Juristas critican en una jornada del ICAM las «contradicciones» de la Ley de Memoria Histórica
Miguel Ángel Muga: «Viola el Derecho Internacional Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos”
MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) –
Varios juristas han criticado en el Aula de Debate del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) las «contradicciones» de la Ley de Memoria Histórica, afirmado que es «innecesaria» al quedar «sus objetivos» cumplidos con la transición y manifestando que se han promovido «muy pocas acciones», ha informado el ICAM en un comunicado.
El acto fue moderado por el diputado de la Junta de Gobierno responsable de formación, Raúl Ochoa Marcos, y ha contado con un panel de expertos compuesto por los letrados Enrique Garza Grau y Miguel Ángel Muga Muñoz; el magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, del Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid; y por la periodista de 13 TV Esther Jaén.
Todos los ponentes coincidieron en que las víctimas tienen derecho a verse resarcidas, pero en cuanto a la Ley, como señaló Ochoa, «ninguno de los ponentes se mostró satisfecho», según ha destacado el colegio.
Garza la tildó de «innecesaria», porque «sus objetivos ya quedaron cumplidos con la transición y la Ley de Amnistía, que promovió el Partido Comunista en las primeras cortes democráticas» señaló, recordando las palabras que dirigió Marcelino Camacho en el Parlamento «queremos abrir la vía a la paz y a la libertad».
En otro extremo, para Muga la Ley tampoco cumple por cuanto «viola el Derecho Internacional Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, los derechos de las víctimas y sus familiares, y renuncia a declarar por ley la nulidad de todas las acciones represivas del franquismo».
Según el abogado, la norma «ya parte de un error en el sentido de contravenir el Derecho Internacional al aludir en su preámbulo al espíritu de reconciliación de la transición», pues la situación de «voluntad de reencuentro de los españoles» se produjo en circunstancias antidemocráticas y con «500 muertos desde el año 75 al 81 a manos de policía armada y grupos paramilitares fascistas».
Muga se mostró muy crítico con el texto legal que «amnistía delitos de lesa humanidad, y deja abandonadas a las víctimas», y en este sentido, reclamó una nueva norma, dedicada exclusivamente a las víctimas del Franquismo y que «copiase el prólogo de la Ley de las víctimas de terrorismo».
En cuanto a su utilidad práctica, el magistrado Ricardo Rodríguez ha señalado que «al amparo de esta Ley se han promovido muy pocas acciones, mucho ruido y pocas nueces».
USO POLÍTICO DE LA NORMA
Paralelamente a su análisis jurídico, la memoria histórica es una constante en la actividad política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó Rodríguez, recientemente declaró que «acabar con los vestigios del Franquismo era prioridad del ejecutivo», proveyendo una partida presupuestaria al efecto de 22 millones.
Así, la ideologización que parece inevitablemente ligada a la norma, fue otro de los focos de crítica de los miembros de la mesa. No es aceptable una Ley «cuya aplicación varía en función del color político», indicaba la periodista Esther Jaén, pues ello conduce a una «justicia sectaria», apuntaba Garza.
«Entre los cuatro líderes de los partidos mayoritarios, ninguno tiene la más mínima memoria personal del Franquismo, ni siquiera de la Transición o del Golpe del 23F», señaló Rodríguez, que a su vez tachó como «preocupante y grave su incapacidad de ponerse de acuerdo sobre las cuestiones clave que afectan al país».
COMISIÓN DE LA VERDAD
Y es que los aspectos más controvertidos de la norma también fueron objeto de duras críticas. La ley «intenta imponer una verdad única y unívoca considerando, ex lege, una serie de hechos como incuestionables», en palabras de Garza.
El letrado calificó de «absolutamente desmesurado» el artículo 6 de la ley referido a la figura de una Comisión de la Verdad, «una especie de censura previa inquisitorial y que no sirve para nada porque la propia ley determina qué debe decir la comisión».
La contradictoria figura, según afirma el ICAM, confronta directamente con el derecho a la libertad de expresión sancionado en el artículo 20 de la CE.
«No puede haber una sola versión de lo que sucedió en esos días, se pretende desvirtuar la historia construyendo una única versión, cualquier persona más o menos ilustrada tiene a su disposición mucha bibliografía de lo que pasó antes, durante y después de la Guerra Civil», sostuvo Rodríguez.
VALLE DE LOS CAÍDOS
Finalmente, los ponentes también dedicaron un espacio a la cuestión en torno al monumento. De acuerdo con Jaén, no tiene sentido el «alboroto» creado en torno al tema, «ni Salazar ni Mussolini tienen monumentos funerarios».
«Hace muchos años que Franco no debería estar enterrado en el Valle de los Caídos, pero a lo mejor lo sensato no era convertirlo en un tema estrella y hacerlo leit motiv de los partidos políticos, declaró.
Sacar los restos de Franco del Valle era una acción «lógica y loable», señalaba Rodríguez, pero cuestionó que el instrumento empleado _decreto-ley_ fuese el adecuado. «No se cumplen las razones de extraordinaria necesidad y urgencia que exige el art. 86 de la CE», afirmó.
Raúl Ochoa, por su parte, parangonó la situación con otros países, v.g. los restos de los zares en S. Petesburgo, personajes históricos que «no gozan de gran opinión en la memoria colectiva de los rusos» pero que ofrecen un atractivo turístico considerable.
«El Valle de los Caídos es el 7º monumento más visitado de España constituyendo una fuente de recursos extraordinaria», indicó el diputado del ICAM, sugiriendo la posibilidad de replantearse su situación «si no deja de ser un elemento que engrose las arcas del Estado, independientemente de las razones por las que visite».
