El derecho a la memoria histórica y a la libertad de expresión son más necesarios que nuncaSANTIAGO ERASO

Domingo, 28 octubre 2018,

Podría decirse que la Transición fue el período de cambio político que permitió dejar atrás el régimen franquista e inaugurar una nueva época democrática, más o menos desarrollada y legitimada en la actual Constitución. Han pasado más de cuarenta años desde entonces y todavía no hay un acuerdo social definitivo sobre la manera en la que se produjo aquel pacto entre las fuerzas herederas del régimen anterior y los partidos políticos de la oposición antifranquista. Aunque la participación en el referéndum de 1978 para la aprobación de la Constitución llegara al 67%, de los cuales casi un 12% fueron negativos, nulos o en blanco -en Euskadi las cifras de participación fueron menores y los votos en contra bastante más altos-, la mayoría fuimos más o menos cómplices de su aprobación.

Más allá de la retórica triunfalista y la corrección analítica de ciertos historiadores y complacientes aduladores de aquel consenso, la Transición fue también, en cierto modo, una especie de caro peaje que pagamos para que una parte significativa de la estructura política que sustentó el régimen franquista -por tanto, también sus desmanes, tropelías, abusos y actos antidemocráticos- saliera intacta de cualquier operación que implicase investigar, aclarar, denunciar y, en consecuencia, actuar jurídicamente contra los estamentos, instituciones, asociaciones y personas, especialmente implicadas, cómplices de aquel régimen autoritario.

Todavía hoy, lamentablemente, se perciben bastantes huellas de aquellas concesiones en algunas partes de las actuales estructuras del Estado (el propio régimen monárquico, miembros del Poder Judicial, el Ejército y la Policía o una parte opaca de algunos entramados administrativos; en el nomenclátor e imaginario monumental de nuestras calles y plazas, así como, por desgracia, en la existencia de organizaciones, fundaciones y partidos políticos fieles al ideario franquista, es decir tradicionalistas, ultranacionalistas o cercanos a las posiciones católicas más retrógradas que, de forma impune, siguen muy presentes y cada vez más activas.

A esto, se añaden las dificultades que todavía persisten para estudiar documentos oficiales sobre episodios claves de nuestro pasado reciente, sobre todo los acecidos entre la Segunda República y el final de la Transición. Materiales absolutamente necesarios para conocer mejor las razones por las que se mantiene en nuestra sociedad cierto entramado postfranquista, con amplia repercusión sociológica e influencia política; o para investigar las actividades de las organizaciones ultraderechistas a lo largo de todos estos años. Casi todas las asociaciones importantes de historiadores llevan años reclamando la desclasificación de documentos que intentó, en vano, aprobar la difunta ministra del Ejército, Carmen Chacón, en el 2011, y la aprobación definitiva de la reforma de la ley de Secretos Oficiales, promovida por el PNV en el 2016.

Todas esas trabas, sofisticadas y complicadas de justificar conforman un auténtico veto a la historia y a nuestro derecho a la memoria. Aunque parezca mentira, según Carlos Sanz, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, muchas de las investigaciones se tienen que hacer en archivos históricos de otros países; o deben realizarse corriendo el riesgo de ser imputados por delitos de revelación de secretos, como en el reciente caso del fotógrafo Clemente Bernard y la gestora cultural Carolina Martínez que, por la grabación del documental A sus muertos, han sido acusados por la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz de Navarra de intromisión en su intimidad y se enfrentan a una pena de dos años y seis meses en un juicio previsto para los próximos 14 y 15 de noviembre.

El cortometraje, que se puede ver en las redes sociales, trata de adentrarse en la historia del monumento a los Caídos de Iruña-Pamplona, donde se realizan misas en honor a los golpistas y caídos por la patria del bando fascista en la Guerra Civil española. La Hermandad, de rancio abolengo, fue creada en 1939 por excombatientes requetés para «mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España» y el monumento, de inconfundible estilo neoclásico y parafascista, se inauguró en 1942 en memoria de los muertos sublevados contra la República.

El documental se presenta, precisamente, como un alegato contra la impunidad histórica. Es un intento de apelación contra el desconocimiento generalizado de la historia del edificio y del uso que todavía se da a ese espacio, y actúa como herramienta para subsanar la ignorancia. En esta misma dirección se orienta un manifiesto colectivo, encabezado por el poeta Juan Carlos Mestre y el sociólogo Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, lanzado a favor de los dos investigadores imputados, donde aseguran que este juicio es «un nuevo y flagrante atentado contra la libertad de investigación y expresión, que son la base del código deontológico del ejercicio del periodismo documental y una gravísima restricción de las libertades públicas y democráticas de nuestro país». Ahora que al parecer resurgen de nuevo los viejos eslóganes de ‘Dios, patria y rey’ y, por tanto, reaparecen el odio al rojo -podemitas, anarquistas o izquierdistas en todas sus acepciones-, al separatista -aunque sea federalista o incluso un simple autonomista-, al ateo -o en su caso musulmán y por ampliación cualquier emigrante de extraña cultura-, al homosexual -o cualquier otra trans-desviación que rompa con la familia tradicional-, el derecho a la memoria histórica y a la libertad de expresión son más necesarios que nunca.

https://www.diariovasco.com/opinion/derecho-memoria-20181028105018-nt.html