Conferencia-coloquio "Los últimos asesinatos del franquismo, memoria e impunidad"
Fòrum per la Memòria del País Valencià - 30/11/2005 - Valencia
El próximo día 30 de Noviembre, invitados por el Fòrum per la Memòria del Paìs Valenciá, tendremos en Valencia la oportunidad de escuchar el testimonio de CARMEN PUIG ANTICH y de INAKI MARTÍNEZ. El Acto, una conferencia-coloquio bajo el título "Los últimos asesinatos del franquismo, memoria e impunidad", recordará a Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación, ejecutado en Barcelona a los 26 años, el 3 de marzo de 1.974, tras un precipitado juicio lleno de irregularidades. Estaba acusado de matar a un policía, cuyo cadáver presentaba cinco impactos de bala, mientras que -según consta en el sumario- la pistola de Salvador solo fue disparada dos veces. Iñaqui, es un superviviente de los trágicos sucesos de Vitoria-Gasteiz del 3 de marzo de 1.976, cuando la policía -al mando del entonces ministro del Interior Fraga Iribarne- realizó una masacre, utilizando armas de fuego indiscriminadamente contra indefensos trabajadores a la salida de una Asamblea realizada en una iglesia, con el resultado de cinco muertos y más de cien heridos de bala.
Según declara su presidenta Amparo Salvador, este acto se encuadra dentro de las actividades que realiza el Forùm para contribuir a recuperar la memoria, no solo de la represión después de la guerra, sino también la de la transición. Igualmente pretenden que sea un acto en memoria y homenaje de Salvador Puig Antich, de los cinco antifascistas fusilados el 27 de septiembre de 1975 y de los cinco trabajadores asesinados en Vitoria el 3 de marzo de 1.976, al tiempo que de denuncia sobre los continuos retrasos del gobierno en presentar el anteproyecto de Ley para la completa rehabilitación y, reparación moral y jurídica de todos los demócratas víctimas de la represión franquista por defender los derechos y libertades hoy alcanzados tras largos años de luchas.
Memoria e impunidad: nuestro deber de recordar.
FÒRUM PER LA MEMÒRIA DEL PAÌS VALENCIÁ
El 3 de marzo de 1976 en Vitoria la represión policial causó la muerte de 5 trabajadores y más de 150 heridos de bala. Dos años antes, fue ejecutado en Barcelona a los 26 años Salvador Puig Antich, tras un precipitado juicio lleno de irregularidades y el 27 de setiembre de 1.975 eran fusilados otros cinco antifascistas. También fueron condenados a muerte tras otros jucios farsa, en los que la única prueba que se tuvo en cuenta fue la declaración ante la Guardia Civil y la policía de los inculpados. Ni sus propios familiares fueron capaces de reconocerles en las fotos de los periódicos debido a las torturas a que fueron sometidos.
Estos testimonios que el Fòrum per la Memoria del País Valenciá recoge en un acto organizado para el 30 de noviembre, constituyen buena muestra de que el pacto de silencio que presidió la Transición española a la “democracia” continua extendiendo sus sombras y distorsionando los perfiles de nuestra realidad actual. Los responsables de tales crímenes y de muchos más que se cometieron nunca han respondido ni pagado por ellos, mientras que las víctimas y sus familiares aun siguen esperando una reparación y un reconocimiento que no llega. Eso sí, la mayor parte de la población ignora lo sucedido o tiene un conocimiento muy manipulado de nuestra historia reciente.
