Manuel García Muñoz lamenta que el PP utilice su trabajo para desacreditar el memorial de 3.000 fusilados por la dictadura en Madrid

El investigador Manuel García Muñoz lamenta que el PP utilice su trabajo para desacreditar el memorial con el que el Ayuntamiento de Madrid quiere homenajear a 3.000 fusilados por la dictadura

«Alguien ha sido capaz de interpretar mi libro en su propio interés, sin respetar mi voluntad», explica

Se define como antifranquista y asegura que Salvador Puig Antich, del que fue amigo, le marcó para oponerse de por vida a las cárceles y a la pena de muerte

Manuel García Muñoz (Baza, Granada, 1948) ha formado parte del equipo multidisiciplinar –coordinado por el historiador Fernando Hernández Holgado– que ha elaborado el informe para el Ayuntamiento de Madrid sobre los casi 3.000 ejecutados en la tapia del cementerio del Este entre 1939 y 1944.

Su libro Los fusilamientos de la Almudena es una de las fuentes usadas para completar el listado y fue mencionado hace unas semanas por medios de comunicación conservadores y por el Partido Popular en el Consistorio. El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, solicitó que se excluyesen a  355 miembros de la Checa entre los represaliados por el franquismo a los que homenajear.

La obra ha sido utilizada para desacreditar el futuro memorial municipal a los fusilados. «Alguien ha sido capaz de interpretar mi libro en su propio interés, sin respetar mi voluntad; duele, porque ese uso va en contra del planteamiento y de mis motivaciones al escribirlo», explica.

Y esas motivaciones no son otras que arrojar luz sobre la historia de las víctimas de la dictadura. Reclama el derecho de los investigadores a trabajar con documentos públicos y a acceder a sus datos, que fueron ocultados durante años: «Una vez descubiertos, ¿quién soy yo para ocultarlos, si podrían tener valor para alguien? Porque muchas personas aún no saben qué pasó en la guerra con sus padres o con sus abuelos. En el informe incluimos datos que pueden tener valor para familiares o interés para investigadores, y ahora alguien los ha utilizado de forma totalmente ilegítima».

Para aclarar por qué no se deben eliminar los nombres de los ‘chequistas’ del listado –como defendió en pleno el concejal Mauricio Valiente, responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del consistorio madrileño–, García Muñoz explica que los juicios sumarísimos de posguerra, que desembocaron en la pena capital para miles de republicanos, fueron ilegales e ilegítimos, y por eso «pueden ser considerados nulos, no contienen ningún elemento probatorio, no son materiales judiciales, y sí documentos históricos. Por eso no tenemos elementos para entrar a juzgar a los llamados ‘chequistas’. Estar a favor de alguien no significa pensar que no hizo nada, y entrar en lo que hizo o no hizo me provoca rechazo. Volver a juzgar es demencial».

Influencia de Puig Antich

En su autodefinición como antifranquista influyó decisivamente el momento en que conoció a Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974, cuando ambos hacían el servicio militar en Ibiza: «Salvador estaba destinado en enfermería, ya por entonces estaba clara su disidencia anarquista. Dos años después, en 1973, vi su foto en el periódico. Nos reunimos varios compañeros de mili y seguimos con angustia las noticias del consejo de guerra y de su ejecución. Lo terrible es que conocí a su verdugo, Antonio López Sierra, porque Basilio Martín Patino y yo rodamos con él para la película Queridísimos verdugos. Aquel hombre, que había ejecutado a Jarabo, estaba destinado en Madrid y fue designado para cumplir la pena de muerte de Salvador».

El caso Puig Antich le marcó de por vida, y despertó en él una radical oposición a la pena de muerte: «A ningún Estado, por muy democrático que sea, le reconozco la capacidad de disponer de la vida de las personas. Rechazo radicalmente que tengan la más mínima competencia en esta materia». Dice «odiar» las cárceles, y su rechazo se extiende a las situaciones penitenciarias de cadena perpetua o prisión permanente revisable.

Además de trabajar con Martín Patino, fue ayudante de dirección de Pedro Lazaga y José Luís García Sánchez, entre otros, director de documentales como Testamento de un pueblo (Espiga de Oro en el Festival de Valladolid) y autor del libro ya citado y de 80 mujeres. Las mujeres fusiladas en el Madrid de la posguerra. Este mes de abril saldrá a la luz Detrás de las rejas. Ejecuciones en Carabanchel 1944-1975, un minucioso trabajo que concreta en 202 la cifra de personas muertas, por fusilamiento o garrote, en el centro penitenciario de Carabanchel desde su puesta en funcionamiento hasta la muerte del dictador.

La mayor parte tuvieron lugar en sus primeros años, cuando se cerraron la mayoría de prisiones madrileñas: «La última ejecución de un preso de la cárcel de Porlier fue en febrero del 44, y la primera en Carabanchel –tres atracadores a la vez– en marzo. Llevaban a los reos a campos de tiro en los cuarteles del barrio de Campamento, y después los enterraban en el cementerio de Carabanchel Alto. Antonio López, el verdugo de Salvador, fue el autor de muchas de las realizadas mediante garrote».

Reparación de las víctimas

Aunque hubo miles de condenas a muerte en la posguerra inmediata, en 1945 Franco aprobó un decreto que concedía el indulto total a los condenados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta 1939. «Lo que ocurrió fue que mucha gente tenía varias condenas, por eso muchos antifranquistas siguieron en prisión en los años cincuenta e incluso los sesenta», explica. A esa cifra de 202 ejecutados se han de añadir tres más: los militantes del FRAP José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso, presos en Carabanchel pero que fueron ejecutados en Hoyo de Manzanares (Madrid).

En su opinión, Franco y los militares que le acompañaban no supieron ganar la guerra, aunque aclara que muchos republicanos tampoco supieron perderla. Añade que el contexto bélico no puede hacer olvidar que solo hubo una responsabilidad: la de quienes se sublevaron y desencadenaron la contienda.

Y sobre el concepto de reparación para las víctimas de la dictadura, tiene una idea muy clara: «¿En qué cabeza cabe que las familias no tengan derecho a compensaciones, si les quitaron no solo dinero y propiedades, sino la posibilidad misma de trabajar? Sin ser familiar de víctima, comparto las reivindicaciones de estas personas. Cualquier posición de un familiar es legítima. Quienes no hemos vivido esa situación podemos entenderlas, pero no todo. Considero esas víctimas como mías, como también considero mías las de los familiares de las victimas de Paracuellos, por ejemplo. Tenemos que conocer lo que pasó, no para diferenciar las historias de los dos bandos sino para integrarlas; unas y otras son legítimas. Sus historias son nuestras historias. Si las incorporamos a nuestros recuerdos podremos reflexionar mejor sobre nuestro pasado y nuestro futuro».

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