Patrimonio Nacional rechaza intervenir para recuperar el pazo de Meirás y evitar su venta
AbogacÃa del Estado argumenta que «no está legitimado» para reivindicar la propiedad
Admite que pudo haber malversación de fondos, pero dice que el delito prescribió
Antares Pérez Sada
La Diputación lamenta que «eluda responsabilidades» y traslada la reclamación a Presidencia
Patrimonio Nacional, organismo público dependiente del Ministerio de Presidencia, descarta iniciar el proceso para reclamar la titularidad del pazo de Meirás. La institución responsable de los bienes del Estado descarta abrir el proceso para exigir la propiedad del este inmueble propiedad de los herederos del dictador y afirma no estar «legitimado» para reivindicar su titularidad porque «nunca fue propiedad del Estado».
El organismo ha respondido por escrito a la Diputación de A Coruña que la legislación no permite que pazo de Meirás se integre en el Patrimonio Nacional. Con su respuesta, se desentiende de la posible venta de esta residencia, que los Franco han sacado al mercado por ocho millones.
Patrimonio Nacional se escuda en un informe de AbogacÃa del Estado para justificar su negativa a presentar una demanda por la simulación del contrato de compraventa en 1941 tal y como pedÃa la Diputación. El organismo encargado de la asesorar jurÃdicamente al Gobierno considera improcedente la intervención de Patrimonio Nacional pese a reconocer en su informe que el pazo de Meirás funcionó como residencia oficial de veraneo de Francisco Franco durante toda la dictadura y que su mantenimiento y reformas se costearon con fondos públicos.
«Esto se entiende sin perjuicio de las posibles infracciones administrativas y contables e incluso la comisión de hechos delictivos (malversación) que se hubieran producido. Pero en todo caso, las responsabilidades administrativas y penales las entendemos extinguidas por la muerte de sus autores, dado que el fallecimiento del General Franco se produjo se produjo en noviembre de 1975», concluye AbogacÃa del Estado, que no se pronuncia sobre el hecho de que los herederos del dictador pretendan ahora obtener ocho millones con la venta de este inmueble.
En su informe, AbogacÃa del Estado da por válidas las conclusiones de la Diputación, que fundó su reivindicación de que Patrimonio Nacional reclamase la titularidad del pazo de Meirás en el hecho de que este inmueble fue donado al dictador en 1938 en calidad de «jefe de Estado» y que durante toda la dictadura se pagó su mantenimiento y reformas de dinero público. El hecho de que Franco hubiese aceptado la donación en 1938 para tres años después, en 1941 firmar su compra ante notario, llevó a expertos jurÃdicos de la Xunta Pro Devolución del pazo de Meirás a plantear como posible vÃa para su recuperación la de reclamar judicialmente la anulación del tÃtulo de compraventa al existir pruebas de que se trató de un «negocio ficticio».
Ni Patrimonio Nacional ni AbogacÃa del Estado se pronuncian sobre el hecho de que el pazo que fue pagado a través de cuestaciones en muchos casos forzosas, recortes en nóminas de funcionarios y aportaciones de los concellos pasase a ser propiedad del dictador. «Haya sido adquirido por el General Franco a tÃtulo lucrativo, es decir, por donación, o a tÃtulo oneroso, por compraventa, lo fue en concepto privado, por eso no ha sido inventariado por Patrimonio Nacional».
Los organismos estatales argumentan que no procede reivindicar la titularidad del pazo porque la reclamación no tiene encaje ni en la ley de patrimonio de 1940 ni en la de 1982. Aunque esta última ley recoge que deben integrarse en el Patrimonio Nacional las donaciones al jefe del Estado, AbogacÃa del Estado argumenta que no procede su aplicación con carácter retroactivo
La respuesta del organismo estatal no desanima al Gobierno provincial ni a la Xunta Pro Devolución del Pazo de Meirás, que se reunió el pasado martes para analizar la respuesta y consensuar las medidas. A la vista del escrito de Patrimonio Nacional, la vicepresidenta provincial, Goretti SanmartÃn, avanza que trasladará la petición de reclamar el pazo de Meirás para el patrimonio público al Ministerio de Presidencia, que dirige Soraya Sáenz de SantamarÃa.
La Diputación incide en que el informe de Patrimonio Nacional demuestra la «solidez del informe jurÃdico», dado que admite que el pazo funcionó como residencia oficial y que su mantenimiento y reforma fueron costeados con dinero público. El Gobierno provincial lamenta que Patrimonio Nacional «eluda responsabilidades» y afirma que continúan abiertas las vÃas para la reclamación judicial. «Patrimonio Nacional señala que no se sienten legitimados para iniciar el proceso, lo que no significa que haya otras instancias que tengan que mover ficha», advierte.
