El PSOE negocia la vÃa para anular las sentencias de los tribunales franquistas
Para ERC es una condición clave para seguir apoyando el trámite de la reforma de la Ley de MemoriaLos socialistas saben que para ERC es una condición clave para seguir apoyando el trámite de la reforma de la Ley de Memoria y apoyan declarar ilegales los consejos de guerra y sus condenas
La exhumación-inhumación de Francisco Franco es uno de los proyectos estratégicos y simbólicos de Pedro Sánchez. De eso no hay duda alguna ya. Uno de sus empeños más personales pero que se está enredando con el paso de las semanas y de los meses. Pero conseguir que finalmente el dictador sea inhumado en un lugar privado y discreto, donde no haya posibilidad alguna de exaltarle, y por tanto sus restos nunca lleguen a la cripta de la catedral de la Almudena, no será el único cambio que se introducirá en la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Hay otras cuestiones que demandan los grupos y que serán objeto de negociación con el Gobierno, y una de ellas es especialmente sensible y relevante: la anulación de las sentencias franquistas dictadas por causas polÃticas. Los socialistas ya afinan la fórmula para dar ese paso al que no se atrevieron cuando el Ejecutivo de José Luis RodrÃguez Zapatero impulsó la norma, en 2007.
El Gobierno de Sánchez ya consiguió en septiembre el refrendo del Congreso al real decreto ley 10/2018, el que ampara la exhumación de Franco del Valle de los CaÃdos, pleno en el que se acordó asimismo la tramitación del texto como un proyecto del Ejecutivo, por lo que se permitió la incorporación de enmiendas de los grupos. En ese trámite Vicepresidencia, a cuyo frente se encuentra Carmen Calvo, quiere añadir modificaciones al articulado para garantizar que de ninguna manera el general acabe descansando en la sepultura que su familia compró en la Almudena, en pleno centro de Madrid. Básicamente, y como adelantó hace diez dÃas, el Gobierno advierte de que cerrará aquellos espacios de acceso al público en los que se pueda enaltecer a Franco.
El problema que tiene el presidente es que la tramitación parlamentaria corre el riesgo de alargarse. Y mucho. El presidente ya asume incluso que llegará a comienzos de 2019. El pasado lunes, PP y Ciudadanos confirmaron que pedÃan una semana de prórroga para presentar sus enmiendas, y todo indica que habrá más solicitudes en el mismo sentido de ambas formaciones. Y las dos cuentan con mayorÃa absoluta en la Mesa del Congreso, por lo que en la práctica pueden paralizar todo lo que quieran el debate sobre esta materia.
La reforma de la norma continúa paralizada en el Congreso, porque PP y Cs piden que se prorrogue el plazo de presentación de enmiendas parciales
Solo cuando PP o Cs demanden que se registren las modificaciones al articulado de cada grupo, se pasará a la siguiente fase. El presidente de la Comisión Constitucional, el popular Jesús Posada, habrá de convocar a sus señorÃas para que estudien todas las enmiendas y elaboren el dictamen, que el órgano que él dirige deberá aprobar antes de remitirlo al Senado, Cámara que tendrÃa que tramitar el texto en 20 dÃas en caso de que acordara el procedimiento de urgencia. Pero Posada puede darse más o menos prisa, y la Cámara Alta, en la que el PP tiene mayorÃa absoluta, optar por el trámite normal, que le llevarÃa dos meses. Un ejemplo de cómo todo se puede estirar como un chicle: en marzo de 2018 los grupos presentaron las enmiendas parciales a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, defendida por el PNV, y desde entonces no se ha reunido ni la ponencia ni la Comisión Constitucional. No se ha avanzado nada.
La enmienda número 2 de ERC
A la vista de que la reforma de la Ley de Memoria Histórica puede demorarse durante semanas —y meses—, el PSOE ya está intentando adelantar trabajo, según confirman fuentes de la dirección del grupo. La portavoz, Adriana Lastra, está en contacto con las demás fuerzas para saber sus demandas y la orientación de las enmiendas que presentarán al texto, de forma que cuando se cierre la ventanilla, se pueda ir más ágil con la continuación del debate.