En definitiva la historia oficial sigue siendo deformada desde el poder, y coloca como valedores de las actuales libertades democráticas a personas que tuvieron la responsabilidad política de aquellos hechos. Bajo el gobierno de la monarquía, personajes como Fraga, Suarez, Martín Villa... aparecen como protagonistas de la Transición. En cambio, las víctimas son olvidadas y se obvia las luchas que se mantuvieron y sobre las que se han conquistado estas libertades. Incluso se llega a la caricatura grotesca, cuando elementos emblemáticos de la dictadura franquista, como el torturador Melitón Manzanas o Carrero Blanco, son reivindicados por la reciente Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
30 años después de la muerte del dictador, en su cama, todavía sigue existiendo una aguda contradicción entre la historia oficial y la memoria de todo un pueblo. La primera pretende que la caída de la dictadura fue la consecuencia de la decisión desinteresada del gobierno de la monarquía y de la derecha en general, que se convirtió a la democracia una vez muerto Franco, frente a una realidad compuesta de la lucha y el sacrifico de miles de personas que forzaron a la clase dominante a hacer concesiones, a ceder en las libertades democráticas, ante el miedo que les producía el avance de las luchas de los trabajadores y de la sociedad en general.
Por eso, a pesar de los años transcurridos, hoy sigue siendo necesario reivindicar a las víctimas de la represión franquista y exigir para ellas las reparaciones y compensaciones morales, políticas y económicas establecidas por la Justica Internacional y las Naciones Unidas, y reivindicadas por sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, así como por organizaciones como Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor-España. Es necesario exigir responsabilidades por los crímenes cometidos, que nunca pueden ni deben prescribir en democracia. Y es que nunca podrá haber reconciliación, ni estado de derecho, mientras no prevalezcan la justicia y la reparación por encima de cualquier otro interés y mientras perdure la impunidad que ilustran perfectamente los tres casos señalados.
Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación, fue ejecutado en Barcelona bajo la acusación de matar a un policía cuyo cadáver presentaba cinco impactos de bala, pero -según consta en el sumario-, la pistola de Salvador solo fue disparada dos veces. A fecha de hoy, el recurso a esta condena a muerte por garrote vil de Puig Antich, considerado el caso precursor para la revisión de Consejos de Guerra que impusieron penas de muerte durante el franquismo, permanece enmarañado en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. En situación similar permanecen los recursos interpuestos por familiares de los 5 antifascistas fusilados el 27 de setiembre de 1.975. La Fiscalía General del Estado aseguró por su parte el pasado mes de abril, que no tenía intención de promover la revisión “generalizada” de los Consejos de Guerra celebrados durante el franquismo, ya que dicha revisión debía hacerse de forma individualizada y ante la presencia de hechos o pruebas relevantes que no pudieron ser valorados en su momento. Estos casos, y los acontecimientos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria que ocasionaron los mencionados 5 trabajadores muertos y más de 150 heridos de bala, concentran a nuestro juicio un aspecto esencial de la Transición.
Todos ellos fueron víctimas del escarmiento ejemplar que la dictadura del general Franco quiso dar al movimiento antifranquista en su última etapa, cuando ya estaba en plena descomposición y no tenía capacidad para atajar las luchas sociales abiertas en todos los frentes: huelgas generales políticas en todo el Estado, constitución clandestina de la Unión Militar Democrática dentro del ejército, manifestaciones masivas, movilizaciones generalizadas..., A esta situación respondió con un aumento de la represión y del terror, declarando el Estado de Excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, y realizando procesos judiciales contra los luchadores que muy bien podrían calificarse de pantomimas, en los que no se aceptaba ningún tipo de pruebas: ni autopsias de los cadáveres, ni huellas dactilares, ni testigos -caso Txiki, en el que ningún testigo fue capaz de reconocerle como uno de los atracadores en una entidad bancaria de Barcelona-, o Otaegui, otro de los ejecutados, condenado por "colaboración necesaria" por alojar en su casa a miembros de ETA. La base de su inculpación fue la declaración del militante de ETA, Garmendia, quien durante su detención recibió un balazo en la cabeza que le dejó disminuído física y mentalmente. Su declaración fue firmada con la huella dactilar porque no era ni capaz de sostener el bolífrafo entre los dedos.
El Fòrum per la Memòria del Paìs Valenciá consideramos necesario retomar este ejercicio de memoria colectiva de nuestro pueblo y hacerlo no sólo desde una perspectiva testimonial e histórica, sino también reivindicativa, por la defensa de la justicia y la reparación debidas, cuya lamentable omisión aun persiste hoy, a pesar de los 30 años transcurridos desde la muerte del dictador.
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