gobierno, para modificar la Ley Foral 33/2013 de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 (ley foral de memoria histórica). La Mesa y la Junta de Portavoces se dieron por enteradas ayer lunes del informe de los servicios jurídicos sobre la adecuación a la Constitución de la proposición de ley foral para modificar la ley de víctimas del franquismo.
En el informe los servicios jurídicos del Parlamento exponen que la proposición “pretende tipificar mediante norma con rango de ley una serie de conductas que implican la infracción de una norma legal, estableciendo ante dichos incumplimientos las correspondientes sanciones pecuniarias y también multas coercitivas”.
Según señalan, “la tramitación de los expedientes y la imposición de las sanciones que, en su caso, procedan, se atribuye a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra competente por razón de la materia”. Se recuerda, asimismo, en el informe que otras CCAA han regulado regímenes sancionadores similares como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, o en fase de anteproyecto la de Extremadura.
El informe, no obstante, dice que es “oportuno indicar que las obligaciones que se derivan de la ley foral para los sujetos públicos y privados y la tipificación de las infracciones que se van a sancionar en vía administrativa deben estar plenamente ajustadas así como la determinación de los responsables de los incumplimientos que se van a tipificar como infracciones” y “también hay que evitar en lo posible las cláusulas generales o indeterminadas además de garantizar la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables de forma que no se puedan sancionar incumplimientos de la ley que aunque reales durante su vigencia no estén tipificados como tales antes de la entrada en vigor de la ley foral que, en su caso, regule las actuaciones que van a conllevar una sanción administrativa”.