Una de las de mayor calado es, precisamente, la número 2 del paquete de 27 ya redactado por ERC [aquà en PDF], que pide declarar como «ilegales» los tribunales de excepción que actuaron en España desde 1936 a 1978, por ser «contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo». En consecuencia, escriben los republicanos, «se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas polÃticas por el régimen franquista». También demandan que se declaren ilegales los tribunales de Represión de la MasonerÃa y el Comunismo (1940-1963), los Tribunales de Responsabilidades PolÃticas y el Tribunal de Orden Público, considerándose nulas sus sentencias polÃticas.
Para los nacionalistas catalanes, este siempre ha sido un caballo de batalla básico. Sobre todo para ERC, por su ligazón sentimental, histórica y simbólica con un dirigente de sus propias filas: el republicano LluÃs Companys, último ‘president’ de la Generalitat (1936-1940) antes de la dictadura. Después de ser apresado en Bretaña por la policÃa alemana y extraditado a España por Adolf Hitler a petición de Franco, fue asesinado el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuïc tras un consejo de guerra sumarÃsimo. ERC se apoya además en que el 29 de junio de 2017 el Parlament aprobó por unanimidad la Ley de Reparación JurÃdica de las VÃctimas del Franquismo que proclamó la ilegalidad de los tribunales polÃticos del franquismo, y con ello las resoluciones que dictaron en Cataluña de 1938 a 1978. Ahora considera necesario «completar esa tarea extendiendo sus efectos al resto del Estado».
El portavoz de ERC, Joan Tardà , ya aseguró a comienzos de esta semana que esta enmienda era básica para su grupo y que contaba con el compromiso en la tribuna del Congreso de la vicepresidenta, Carmen Calvo, para modificar la Ley de Memoria e introducir la nulidad de las sentencias franquistas. Pero también el diputado recordó que el anterior Ejecutivo socialista, y en concreto la entonces número dos, MarÃa Teresa Fernández de la Vega (hoy presidenta del Consejo de Estado), «incumplió el compromiso de incluir la anulación de los tribunales y las sentencias en la ley». Asà que si el PSOE vuelve a desdecirse, advirtió, ERC podrÃa no apoyar la reforma de la ley, ahora que está en trámite en el Parlamento.
Un paso más allá
En realidad, los socialistas ya se mostraron a favor de este punto en dos ocasiones en el último año. El 14 de noviembre de 2017, apoyaron, con Unidos Podemos, ERC, PNV y el Mixto, una proposición de ley del PDeCAT para declarar la nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la Guerra Vivil y el franquismo, asà como de sus sentencias. En aquel momento, el PP votó en contra (junto con Foro Asturias y UPN) y Ciudadanos se abstuvo. Dos meses antes, y a iniciativa en este caso de los socialistas, el Congreso declaró nula la condena a Companys, con el respaldo de Unidos Podemos y PDeCAT y el voto en contra, por razones completamente opuestas, de PP y ERC.
Los socialistas ya dieron su giro respecto a la ley de 2007 el año pasado, con la victoria de Sánchez en las primarias del partido
La posición del PSOE antes de la vuelta de Sánchez al poder del partido, tras unas duras primarias contra Susana DÃaz y Patxi López, no era esa. De hecho, como recordaba Tardà esta semana, los republicanos intentaron conseguir en 2007 que se declarase la nulidad de las condenas franquistas y no lo consiguieron. El Gobierno de Zapatero se quedó un peldaño por debajo y simplemente se atrevió a proclamar la «ilegitimidad» de los tribunales de la dictadura y de sus sentencias. El presidente sà quiere materializar ahora ese paso más allá.
Según relataban fuentes de la dirección del Grupo Socialista, el acuerdo con ERC es claro: se tratarÃa de declarar «ilegales» los tribunales de excepción franquistas y por tanto, «nulas» todas las condenas que dictaron por razones polÃticas (no aquellas, por tanto, contra reos comunes). En el partido no prevén una avalancha de reclamaciones, puesto que gobiernos anteriores ya repararon a las vÃctimas de la contienda y de la dictadura. Tardà llegó a afirmar que su propuesta habÃa sido consensuada con el PSOE. Desde el entorno de Lastra se asegura que el acuerdo existe, aunque añaden que introducirán modificaciones sobre la redacción presentada si creen que con ello se «mejora» el texto final. En ERC observan que no admitirán «rebajas en el contenido».
