La «reparación integral» a las víctimas del franquismo será «moral, política, jurídica y económica», con hasta 80.000 euros para los asesinados o represaliados

La iniciativa abre también el melón de la restitución del patrimonio expoliado por los golpistas a los derrotados en la guerra civil española

El texto quiere retirar el ducado de Franco y reconocimientos como los de Billy el Niño, reconoce a los esclavos del franquismo y evita que la Ley de Amnistía sea un muro de impunidad franquista

Juan Miguel Baquero

29/06/2018

Izquierda Unida (IU) presenta su propio modelo de Ley de Memoria Histórica. La propuesta quiere que España reconozca de forma oficial a las víctimas del franquismo. La iniciativa tiene objetivos básicos como abrir fosas y cunetas para rescatar a los desaparecidos forzados, incluyendo a los bebés robados, sancionar la apología del fascismo, cambiar de nombre al Valle de los Caídos y retirar el ducado de Franco o reconocimientos como los del torturador franquista Billy el Niño.

Y una novedad al hilo de la «reparación integral», que será moral, política, jurídica y económica. El «derecho a una indemnización» que recoge el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, establece «una cuantía de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista hasta el 15 de octubre de 1977».

Un momento clave en Memoria Histórica

El texto legislativo llega en plena vorágine memorialista tras el cambio del Gobierno  «cero euros» de Mariano Rajoy por el de Pedro Sánchez que pretende asumir los retos en la materia, incluso sacando a Franco de su tumba. La ley integral para lograr la reparación de las víctimas del franquismo ha sido presentada al Congreso de los Diputados por Alberto Garzón (IU) como portavoz y en representación del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea.

Atender esta proposición de ley resulta «fundamental para la construcción democrática» del país, entienden los proponentes. «La sociedad española está obligada a reconocer oficialmente a sus víctimas» y la ley supone «una defensa sin fisuras de los derechos humanos como guía esencial de nuestra política de Estado», describe. Para «construir una democracia real es imprescindible tener en cuenta la memoria viva de quienes lucharon por las libertades», expone el documento.

La ley define como «víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario» a quienes sufrieron actos represivos desde el golpe de Estado al final de la Transición. El desagravio «moral, político y jurídico» atiende «al daño sufrido» y llega tarde, reclama el texto, porque el «tiempo transcurrido» evita que el Estado pueda reparar «a la mayor parte de ellas ni tan siquiera mínimamente».

En la «reparación integral» diseñada por IU tiene cabida una compensación económica a las víctimas y la planificación de programas de «reconocimiento» a las  Brigadas Internacionales y los guerrilleros antifranquistas. Y «de manera especial» a las  mujeres represaliadas y los disidentes sexuales. El apoyo quedará materializado a través de una Oficina de Víctimas que velará «por la efectiva aplicación de esta ley», resume el texto.

La ley también declarara «nulos e ilegales» los consejos de guerra sumarísimos y sus sentencias instruidas «por causas políticas» desde el 17 de julio de 1936. Quedando suprimidos, por tanto, sus efectos jurídicos, algo que hasta ahora no había ocurrido pese a que fueron resoluciones dictadas por instituciones «ilegítimas» como «tribunales militares o de excepción» carentes de «las garantías propias» de un proceso judicial en un país democrático.

Un «censo de la memoria democrática»

Para el resto de supuestos represivos, el Gobierno «establecerá» las cifras. La restitución abre un melón sin calar hasta ahora: el  expolio a los derrotados en la guerra civil. Así, establece «la obligación del Estado a restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales» que fueron requisados a «personas físicas o jurídicas». El resarcimiento recaería en los «herederos» y la devolución legal será con el bien robado o con «su compensación en su valor económico en la actualidad».

La formación encabezada por Alberto Garzón señala que el texto legislativo sirve para «emprender un camino democrático en el que la  impunidad de los crímenes de lesa humanidad no tengan cabida» en España. Por eso amplía el marco temporal, desde el golpe de Estado hasta la Transición con posibilidad de llegar hasta 1983, y establece medidas como declarar «nulos e ilegales» los juicios del franquismo o evitar que la  Ley de Amnistía sea un muro infranqueable.

