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Un Decreto de Memoria Histórica que se queda corto y debería ser Ley

Orosia Castán. Último Cero, 13-04-2018 | 16 abril 2018

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acaba de aprobar un decreto acerca de la Memoria Histórica

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acaba de aprobar un decreto haciéndolo coincidir oportunamente con la conmemoración de la proclamación de la República / El Foro por la Memoria de Castilla y León critica que no se haya atendido su principal reclamación

POR OROSIA CASTÁN 13 ABRIL 2018

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acaba de aprobar un decreto acerca de la Memoria Histórica coincidiendo con la conmemoración de la proclamación de la República, así que se trata de un decreto muy oportuno.

Para tratar del tema, algunas asociaciones fuimos convocadas por los grupos políticos en las Cortes, costumbre que se viene repitiendo desde el año 2004, cuando tuvieron lugar las primeras Mesas de la Memoria Histórica que tenían por objeto la Ley que se aprobaría en el año 2007, y que como es evidente, no recogieron ni las objeciones ni las aportaciones de las asociaciones, reunidas en la Plataforma por una Ley de Memoria Justa y Digna.

Algunas de estas aportaciones hablaban de cuestiones que quedan pendientes a día de hoy y que el nuevo decreto no podrá afrontar, como la anulación de las sentencias franquistas, robo de niños, trabajo forzoso de presos, creación de Lugares de Memoria, ampliación de la norma que regula el acceso a los fondos de los archivos públicos y privados, que no es operativa, y otros muchos aspectos que las organizaciones memorialistas hemos logrado reunir en la llamada Carta de Vicálvaro, firmada por más de 90 asociaciones de todo el estado español y en plena vigencia a fecha de hoy.

En ese sentido, tras las reuniones mantenidas en la sede de las Cortes con las fuerzas políticas, las asociaciones y organizaciones memorialistas de Castilla y León hemos mantenido un intenso debate interno acerca del decreto, haciendo propuestas para mejorar y completar el texto. Este proceso de debate se ha llevado a cabo estrictamente entre las organizaciones memorialistas, cada una de las cuales planteó las alegaciones que le parecieron oportunas en orden a presentarlas de forma conjunta, tal y como se hizo, sin mediaciones de otras organizaciones, partidos ni sindicatos.

El Foro por la Memoria de Castilla y León, organización a la que pertenezco, presentó sus aportaciones al decreto mediante documento en Registro con fecha 4 de febrero de 2018.

Nuestra principal propuesta era la retirada del proyecto de decreto para tramitarlo como un anteproyecto de Ley, en línea con otras Comunidades Autónomas que han aprobado sus respectivas leyes en materia de Memoria. Una Ley de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León podría servir para especificar las funciones que en esta materia nuestra Comunidad puede ejercer.

Y esto se plantea así para poder afrontar aquellos temas para los que la Comunidad no tiene competencias, cuestión que se solventaría mediante una Ley propia basada en la citada Carta de Vicálvaro, documento que recoge de forma completa todas las reivindicaciones de las organizaciones que venimos trabajando desde años en el tema de la Memoria Histórica.

El Decreto pretende dar algunas soluciones a problemas relativos a las fosas comunes del franquismo, una solución como la que se ha venido aportando hasta ahora, en línea con lo recogido por la Ley de Memoria de 2007, es decir, utilizando mecanismos ajenos a la Justicia, mediante el sistema de privatización y servicios funerarios externalizados, con la diferencia de que ahora se le proporcionaría una suficiente dotación económica, frente a lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en los últimos cuatro años. En esa línea de continuismo con los gobiernos de Rodríguez Zapatero se mueve el acuerdo de gobierno firmado el 23 de febrero entre PSOE y Cs, consistente en revitalizar la Ley de Memoria de 2007 “incorporando la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria”.

Para nuestros colectivos, esta es una salida inaceptable. Las fosas comunes del franquismo no son sólo un asunto familiar, sino pruebas materiales de crímenes de lesa humanidad (el tipo penal aplicable sería la desaparición forzada, por tanto, delito permanente e imprescriptible), y como tal deben ser tratadas, es decir, que todas y cada una de las exhumaciones deben ser judicializadas. Todo lo que no se haga en ese sentido es apuntalar la impunidad franquista, favorecer el silencio y la injusticia, y a la postre, certificar el triunfo final del franquismo sobre sus víctimas y sobre la sociedad.

Puede decirse que la única alegación incluida en la redacción del decreto es la que todas las organizaciones planteamos acerca de la inclusión de la Memoria Histórica en el marco de la educación, basada en los derechos humanos y la paz, un punto importante para el que la Junta es competente, aunque el Decreto no lo desarrolla en ninguno de sus aspectos, con lo que se corre el riesgo objetivo (como ha ocurrido con la misma Ley de 12/2007) de no poder materializarse jamás.

El Decreto ha sido aprobado por fin, y como se dice más arriba, en fechas muy oportunas. De todas las organizaciones memorialistas de la Comunidad, únicamente una parte de las asociaciones se ha posicionado al lado de la Junta y apoyado el decreto.

Las demás seguimos trabajando al amparo de la Carta de Vicálvaro, intentando lograr el desarrollo de la ley de 2017, así como la implementación de leyes propias en las diferentes Comunidades, leyes que puedan afrontar todos los aspectos que han quedado al margen del Decreto que hoy se presenta y que conciernen directamente al cumplimiento del derecho a la Justicia para las Víctimas del Franquismo, en línea con las recomendaciones realizadas por la ONU al Estado español y en los parámetros que la justicia internacional aplica ante delitos que no prescriben.

http://ultimocero.com/destacada/2018/04/13/decreto-memoria-historica-se-queda-corto-deberia-ley/