Los «recursos» del Ejecutivo
ERC, PDeCAT y PNV, además de Unidos Podemos, comparten por lo demás el espÃritu de las enmiendas que registrará el PSOE, y que van encaminadas a impedir por todos los medios que Franco acabe en la Almudena. Los socialistas también incorporarán otros cambios en la ley, como la retirada de condecoraciones a torturadores del franquismo como Billy el Niño —una materia de mucho peso para los de Pablo Iglesias— o la creación de una comisión de la verdad que indague más a fondo lo que ocurrió en la guerra y el franquismo. Asimismo, el Estado se atribuirá la potestad de abrir las fosas de las vÃctimas que sufrieron la persecución del régimen. Lo que tendrá que pactar el Ejecutivo con los grupos es qué hacer con el Valle de los CaÃdos. Sánchez, en su gira por Latinoamérica del pasado agosto, ya adelantó que no veÃa opción para hacer de Cuelgamuros un Museo de la Memoria, como hasta entonces habÃa asegurado.
El PSOE confÃa en que la Iglesia impida la inhumación del dictador en la Almudena a la vista de que está tramitándose la reforma legal
El Gobierno sigue sin desvelar qué as en la manga se guarda para garantizarse que los restos de Franco no descansan en el centro de Madrid. La semana pasada, la portavoz, Isabel Celaá, confirmó que el Ejecutivo echará mano de todos los «recursos» a su alcance para evitar esa imagen que horroriza a buena parte del hemiciclo. Pero no dijo cuáles. Pero quizá Sánchez tenga que optar por un plan B si la reforma de la Ley de Memoria se atasca más y más en las Cortes.
Entretanto, los socialistas confÃan en que el trámite de esa modificación sirva a la Iglesia para convencer a los Franco de que no pueden enterrar a su abuelo en la cripta de la Almudena. Es decir, la cúpula cree que, al estar la reforma de la ley en marcha y conocerse los objetivos inequÃvocos que persigue el Gobierno, los obispos tienen argumentos más que sobrados para decir no a la familia y ahorrarse un problema incluso legal. De este modo, quizá no harÃa falta que la tramitación culminase para forzar que la inhumación de los restos se efectúa en un lugar privado, fuera de todo circuito de visitas. Pero los descendientes del general siguen rocosos y se oponen, primero, a la propia exhumación del Valle de los CaÃdos, y dos, rechazan que su destino final no sea la Almudena.
El PSOE, mientras, ha forzado un debate paralelo en el Senado. La próxima semana, en el pleno que arrancará el 20 de noviembre —justo cuando se cumplan 43 años de la muerte de Franco—, defenderá una moción con la que pretende que la Cámara condene «rotundamente» la dictadura y cualquier «exaltación» del régimen. Pero el PP ya ha adelantado, a través de su portavoz, Ignacio Cosidó, que no respaldará el texto porque se trata de un «debate innecesario» y divisivo opuesto a la «concordia» que supuso la Transición y porque además «desvÃa la atención» de los problemas de los ciudadanos.
La Iglesia considera que el asunto de la exhumación de Franco está «desorbitado»
La Iglesia española no pondrá obstáculos a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los CaÃdos. Pero eso no quiere decir que comparta todos los argumentos del Gobierno. De hecho, en una entrevista con la Agencia EFE, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José MarÃa Gil Tamayo, deja ver ciertos recelos con Pedro Sánchez.
«Este es un asunto que está desorbitado y no tendrÃa que haberse llegado a esta situación», opina el portavoz de los obispos, quien cree además que la sociedad española «está en otra cosa, en los problemas reales y en las dificultades».
Gil Tamayo se mostró crÃtico con la lectura que hizo Carmen Calvo tras su entrevista con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el pasado 29 de octubre. La vicepresidenta señaló que la Iglesia estaba de acuerdo en buscar fórmulas para vetar a Franco en la Almudena. Roma la matizó posteriormente y dijo que nunca habló la mano derecha del Papa del lugar de enterramiento, aunque sà vio positivo que se buscaran caminos alternativos en diálogo con la familia.
«Me sorprendió por la enfatización, no es usual en la praxis diplomática que se observa con la Santa Sede en estas visitas», apuntó. Gil Tamayo no cree que el cruce de declaraciones por parte del Gobierno socialista fuera casual. «A esas instancias no se hace nada fortuito. Cualquier observador ve que hay una preparación, estrategia, acompañamiento mediático y todo un orden de batalla», opinó el portavoz, «hablando en términos bélicos» que, agregó, «luego se puede ganar o no, dependiendo de la inteligencia de los estrategas y de las fuerzas disponibles».
