“Hay que quitarle al Valle de los Caídos el significado de símbolo del nacionalcatolicismo”
Fernando Martínez ha sido nombrado director general para la Memoria Histórica el 29 de junio
FERNANDO MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE MEMORIA HISTÓRICA DEL GOBIERNO CENTRAL
El catedrático de Historia Contemporánea y exalcalde de Almería, Fernando Martínez (Vélez-Blanco, Almería, 1949) fue nombrado director general para la Memoria Histórica el 29 de junio
JURDAN ARRETXE – Jueves, 19 de Julio de 2018
DONOSTIA- Al ser nombrado director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez recibió la invitación para participar en el curso de verano de la UPV/EHU que dirigen los profesores Paco Etxeberria y Francisco Ferrándiz, Cuerpos incómodos: Violencia masiva, fosas comunes y necropolítica. Una invitación que aceptó rápido y que le llevó ayer a abrir el curso, justo un 18 de julio.
¿Qué le dice la fecha del 18 de julio?
– Fue una quiebra importantísima para los procesos de democratización y modernización de la España de los años 30, aunque realmente fue el 17 de julio cuando se levantaron inicialmente.
¿Qué pensó el pasado domingo cuando vio la concentración en el Valle de los Caídos?
-Pone de relieve que una parte muy residual de la población todavía está muy imbuida en la sociología franquista. Nada más.
La ministra Delgado plantea ilegalizar este tipo de asociaciones o revisar el Ducado de Franco.
-Efectivamente, marcó los hitos fundamentales por donde va a pasar la política de memoria del Ministerio de Justicia. El fascismo, el nazismo y el franquismo son incompatibles con la democracia. No puede haber asociaciones que sistemáticamente hagan, en este caso en España, apología del franquismo. Estamos haciendo un estudio de su ilegalización como estudiamos la anulación del Ducado de Franco. Lo estamos estudiando, otra cosa es que haya una vía judicial, como estamos estudiando las condecoraciones al policía Billy El Niño.
Estas reflexiones se enmarcan en la reforma de la Ley de Memoria Histórica. ¿Cuál es el balance?
-La ley de 2007 creó las bases de la dignificación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, implementando políticas que no se realizaban, sobre todo exhumaciones, aunque se quedaran en el ámbito de las asociaciones y los familiares.
¿Por qué propone reformar la ley?
-Partimos de las insuficiencias de esa ley y que impiden cumplir sus propios objetivos, de los requerimientos permanentes que desde la ONU y otros organismos internacionales nos plantean, de las leyes autonómicas que han ido ya más lejos de la ley de 2007, y de las reivindicaciones justas y correctas de las asociaciones de memoria, las que tenemos que tener en cuenta y hacerles participar estando en los consejos de memoria nacional que se van a plantear.
¿Qué se proponen?
-Lo hicimos con la proposición de ley que registró el PSOE (en diciembre de 2017) y que ahora, desde el Gobierno, estamos estudiando cómo convertir en proyecto de ley. En 2007 se declaró que los tribunales de excepción y sus sentencias eran ilegítimas e injustas, pero hay que dar un paso más: la nulidad de esos tribunales y los fallos. La búsqueda de los desaparecidos también es fundamental, que pase del marco privado de las asociaciones y los familiares al liderazgo del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, las diputaciones, los municipios y las asociaciones.
¿En qué consiste esta colaboración?
-Por ejemplo, también queremos hacer un censo nacional de desaparecidos que no lo podemos montar solo desde el Estado. El País Vasco está haciendo uno y queremos conveniar para incorporar al censo general;en Andalucía tenemos los nombres de los casi 60.000 que pasaron por los tribunales de Responsabilidad Política o comisiones de depuración… Hay que incorporarlo. Tenemos que hacer un censo de edificios construidos con trabajos forzados también. Con todo, hay que plantearse una cuestión pendiente de la Guerra Civil que hasta ahora casi nunca se ha planteado: reparar a los particulares a los que se les incautaron bienes.
Hablemos primero de los desaparecidos. ¿Cómo lideraría el Estado esa búsqueda?
-La mejor fórmula pasa por los organismos judiciales territoriales, que lleguen hasta donde sea posible llegar. ¿Por qué no buscan los jueces como ocurre con cualquier desaparecido? Se pueden aplicar los artículos 15 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto hay que resolverlo no ad aeternum, sino cuanto antes. Cuando vamos a cualquier foro internacional nos preguntan si en España aún hay fosas comunes. ¿Cómo puede sustentarse una democracia todavía con fosas? Este país tiene una democracia asentada, pero no la asentará definitivamente mientras tenga fosas comunes.
Aun así, advierte de problemas con la justicia.
