“La reforma de la Ley de Memoria Histórica tendrá que esperar a los Presupuestos de 2019”
Entrevista a Fernando Martínez, director general de Memoria Histórica
FERNANDO MARTÍNEZ / RESPONSABLE DE MEMORIA HISTÓRICA DEL PSOE
ARTURO TENA
En su primera entrevista para RTVE como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez volvió a colocar a la memoria histórica en la agenda política y mediática española. Sánchez anunció la intención del PSOE de convertir el Valle de los Caídos en un centro de homenaje a las víctimas y la reconciliación, y de sacar los restos de Francisco Franco del conjunto monumental para entregárselos a su familia.
Hace más de 6 meses, el 22 de diciembre, el Partido Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica 52/2007 que fue vetada en el Parlamento. Ahora, cuando las posibilidades de impulsar estas medidas han aumentado de forma exponencial, hablamos con uno de los responsables de elaborarlas: Fernando Martínez López, secretario ejecutivo de Memoria Histórica del PSOE y Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería.
¿Por qué es necesaria la reforma de la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace más de diez años?
Primero porque, a lo largo de los diez años de funcionamiento de la Ley, se ha puesto de relieve todo un conjunto de insuficiencias que impedían alcanzar los objetivos que se planteaba la propia norma.
La segunda razón tiene que ver con los reclamos sistemáticos, por parte de Naciones Unidas y de los organismos internacionales humanitarios, que está recibiendo el Estado español. Hacen referencia a las exhumaciones, y reclaman verdad y justicia en España.
ESTA REFORMA INTEGRAL NOS VA A PERMITIR IR RESOLVIENDO LOS FLECOS QUE QUEDAN EN RELACIÓN CON LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
El tercer motivo está relacionado con lo que se ha hecho en el territorio desde 2007: en bastantes comunidades autónomas (Andalucía, Navarra, Comunidad Valenciana…) se han aprobado y puesto en funcionamiento distintas normas relacionadas con la memoria histórica y democrática. Estas legislaciones avanzan con respecto a lo que supuso la ley de 2007, por lo tanto es necesaria una nueva jurisprudencia que recoja esos avances.
La última motivación para la reforma son las peticiones del movimiento memorialista, a la luz de su experiencia. Este movimiento debe estar presente en una ley de memoria histórica. Esta reforma integral nos va a permitir resolver los flecos que quedan en relación con la reparación de las víctimas del franquismo, con medidas concretas como la creación de un Censo Nacional de Víctimas o un mapa actualizado de las fosas.
En la proposición de ley presentada en diciembre de 2017 se incluyen distintas críticas de las asociaciones. ¿Qué se hizo mal en 2007 para que no se pudiese garantizar que ciertos puntos de la ley no se pudiesen aplicar? El PSOE estuvo 4 años con la ley aprobada y muchas cosas no se hicieron…
No diría que se hicieran cosas mal. La ley de 2007 fue un avance impresionante en el proceso de dignificación de las víctimas del franquismo, inédito con lo que se había planteado hasta ese momento. Antes solo se había puesto el acento en las reparaciones económicas. Desde 1978 hasta 2006, son todo compensaciones económicas, con una importantísima dotación por cierto. Lo que había hasta ese año eran grandes insuficiencias en relación con las exhumaciones, las fosas comunes, y también con lo que tenía que ver con una dignificación moral y ética.
Eso es en lo que la ley avanza: empiezan las exhumaciones con rigor científico, se abre la Oficina de Víctimas, se hace un mapa de fosas, se incrementa el conocimiento de la verdad a través de un conjunto de subvenciones vinculado al Ministerio de Presidencia… Todo eso, que estaba avanzando, se trunca en 2011 con la llegada del Partido Popular al Gobierno.
Desde que se aprobó la ley de 2007 durante el gobierno de Zapatero, ¿qué aspectos consideraría que habría que mejorar o no se llegaron a realizar?
Las insuficiencias que se han visto a lo largo de estos diez años son diversas. El marco de las exhumaciones, que se empieza a incrementar y a impulsar desde la ley de 2007, se efectúa en el ámbito privado. Naciones Unidas ha dicho algo que es fundamental: quien tiene que liderar la búsqueda de desaparecidos forzosos, que se calcula que sean 114.000 personas todavía en fosas comunes, es el Estado. Pasar de lo privado a lo público. En 2007 se hacía en el marco de las asociaciones, y la proposición de ley plantea que es fundamental que se haga a través del Estado, de los juzgados ordinarios y de la ley ordinaria de enjuiciamiento criminal en la búsqueda de desaparecidos.
