Vox rechaza exhumar los restos de Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo
Podemos ha presentado este lunes su propuesta para la retirada en el Parlamento de Castilla-La ManchaALLE SÁNCHEZ @abc_toledo TOLEDO
La polémica por la inminente exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha salpicado a la ciudad Toledo tras la propuesta del grupo parlamentario Podemos que este lunes ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha su Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno central a retirar los restos de los generales José Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar. En un comunicado, Vox Toledo mostró su rotunda oposición a las exhumaciones de estos dos militares y, además, pidió la derogación de la Ley de Memoria Histórica, que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y que mantuvo el Gobierno del PP durante dos legislaturas. Mientras, Vox Toledo aprovechó para anunciar que ha triplicado en el último año su número de afiliados y que pronto abrirá una nueva sede en la ciudad gracias a la colaboración de militantes y simpatizantes.
Sin embargo, desde el Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha destacan destacan la situación de «anomalía democrática» que consideran se vive todavía en el edificio toledano en donde en la cripta principal del Alcázar de Toledo están enterradas personalidades destacadas de uno de los bandos como el general José Moscardó Ituarte, que fue jefe de los defensores del Alcázar o el combatiente de la División Azul Jaime Milans del Bosch y Ussía, que participó en el golpe de Estado del 23-F.
Durante la guerra civil, Moscardó encabezó la sublevación en Toledo y se hizo fuerte en el Alcázar el 22 de julio junto con los oficiales implicados en la sublevación, otros militares, varias familias y monjas. Durante el asedio sucedió el célebre episodio en el que los asediantes amenazaron con matar a su hijo Luis si el Alcázar no se rendía (y que en efecto sería asesinado un mes después). El asedio duró hasta el 27 de septiembre y se convirtió en uno de los hechos más famosos de esta triste contienda. Moscardó tuvo varios cargos durante la dictadura y murió el 12 de abril de 1956. Su entierro fue todo un acontecimiento en la ciudad y desde entonces su restos descansan en la cripta del baluare toledano, una tumba que preside los nichos de otros defensores del Alcázar, como Milans del Bosch, cuya exhumación también pide Podemos.
Así, los restos mortales del militar de mayor graduación de cuantos intervinieron en el golpe de Estado descansan en la ciudad de Toledo desde el verano de 1997. Su deseo de ser enterrado en la cripta del Alcázar -al cual tuvo derecho como miembro de la Hermandad de Defensores- ya provocó entonces cierto revuelo parlamentario a propósito de la Memoria Histórica.
Las familias de otros militares enterrados como defensores del Alcázar están también preocupados por el destino de los restos de sus familiares si prospera la petición de Podemos. Además de Moscardó y Milans del Bosch, otros destacados militares como los generales Ricardo Villalba Rubio y Víctor Martínez Simancas también están enterrados en la misma cripta. El primero destacó por su dedicación a la Escuela de Gimnasia, que su padre, José Villalba Riquelme, fundó en 1920 como ministro de la Guerra. El segundo fundó durante el asedio, del periódico «El Alcázar», cuando se unió a su cuñado Ricardo Villalba a la defensa del Alcázar.
El último entierro en la cripta del Alcázar fue el del general de Brigada Federico Fuentes Gómez de Salazar, último combatiente del Alcázar de Toledo, que falleció, a punto de cumplir los cien años de edad, el pasado mes de enero. Luchó con la División Azul y en un momento de su vida profesional llegó a ocupar el cargo de director del Museo del Alcázar
El pasado viernes, el secretario regional de Podemos, José García Molina, anunció que su grupo parlamentario iba a prseentar esta proposición para instar al Gobierno de España a la retirada de los restos de Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar. En una rueda de prensa frente al edificio que alberga el Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha, García Molina tildó de «vergüenza democrática» para el país que «estos traidores declarados enemigos de la democracia y de las libertades» estén enterrados en el alcázar y puedan ser «objeto de culto y exaltación». García Molina apeló a la Ley de Memoria Histórica que sancionó en su momento que era «un deber inaplazable» de la democracia española rendir homenaje y cuidar a las personas que habían sufrido agravios durante la Guerra Civil y la dictadura.
Asimismo, indicó que la norma instaba a que determinados símbolos y monumentos que pudieran «de alguna manera atentar contra la memoria» y supusieran una exaltación de esos períodos históricos, fueran retirados
