La burocracia impide a un equipo de la Universidad de Oviedo investigar sobre los enterramientos comunes y las víctimas mortales de la contienda en AsturiasMarta Rodríguez | Periodista @martarogia

El estudio que lidera la titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Carmen García, reconstruye los efectos de la Guerra Civil en Asturias. Crea un mapa de fosas comunes y las caracteriza al detalle. También registra las víctimas mortales, recopila los datos sobre los asturianos caídos fuera de la región y los foráneos que quedaron en esta tierra. Pero este trabajo se ha encallado ahora por trabas administrativas.

El proyecto arrancó en 2003 y ha ido alargándose a través de sucesivos convenios firmados entre la Universidad de Oviedo y las Consejerías de Educación y Cultura y de Asuntos Sociales; la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo y la de Bienestar Social y Vivienda (2004-2007) y esta última de nuevo (2009-2011). Hasta esa fecha el Principado abonó 196.612 euros de subvenciones. Asimismo, el Ayuntamiento de Gijón colaboró desde 2006 a 2011, con cifras de 12.000 y de 12.700 euros los últimos dos años. Estos importes se destinaron a gastos de trámites de la entidad académica, una partida pequeña a desplazamientos y la mayor cantidad a personal, aunque García no cobra retribución por su labor como directora. Y gracias al ingreso de unos 28.000 euros del Estado en 2011, la documentación de la base de datos se amplió, se realizaron entrevistas y se filmó el vídeo Bajo valles y montañas. Geografía y memoria de la represión en Asturias.

Pero después de esto comenzaron las dificultades. Las últimas ediciones públicas de los resultados datan de 2010, y ya no contaron con fondos para colgar en internet las modificaciones de 2011. Tampoco para contratar a los expertos. Se necesitaba a un delineante para el trazado de los mapas, a un informático para subir las modificaciones de la base de datos y a un historiador para el análisis. Pero desde 2011 hubo un parón sin subvenciones.

RETRASOS BUROCRÁTICOS

Hasta que en 2017 y 2018 se firman dos acuerdos con el Gobierno autonómico. Estos deberían haberse aplicado para años completos, pero se rubricaron tarde, en junio y en marzo, respectivamente. Y luego, se enredaron en la maraña de más retrasos burocráticos de la entidad universitaria. La consecuencia es que las personas seleccionadas solo pudieron ocuparse un mes y diez días del ejercicio pasado. Y en 2018, ni un solo día. Porque después de haber sacado en convocatoria pública dos plazas, en diciembre se le notificó a la directora que no les podía contratar. La Universidad argumenta que los mismos “trabajos se vienen reiterando desde 2015”. Deniega su incorporación para evitar el encadenamiento de contratos, que podría obligar a hacer fijos a los implicados.

La Universidad argumenta que los mismos “trabajos se vienen reiterando desde 2015” pero la directora del proyecto tacha de “boicot y falsedad” esta explicación

Sin embargo, Carmen García tacha de “boicot y de falsedad” tal explicación, ya que la técnica informática se suma por primera vez como investigadora en esos 40 días de 2017. Con respecto al historiador, aunque dio clases entre 2015 y 2017, no tuvo vinculación con este proyecto desde 2011, ya que no había fondos. Los puestos salieron a concurso en regla y están adjudicados. Si es complicado conseguir dinero público como para desaprovecharlo sin razón. Además, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece excepciones y permite sucesivos contratos para proyectos de investigación. Así que se da una pérdida de recursos, pues el monto no gastado tiene que devolverse a su fuente de origen. Por lo que se debe reingresar al Principado parte de lo recibido en 2017, unos 4.000 euros,  y  el íntegro del 2018, es decir, 25.000 euros. ATLÁNTICA XXII ha preguntado al Rectorado su versión sobre estas informaciones, pero el departamento declina realizar comentarios.

En todo caso, para que el estudio no se estanque, la profesora mantuvo una reunión el jueves, día 13 de diciembre, con Encarnación Vicente, directora general de Justicia del Principado.  De momento, aún en conversaciones preliminares, si se diera una ayuda pública sería mucho más baja, rondaría los 15.000 euros. Y existe otro obstáculo, pues la devolución se ha repetido dos años: qué garantías se ofrecen para que no suceda otra vez. Es más, cómo se justifica un nuevo respaldo a una propuesta que no aplica las subvenciones concedidas. Por ello, se está evaluando una distinta fórmula de gestión, quizás a través de la Fundación Universidad de Oviedo. Mientras, el tiempo corre tanto para la investigación como para los profesionales, en una situación precaria. Y la Universidad “se llena la boca afirmando ser un Campus de Excelencia”, lamenta.

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