-Proceden de un fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se puede interpretar de una u otra manera, y creo que se ha hecho una interpretación errónea de la Ley de Amnistía, porque el derecho interior está supeditado al derecho exterior, y antes de esa Ley de Amnistía estaba aprobada la Ley de Derechos Civiles y Políticos en la que este tipo de cosas no tenían lugar.
¿Será posible hallar todas las fosas?
-Va a ser difícil, no quiero crear falsas expectativas. Trataremos de establecer planes cuatrienales de exhumación, lo haremos con la mayor celeridad que podamos y con las perspectivas económicas que podamos tener.
¿Por qué hace falta una Comisión de la Verdad?
-El relator de la ONU decía que uno de los grandes problemas de España era la fragmentación de la memoria, e invitó a oficiarla de alguna manera. Otros países han implementado comisiones de la verdad, que no son jurídicas. Claro que llegará tarde, pero hay trabajos de memoria histórica con los que se ha avanzado en el conocimiento de la verdad.
¿Corre el riesgo de quedarse en lo simbólico?
-Muchos dicen que es un acto simbólico, pero son importantes si tienen repercusión y significan una ruptura con el pasado, un compromiso con la democracia, sus instituciones y la defensa de los derechos humanos. Toda comisión de la verdad tiene un informe final en el que se escribe un relato que tiene que estar bastante ajustado y objetivo, porque tiene a gente de reconocido prestigio e independiente. Puede ayudar muchísimo a las garantías de no repetición, a la cultura de paz y a la defensa de los valores democráticos.
¿En esta clave plantean reformar el Valle de los Caídos?
-Hay que quitarle ese significado de símbolo del nacionalcatolicismo y convertirlo en un centro nacional de la memoria, exhumar los restos del dictador y trasladar los de José Antonio Primo de Rivera, que sí fue un caído de la Guerra Civil, a un lugar que no sea preeminente. Hay que hacer un planteamiento de centro nacional, reconciliación y memoria colectiva, museístico, conociendo lo que hay allí. Si vas, no hay ninguna explicación, solo imágenes nacionalcatólicas.
¿Cómo se puede exhumar a Franco si la familia se opone?
-No voy a entrar en esa cuestión más allá de lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia parlamentaria del lunes.
Algunas de estas propuestas de memoria han generado rechazo en el PP y Ciudadanos. ¿Los entiende?
-Quien habla siempre es la soberanía popular y está en el Congreso. El 11 de mayo de 2017 se aprobó una proposición no de ley por iniciativa del PSOE que fue votada a favor por 198 diputados, 140 abstenciones y un voto en contra, que fue por error. Ahí se planteó implementar la Ley de Memoria paralizada por la derecha, pero también el traslado de Franco porque no fue un caído de la Guerra Civil. Esto fue votado por C’s y el PP no votó en contra.
Es decir, que aprecia diferencias entre el ruido mediático y lo que sucede en el Congreso.
-Le puedo decir que eso fue lo que ocurrió cuando se votó y eso es lo que queda;lo demás pueden ser opiniones. A lo sumo hay 140 abstenciones.
¿Qué piensa cuando la jueza María Servini abre en Argentina causas judiciales que se cierran en España?
-A mí me da una cierta vergüenza que nos lo hagan desde fuera cuando lo podemos hacer aquí. Tenemos que hacerlo los españoles por nuestras víctimas, aunque sea partidario de la justicia universal y de la colaboración.
Se habla de las víctimas, pero pocas veces de los verdugos. ¿Es demasiado tarde para procesarlos?
-Hay dos planteamientos: la justicia restaurativa y la punitiva. Estamos más bien por la justicia restaurativa como elemento fundamental, sobre todo porque la inmensa mayoría de los victimarios han desaparecido. No pongamos ahí el acento, sino en la reparación integral de las víctimas y sus familiares.
¿Puede ser también demasiado tarde para materializar las devoluciones económicas a particulares?
-En Alemania siguen con estas reparaciones tras planteárselo como antes o después se planteará aquí. Si a los partidos y a los sindicatos se les devolvieron bienes, aunque no en su totalidad, ¿por qué no a los particulares? Conviene aclarar una cosa porque hay mucho comentario poco científico: casi el 78% de las incautaciones y las multas de los tribunales de Responsabilidades Políticas fueron sobreseídas, aunque los sancionados quedaron inhabilitados para cargo público. Queda por resolver, que tampoco es fácil desde el punto de vista económico, pero hay que estudiarlo. Hay gente pleiteando en el tribunal de Estrasburgo. El Estado español y la democracia se lo tienen que plantear, ¿o lo vamos a dejar ahí?
