La división entre partidos sobre la Ley de Amnistía de 1977 evidencia una brecha con consecuencias fatales para las víctimas de la dictadura

La división entre partidos sobre la Ley de Amnistía de 1977 evidencia una brecha política con consecuencias fatales para las víctimas de la dictadura de Franco y sus familiares.

Cuarenta años de democracia, cuarenta años esperando. Cuatro décadas después de sus primeras elecciones libres tras otras tantas décadas de dictadura, España ha pasado de ser una esquina atrasada de Europa a convertirse en un referente para muchos de modernidad y progresismo. Cualquiera diría que el poeta Jaime Gil de Biedma se equivocaba cuando escribió aquello de: «De todas las historias de la Historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal». Aunque, pese a que la historia no haya terminado, cuarenta años de democracia no han bastado para juzgar los crímenes del régimen de Francisco Franco.

Hace solo unas semanas que el pleno del Congreso español votó sobre una propuesta de reforma de la controvertida Ley de Amnistía de 1977. Diferentes fuerzas de izquierdas y regionales pedían introducir un párrafo que abriese la puerta a juzgar los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Dicha ley, considerada a menudo un pilar de la democracia española, «se ha convertido en uno de los principales obstáculos para facilitar verdad, justicia y reparación», explica a DW el presidente de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán. Ahora que ya no hay miedo a hablar, cada vez son más las denuncias de desapariciones forzadas, torturas o bebés robados, entre otros presuntos crímenes de esta oscura época.

Pero la historia volvió a terminar mal, o al menos otro capítulo, para las víctimas y sus familiares. El conservador Partido Popular (PP), los socialdemócratas del PSOE y los autoproclamados liberales de Ciudadanos (el llamado «bloque constitucionalista» en el contexto del conflicto político de Cataluña) votaron en contra. Los delitos estarían «prescritos», según el PP. Al PSOE, por su parte, le preocupaba la «inseguridad jurídica» que, creen, generaría tal reforma.

«No reformar la Ley de Amnistía es una excusa que dura más de cuarenta años», critica Beltrán. No solo lo dice esta organización de derechos humanos. Desde 2013, cinco mecanismos de Naciones Unidas han recordado a España que las amnistías son incompatibles con sus obligaciones internacionales. Pero España hace oídos sordos a estas recomendaciones internacionales. «Parece ser que en este sentido los Pirineos sí son muy altos», ironiza la periodista alemana Julia Macher, entrevistada por DW. De puertas para adentro, las dinámicas políticas pesan más que los compromisos de derechos humanos. Los partidos que se oponen a reformar la ley «no asumen que lo que hubo en España fueron crímenes de derecho internacional, por lo que no hay prescripción y hay que investigarlos», subraya el dirigente de la organización de derechos humanos.

¿Una cuestión de izquierda y derecha?

En España se tiende a pensar que la llamada memoria histórica es una cuestión de izquierdas y de derechas. El PP es heredero político de la extinta Alianza Popular, un partido de la Transición integrado principalmente por exjerarcas franquistas. Con frecuencia critica el tema como un intento de la izquierda de «reabrir heridas del pasado». Lo cierto es que el pasado está a menudo muy presente en este país en el que se calcula que hay alrededor de 2.500 fosas comunes y en el que la Fundación Francisco Franco no solo es legal, sino que incluso recibe dinero público. Frente a esto, «ha sido la izquierda quien sí ha querido recuperarlo», explica en una entrevista con DW Julia Macher, corresponsal alemana en el país ibérico.

Un ejemplo de ello sería la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Entre otras cosas, pretendía que se retirase la simbología en apología de la dictadura que permanecía en el país. A día de hoy, muchas calles conservan los nombres de altos cargos y generales del franquismo. Pasan los años, pero el polémico Valle de los Caídos sigue intocable. España tiene miedo de abordar su pasado.

Pero la tesis de la división izquierda-derecha solo se sostiene en relación con esta ley de 2007, reconoce Macher. Respecto a la Ley de Amnistía, sostiene la periodista, la brecha está entre los partidos que defienden los pactos de la Transición y aquellos que los critican. Mientras que para PP, PSOE y Ciudadanos estos son el sostén de la democracia española, partidos como Podemos entienden que han servido para mantener la «impunidad».

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En cualquier caso, desde AI critican la propia Ley de Memoria Histórica porque «no reconoce ninguna responsabilidad del Estado y se centra en la privatización de la verdad y de la memoria». Con la llegada del PP al Gobierno, además, su presupuesto a pasado a ser cero, por lo que acaba siendo prácticamente inocua. Los familiares acaban dependiendo de dinero privado para realizar exhumaciones de fosas comunes. El Estado mira hacia otro lado. Una Comisión de la Verdad hubiera sido una mejor solución, argumenta Beltrán. Como las que hubo en diferentes latitudes de Latinoamérica.

El ejemplo latinoamericano

«En América Latina hay al menos cuatro países cuyas leyes de amnistía no suponen un obstáculo para la investigación de violaciones de derechos humanos; bien porque han sido anuladas o derogadas o por no ser aplicadas», recuerda Beltrán. Se refiere a Argentina, Chile, Uruguay y Perú.

Para quienes defienden los derechos de las víctimas del franquismo y sus familiares, el continente latinoamericano es un motivo de esperanza. Desde 2010, la conocida como querella argentina intenta investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista en base al principio de justicia universal. Madrid, sin embargo, no hace más que poner obstáculos al proceso judicial en Argentina, que instruye la jueza María Severini de Cubría. Beltrán condena el papel español: «España ni investiga ni deja investigar».

Desde el año pasado, además, la Justicia de México investiga un presunto caso de bebé robado. Queda por ver si la actitud de las instituciones españolas es diferente.

Una batalla contrarreloj por el pasado

Pero los trámites judiciales son largos, independientemente de las trabas que puedan surgir de la propia Justicia española. Y el reloj de arena de la vida humana se agota poco a poco. Muchos de los que piden verdad, reparación y justicia, ya sea para ellos o para sus familiares, son ancianos.

«Las víctimas y sus familiares están desesperados», apunta Beltrán. «Deben de sentir que todo el Estado democrático está en su contra». Su organización pide ir más allá de divisiones políticas y de brechas ideológicas por la simple razón de que se trata de derechos humanos. El pasado enfrenta a España y a sus partidos. Beltrán no se da por vencido: «Es una cuestión de futuro».

Autor: Enrique Anarte (VT)

http://www.dw.com/es/los-cr%C3%ADmenes-del-franquismo-siguen-dividiendo-pol%C3%ADticamente-a-espa%C3%B1a/a-43247592