La propuesta viene a «reconocer derechos» que no entraron en la actual ley de memorialista «ampliando y profundizando su limitado alcance inicial», expone el texto. Y lo hace con un texto de 50 páginas dividido en cuatro títulos con 63 artículos titulado ‘Proposición de Ley integral de Memoria Democrática y Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Franquismo y la Transición’.

La primera parte construye la base definitoria de la ley: disposiciones generales, con los puntos objeto de la norma y su ámbito de aplicación, y el marco internacional donde está sustentada. El segundo título especifica la categoría de «víctima» del franquismo y explica los derechos que garantizará la ley.

Entre las propuestas está la elaboración de un Censo de la memoria democrática del Estado español con información de desaparecidos y víctimas de la guerra civil, el franquismo y la Transición. Recogerá también las empresas que se beneficiaron del  trabajo esclavo durante el régimen de Franco y busca asumir la intervención en las  fosas comunes y cunetas incluyendo la elaboración de un nuevo Mapa de fosas.

Así como entrar de lleno en el caso de los bebés robados, consideradas también «víctimas de la desaparición forzada», con el impulso a «la búsqueda de los menores sustraídos bajo el amparo de las autoridades franquistas y el posfranquismo». La nueva propuesta de ley de Memoria establece además la obligación de que el Ministerio Fiscal se moje y sea parte activa con la creación de una Fiscalía especial para la investigación de desapariciones forzosas y la sustracción forzada de menores.

La propuesta de IU abre los  archivos «públicos y eclesiásticos». Y obliga a las  entidades privadas que posean documentación oficial a que la reintegren al patrimonio público. En el punto de mira, por tanto, están las asociaciones de carácter fascista y en especial la  Fundación Franco que tiene archivos «de quien fuese Jefe del Estado, ilegítimo».

Ilegalizar la apología del fascismo

La iniciativa busca hacer ilegal la apología fascista con «la sanción penal contra aquellos que aún hoy siguen justificando o ensalzando el franquismo, el nazismo y otras formas de fascismo», dice el documento. Se trata, especifica, de «ideologías incompatibles con la democracia» y esta medida busca la «homologación» de España con otros «países democráticos». Asimismo

La ley protege también la memoria de los españoles exiliados y de los  deportados a campos de concentración nazis recogiendo el 8 de mayo como Día de homenaje a las víctimas y a las defensoras y defensores de la democracia coincidiendo con el «día de la victoria sobre el fascismo en la II Guerra Mundial» que se celebra en varias naciones europeas desde 1946.

El título tercero de la proposición de ley de IU detalla la gestión administrativa y la colaboración institucional necesaria con la «garantía de suficiencia económica» que haga viable la iniciativa. Las políticas estatales añaden la puesta en marcha de Lugares y Rutas de Memoria por toda España (con categoría de Bien de Interés Cultural para los primeros) y recoge la activación de un fondo archivístico específico bajo el nombre de Documentos de memoria democrática.

La regulación de la  parafernalia simbólica franquista cerca también el caso de títulos nobiliarios como el del ducado de Franco que el exministro de Justicia Rafael  Catalá otorgó el día de la moción de censura a la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú. Y establece la retirada de «reconocimientos de carácter económico por el desempeño de su cargo» a militares, agentes policiales y funcionarios que formaran parte del aparato de represión de la dictadura. Con  Billy el Niño y el relato de sus víctimas como punta de iceberg de este escenario.

En cuanto al Valle de los Caídos, IU señala una nueva denominación: Valle de Cuelgamuros. La medida sería completada con la creación de un Museo de la memoria democrática. La proposición de ley pretende «establecer las garantías de no repetición» como uno de sus principios rectores por lo que promoverá «activamente los valores de la memoria democrática a nivel educativo, cultural y también de medios de comunicación».

El texto legislativo también recoge un «régimen sancionador» que incluirá «la clasificación de las infracciones» y la competencia sancionadora de las mismas. E interpreta que la Ley de Amnistía no debe seguir actuando como un muro de impunidad para los crímenes del franquismo porque de acuerdo con el Derecho Internacional «nunca debió ser interpretado por los tribunales como una amnistía respecto a crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos por funcionarios públicos». Los crímenes contra la humanidad son «inamnistiables e imprescriptibles», explica el documento.

https://www.eldiario.es/sociedad/IU-propuesta-Ley-Memoria-Historica_0_787072471.html