La ley de 2007 no contemplaba tampoco el tema de los bebés robados o de los tribunales de excepción (consejos de guerra, tribunales de responsabilidad, comisiones depuradoras…). En la ley se decía que esos tribunales eran ilegítimos e injustos, pero probablemente se quedaba a medio camino. Las peticiones de las asociaciones, de los juristas expertos reclamaban incluir la nulidad de esos tribunales y sus sentencias en esta reforma.
Antes también teníamos el problema de que, cuando se estaba a pie de fosa o se descubría una, iba el juez de turno y decía que era un asunto de la Guerra Civil y que, por tanto, había prescrito. Y no se seguía trabajando. La nueva proposición plantea que se trata de desaparecidos sobre los que se tiene que investigar absolutamente todo y, a partir de eso, se analiza la conclusión jurídica. Se establecen la competencia en los tribunales y la responsabilidad directa del Estado.
También se plantea ahora la ilegalización de asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo, del nazismo y del fascismo. Algo que es ya común en toda la Europa democrática, como es el caso de Alemania e Italia. Y abordar la situación del Valle de los Caídos de forma amplia, por supuesto.
Se han visto en las últimas semanas declaraciones y presiones de estas organizaciones, como las de la Fundación Nacional Francisco Franco. ¿Es la ilegalización la manera de protegerse de ellas?
Yo no soy jurista, son los expertos los que tendrán que buscar la fórmula, pero en varios países europeos ya se hizo. Evidentemente, en democracia no caben planteamientos fascistas ni la apología de elementos autoritarios. No se puede convivir con opciones que plantean de forma sistemática echar por tierra los valores democráticos. La democracia se tiene que poder defender de ello.
Uno de los problemas de la ley de 2007 son las competencias y la obligatoriedad del cumplimiento entre las distintas administraciones públicas. Por ejemplo, en lo referido a la simbología, se dieron casos de ayuntamientos que se negaban a retirar ciertos símbolos. ¿Qué pasará en este tipo de conflictos?
Ahora se plantea claramente dónde está la responsabilidad. Son los ayuntamientos los que tienen que hacer el mapa de vestigios en cada uno de los municipios. Se establecen también las competencias que tienen las diputaciones y las comunidades autónomas. Se da un paso importante que antes estaba en ‘la nebulosa’. También se fija la creación de una Dirección General de Memoria Democrática con subcomisiones. Habrá subcomisiones de exhumaciones, símbolos y las que se consideren necesarias.
Para resolver el problema de los niños robados en el franquismo se detalla la constitución de un Banco Nacional de ADN y de ampliar el año de búsqueda hasta 1995. La Audiencia Nacional reconoció hasta 30.000 desapariciones de niños, pero varias asociaciones dan números más altos, colocándonos como segundo país del mundo después de Australia con más niños robados. ¿Qué se pretende en este asunto?
He codirigido la primera tesis sobre bebés robados en España junto a otros colegas universitarios y conozco el asunto. Se ampliará la petición hasta el año 1998 por demanda de las asociaciones porque hay un cambio jurídico importante. En estos casos, se seguirá la misma metodología que con la búsqueda de los desaparecidos y las exhumaciones: aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 15 y 18. Tienen que ser los tribunales ordinarios los que lleven de oficio estos casos a raíz de las informaciones que les vayan llegando. Hasta ahora no se había abordado en profundidad en el tema de los bebés robados.
¿Puede ser, por tanto, un punto de partida para resolver los problemas de identificación de recién nacidos que siguen ocurriendo hoy en toda España?
Puede abrir esa posibilidad, que es ampliamente demandada. El día 26 habrá una gran manifestación y nosotros apoyamos en sus reivindicaciones. Nos hemos reunido con varias asociaciones de niños robados y han recibido bien la propuesta.
En cuanto al Valle de los Caídos, según el documento presentado, se establecerá ahí un Centro Nacional de Memoria, se sacará a Franco y se moverá a Primo de Rivera.
