Se abren las vías para que el Pazo de Meirás sea público 80 años después de su apropiación por el dictador

BERNA GONZÁLEZ HARBOUR

3 JUL 2018

El Pazo de Meirás fue una donación popular a la persona de Franco tan sumamente generosa, voluntaria y desinteresada que el dictador, una vez apropiado de la finca, pasó las facturas al Estado. Tamaño regalo de los desprendidos y nada presionados vecinos de A Coruña solo podía tener su continuidad a cargo de las finanzas públicas. Un regalo ad infinitum, en fin. Los españoles siempre fuimos tan amables.

Y es precisamente esa particularidad —que el dinero público se hizo cargo durante décadas de gastos de esa peculiar propiedad privada como la instalación de la luz, los pozos o el alcantarillado— lo que ahora puede servir al Estado para convertirse en titular del Pazo. 80 años después, se ha abierto una vía interesante y el Gobierno debería recorrerla.

El propio PP de Galicia ha registrado una proposición de ley en el Parlamento autonómico para iniciar el camino hacia esa recuperación después de que una comisión de expertos de la Xunta indicara el proceso a seguir: es la Administración General del Estado la que debe presentar una demanda civil contra los herederos de Carmen Franco Polo (la única hija de Franco) para recuperarlo. El mantenimiento público de esa finca privada durante más de 30 años generó los derechos para que así sea. Existen otras vías judiciales posibles, como relató Sonia Vizoso en este periódico: el estudio jurídico encargado por la Diputación de A Coruña concluyó que debía ser Patrimonio Nacional quien impugnara en los tribunales el contrato de compraventa que firmó Franco en 1941 por ser “simulado”. No será difícil demostrar que la generosidad fue, en realidad, un atraco a mano armada.

Las vías abiertas para entregar al Estado la finca señorial en la que vivió Emilia Pardo Bazán y cuyos herederos iban a ceder a los jesuitas coinciden, además, con un momento de cambio en el Gobierno de España que propicia la reversión de unas cuantas injusticias históricas. Pero no solo. Además de que la Xunta y el PP gallego se apuntan a la iniciativa, el propio Arzobispado de Madrid ha manifestado que no se opondrá a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. La corriente está a favor.

Fallecida Carmen Franco, sus herederos son ahora sus siete hijos, que han dejado ya constancia mediante una carta a las autoridades eclesiales y una firma ante notario de su oposición a la exhumación. El Gobierno puede seguir adelante conforme a lo ocurrido en Pamplona en 2016, donde los restos de Sanjurjo y Mola fueron exhumados de un memorial en contra del criterio de la familia del primero. Precisamente ayer se conoció que un juez ha dado la razón a la hija de Sanjurjo. El camino judicial es para todos.

Los siete nietos Martínez Bordiú y Franco quieren vender el Pazo cuanto antes y librarán la batalla que consideren por los restos de su abuelo. Están en su pleno derecho de preferir visitarle en el Valle, en Mingorrubio (El Pardo) o de dejar sus restos en el Anatómico Forense. Pero el Pazo de Meirás, que los siete han heredado como fruto de un expolio a los gallegos, y cuyas visitas públicas obligadas por ley torpedearon, es una finca que los españoles se han ganado. Es otra asignatura pendiente al alcance de la mano. Y las dos esculturas románicas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, también.

Porque las deudas, como las propiedades, también se heredan.

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