Calvo se reunirá con el ‘número dos’ del Papa a finales de octubre con la exhumación del dictador encima de la mesaCARLOS E. CUÉ / NATALIA JUNQUERA

Madrid 11 OCT 2018

El caso de los restos de Franco se complica cada día más para el Gobierno. El Ejecutivo no encuentra la vía legal para oponerse a la voluntad de la familia de enterrarlo en la cripta de la catedral de La Almudena. El Gobierno trata de evitar ese impacto simbólico. Ya ha pedido ayuda a la Iglesia española y ha sondeado al Vaticano, de momento sin éxito. En este contexto, la vicepresidenta, Carmen Calvo, viajará a Roma para reunirse con la mano derecha del Papa, Pietro Parolin. El tema Franco será central en esa cita, prevista para otros muchos asuntos ordinarios.

El Gobierno no encuentra una fórmula legal para impedir que Franco sea enterrado en la cripta de La Almudena —debajo de la catedral— donde su familia compró una zona de uso “a perpetuidad” para los miembros del clan. Allí yace su hija Carmen, fallecida en diciembre de 2017. Por eso el Ejecutivo intenta que la Iglesia le ayude a convencer a la familia de que lo entierren en un lugar más discreto, como el cementerio de El Pardo, donde está su esposa.

Pero la Iglesia, tanto en los sondeos informales del Gobierno como en público, traslada que no puede impedir que Franco vaya al espacio en la cripta pagado por la familia. En este punto, y mientras fuentes del Ejecutivo confirman los sondeos con el Vaticano, la vicepresidenta Calvo ha cerrado para finales de octubre un encuentro en Roma con Parolin, secretario de Estado del Vaticano y hombre fuerte de la Curia. Allí se hablará de Franco, entre otros temas. Calvo no acude con la intención de pedir que no vaya a La Almudena, algo que en La Moncloa ven como muy complicado, sino para analizar el caso en general, explican.

La vicepresidenta tiene otros asuntos encima de la mesa incluso más relevantes para los obispos, como la lista de las inmatriculaciones presuntamente fraudulentas que la Iglesia ha realizado con todo tipo de inmuebles, desde la Mezquita de Córdoba, que la Iglesia la puso a su nombre en 2006 por 30 euros gracias a una ley franquista, hasta casas parroquiales, viñedos, casas de maestro, fuentes, plazas públicas y hasta la cima de un monte, el de Oiz, en Bizkaia. El Gobierno tiene ya preparado el listado y este es un asunto clave para la Iglesia, porque podría perder todos esos bienes si el Ejecutivo sigue adelante.

Pero en el caso Franco, es el Gobierno quien necesita la ayuda de la Iglesia, que siempre fue la clave en este asunto. El Ejecutivo estaba muy satisfecho porque en julio logró claramente ponerla de su parte. Hubo dos reuniones clave. Una del presidente, Pedro Sánchez, con el jefe de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Y otra más discreta del subsecretario de Vicepresidencia, Antonio Hidalgo, y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, cercano al papa Francisco. Después de celebrarlas, el Ejecutivo tenía muy claro que la Iglesia, responsable última de la basílica donde está enterrado el dictador, no se opondría a la exhumación. En agosto el arzobispado aseguró públicamente que la aceptaría. Todo fue incluso más fácil de lo esperado.

Pero ahora el Gobierno vuelve a necesitar a la Iglesia y esta vez ya no es tan fácil. El cardenal Osoro lo dejó muy claro el pasado 1 de octubre. “No tenemos inconveniente en acoger a nadie. Hay una propiedad de Franco y, naturalmente, como cualquier cristiano, tiene derecho a poder enterrarse donde ellos crean conveniente”, señaló cuando le preguntaron si la Iglesia aceptaría enterrar al dictador en la cripta de La Almudena.

Osoro dijo que “no es un problema del Arzobispo ni de la Iglesia”. Y ahí está la clave. Ni el Vaticano ni el arzobispado, visiblemente incómodos con el entierro de Franco en la catedral, por mucho que sea en la cripta, menos visible, quieren asumir el coste de rechazar el entierro. Piden que sea el Gobierno el que asuma esa decisión. Si la toma de forma legal, lo más probable es que la acaten, como han prometido con la exhumación. Pero el Ejecutivo no encuentra esa fórmula, más allá de apelar a algún motivo de seguridad o similar que siempre tendría el riesgo de que un juez echara atrás la decisión, un golpe aún más duro para el Gobierno.

Fuentes próximas al arzobispo de Madrid admiten que también la Iglesia está preocupada por la decisión de los Franco, consciente del problema que puede generar, no solo porque puede haber cristianos que “dejen de acudir a La Almudena por la presencia del dictador” sino por manifestaciones y problemas de orden público a sus puertas. Pero no pueden oponerse dos veces a los Franco y rechazar que se entierre en la cripta. Las críticas ya fueron fuertes en algunos sectores conservadores por la decisión de Osoro de permitir la exhumación.

“Los Franco han hecho una jugada maestra y el Gobierno ha sido algo ingenuo. La situación es diabólica”, afirma Carlos García de Andoain, secretario del comité de expertos al que en 2011, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero encargó el informe que por primera vez planteó la necesidad de exhumar a Franco del mausoleo. “Prefiero a Franco en el Valle de los Caídos que en La Almudena, junto al Palacio Real, en el eje de Oriente. Es un gol por toda la escuadra”, sentencia. El Gobierno socialista está pues, de momento, en manos de la Iglesia.

El Ejecutivo había previsto todas las vías legales para evitar que los Franco pudieran impedir la exhumación, y ahí cree que no hay ningún problema porque le ampara el decreto ley convalidado por el Congreso, pero no tenía previsto el problema de La Almudena. El tiempo apremia porque el Ejecutivo ha prometido que la exhumación llegará antes de fin de año, y ahora tiene que enviar la respuesta a las alegaciones de los Franco, que rechazan de plano la exhumación y dicen que en cualquier caso, si sale, debe ir a La Almudena. La respuesta aún no está lista y puede estar sujeta a estas reuniones de alto nivel.

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