Es otro de los temas que se aborda ahora de una forma completa. Se toma como referencia el estudio que hizo la Comisión de Expertos en 2011. Lo que haremos será convertir el Valle de los Caídos en un Centro Nacional de Memoria, de memoria colectiva; un museo de la memoria de todos. Tal y como planteó esa Comisión, se hará la exhumación de los restos del dictador y su entrega a la familia para que le dé la sepultura que considere oportuna. Además, se dice que los restos de José Antonio Primo de Rivera no tengan un lugar preeminente en el espacio, una situación que crea un agravio comparativo con el resto de los enterrados allí, de un lado y del otro. Tiene que ser un centro de conocimiento, de memoria, en búsqueda de la concordia y reconciliación nacional.
El informe detalla que se necesitará una autorización de la Iglesia para poder sacar los restos del dictador y de Primo de Rivera. ¿Se sigue contemplando esta necesidad de autorización?
Como responsable de Memoria del PSOE lo que puedo decir es que hay que aplicar la ley de 2007 en el marco en el que ha sido paralizada. Es en este contexto donde la Comisión de Expertos realizó una serie de recomendaciones que evidentemente vamos a tener en cuenta. La proposición de Ley avanza en la creación de un Centro Nacional de Memoria. Eso significa cambios importantes en el estatus jurídico y en su actual funcionamiento del Valle.
Otra de las reivindicaciones históricas es la rehabilitación de la memoria de los guerrilleros, del maquis. ¿Se tomará alguna medida al respecto a nivel educativo?
Por supuesto. El concepto de las víctimas es amplio: no es solo y exclusivamente para aquellos que fueron fusilados, encarcelados o exiliados; también es para los guerrilleros, claro. Hay que reparar a los que no han sido reparados. Esta es la idea fundamental. Se hicieron reparaciones a las víctimas de los vencedores y no a las de los vencidos. Ese es el elemento que lleva a la reivindicación, a la existencia de este movimiento. Hagámoslo en su integridad.
En el marco educativo, tomemos como referencia lo que dice Naciones Unidas. O informemos sobre los distintos tipos de represiones sufridas, como la que sufrieron las mujeres republicanas represaliadas por ser esposas, madres o hermanas. Cuando se hace investigación de la represión sobre las mujeres se suele hacer desde el punto de vista político, pero hay un elemento de género muy importante. Cuando a una mujer le daban aceite de ricino y le paseaban por el pueblo era para estigmatizarla, para que pudiera ser objeto de escarnio público. O cuando les cortaban el pelo. Estudiemos e investiguemos eso. Eso también lo planteamos en la proposición.
Ha mencionado lo que se ha hecho en materia de memoria histórica en las comunidades autónomas. En un artículo reciente publicado en CTXT, el jurista Carlos Jiménez Villarejo ponía en valor la ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática. ¿Ha sido una referencia concreta para esta reforma actual?
Sí. Yo estuve en el comité de enlace entre Izquierda Unida y el Partido Socialista a la hora de elaborar esta ley. El proyecto de ley se paró cuando se convocaron elecciones (marzo 2015) y luego se volvió a retomar; negociamos con Podemos y llegamos a un acuerdo. Fue una ley que salió con bastante potencial. Avanza bastante el marco de quién tiene que hacer las exhumaciones (lo público). Se están haciendo exhumaciones en Andalucía que son de un valor incalculable. Una gran experiencia que hemos tenido muy en cuenta a la hora de elaborar y presentar la proposición de Ley. El régimen sancionador, por ejemplo, está planteado de la misma manera. Hace dos o tres días, la Dirección General de Memoria Democrática de Andalucía ha presentado el primer plan cuatrienal sobre la ley andaluza, basado un presupuesto de más de 12 millones de euros. Andalucía es una de las comunidades pioneras. También es muy avanzada la de Valencia, está muy avanzada en Extremadura, hay un debate sobre una ley en Aragón, en Cantabria…
Nuestro Proyecto de Ley va a dar forma a todos estos proyectos, recogiendo de todos ellos los aspectos más positivos.
Dentro de la Reforma, hay un apartado referido a la creación de una Comisión de la Verdad, término vinculado en los últimos años a lo ocurrido en países como Argentina, Chile o Bolivia. ¿Son también referentes los procesos de memoria histórica de América Latina?
