“Damnatio memoriae” o por qué se han de recuperar los nombres de las víctimas
La idea de un memorial sin nombres nos devuelve una y otra vez a la idea de “buenas” y “malas” víctimas
POSIBLES ESTRATEGIAS: POR UNA LEY DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
La locución latina “damnatio memoriae” hace referencia a una “condena de la memoria”, una práctica del Imperio Romano que consistía en la eliminación del recuerdo (la memoria) de una persona, normalmente por cuestiones políticas. Esta condena llevaba a destruir todo vestigio material que hubiera podido dejar el condenado en cuestión y, además, la consiguiente creación de un silencio y una desmemoria alrededor de su persona (borrar su nombre, su historia, etc.).
Aunque esta práctica fue utilizada para condenar a distintos emperadores, numerosas personas a lo largo de la historia han corrido la misma suerte. No hemos de irnos muy lejos ni en el tiempo ni en el espacio para enunciar un paralelismo directo de “damnatio memoriae” en relación a las víctimas del franquismo en este país.
El historiador Fernando Hernández Holgado, encargado de la recuperación de 2933 nombres y apellidos de las víctimas del franquismo asesinadas en la tapia del Cementerio del Este de Madrid, ha aludido a esta práctica para denunciar la condena postmortem de las víctimas. “¿Es posible un memorial sin nombres?“, preguntaba en el acto celebrado esta mañana junto a la citada tapia. ¿Un memorial sin nombres? ¿Un recuerdo carente de memoria? Estas son las paradójicas preguntas que surgen tras la polémica generada por el monumento que el Ayuntamiento de Madrid construirá este año (PP mediante) en el Cementerio del Este.
La idea de un memorial sin nombres para evitar introducir en él a ciertas personas que pertenecieron a grupos de resistencia republicana, nos devuelve una y otra vez a la idea de “buenas” y “malas” víctimas, es decir, aquéllos que fueron fusilados “sin motivo” y aquéllos que fueron fusilados porque “eran criminales”. Avalando este discurso, esta equidistancia, no hacemos sino adoptar el imaginario franquista de lo ocurrido en la Guerra Civil y, más grave aún, aceptar que las personas que fueron asesinadas a causa de la decisión de un tribunal de guerra franquista tuvieron un trato justo y dentro de “la ley”. Al fin y al cabo, ¿cómo cuestionar la legalidad y objetividad de un tribunal militar formado por quienes dieron un golpe de Estado para eliminar una República que había sido elegida democráticamente?
Un 14 de abril como aquél de 1931 en el que se proclamó la II República, no olvidemos las últimas palabras de una de sus ciudadanas, una de las Trece Rosas, Julia Conesa: “Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. […] Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que mi nombre no se borre de la historia“.