Sí, la Comisión de la Verdad está dentro de lo que se llama justicia transicional y el conocimiento de los hechos. Así se podrá hacer un informe final y un conjunto de recomendaciones para el Estado con el objetivo de saber la verdad, de hacer justicia y de no repetición.
Se podría decir que la Comisión de la Verdad llega tarde, después de demasiado tiempo. En América Latina ha sido más reciente, en el tránsito de situaciones autoritarias a democráticas. En cualquier caso, se trata de un hito simbólico; es un paso importante de ruptura con el pasado. Este país tiene que marcar claramente esa diferencia drástica con el pasado no democrático. La Comisión de la Verdad puede servir para la construcción de una idea global, en la que todos nos pongamos de acuerdo: expertos y gente independiente, española y extranjera, objetiva, anclada en los derechos humanos y los valores democráticos. Lo importante son esas recomendaciones para que todo el mundo conozca el pasado y se pueda llevar a las escuelas, a la enseñanza secundaria, a la universidad y a la ciudadanía en su conjunto.
LO ESTÁN PLANTEANDO ORGANIZACIONES HUMANITARIAS QUE NO SON DE IZQUIERDAS O DERECHAS. ES UN TEMA DE DIGNIDAD NACIONAL DEMOCRÁTICA
Ahora que el PSOE está en el Gobierno, ¿existen los apoyos parlamentarios y votos para sacar adelante esta reforma en el futuro?
La proposición de diciembre fue vetada por el PP y Ciudadanos. Ahora se tendrán que implementar desde el Gobierno las mismas ideas que defendíamos entonces. Cuando esto se pula jurídicamente, se planteará en el Parlamento un nuevo proyecto de ley. Esto no es un tema de izquierdas o derechas. Es un tema de derechos humanos. Lo están planteando organizaciones humanitarias que no son de izquierdas o derechas. Es un tema de dignidad nacional democrática. La democracia tiene que resolver estos problemas para crear las condiciones de progreso y de vida en conjunto. Hay que establecer un marco de concienciación, de valores y virtudes democráticas, y fortalecer las instituciones. Cuando la gente dice lo de “hay que pasar página, no hay que reabrir heridas”, las páginas se pasan cuando se leen, la mejor manera de cerrar heridas es abriendo las fosas y entregando los cadáveres a sus familiares. Es la clave para la no repetición. Cuando eso se produzca, habremos dado un paso fundamental en la modernización de la democracia española. Es el momento de mirar hacia el futuro, con una sociedad reconciliada en su conjunto.
EL PROBLEMA QUE TENEMOS ES QUE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA NO ESTÁ DOTADA DE RECURSOS ECONÓMICOS
¿Es optimista entonces en que se puedan recabar los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados?
Tenemos que trabajar en ello. Recogeremos también los planteamientos de otras organizaciones. Al haber sido vetada la reforma y no haber entrado en el debate parlamentario, no hemos tenido la oportunidad de hablar con los distintos grupos. Creemos que se da una respuesta bastante amplia a lo que se pide desde el exterior y desde la sociedad civil; puede suscitar bastantes consensos dentro de una mayoría parlamentaria en el Congreso. Pero eso lo tendremos que ver una vez presentemos el proyecto y nos podamos sentar con todos para verlo.
¿Qué plazos se ponen para su puesta en marcha?
Ahora el problema que tenemos es que la ley de Memoria Histórica no está dotada de recursos económicos. El presupuesto es 0. La posibilidad para llevarlo a cabo ahora mismo es muy limitada. En todo caso, habrá que esperar a los siguientes Presupuestos Generales del Estado, donde se abordará la cuestión económica para ir desarrollando estas medidas.
¿No se podrá destinar dinero de otras partidas este mismo año?
Lo desconozco. No me ocupo de temas presupuestarios. Lo estudiaremos en las próximas semanas.
¿Se incluirá entonces en los próximos Presupuestos?
En los Presupuestos alternativos que elaboramos desde el PSOE se preveía una dotación de 21,5 millones de euros. Es bastante indicativo que ya hayamos planteado estos números. Habrá que ajustarlos en la propuesta final, pero esa es la referencia.
AUTOR Arturo Tena @ARTENA_
