Comunicado de la Comisión de la Dignidad ante las declaraciones del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el diario El Mundo (7/1) relativa a la devolución de documentos
Comisión de la Dignidad, Barcelona 7.1.2005

Ante las declaraciones hechas públicas hoy por el ministro Jesús Caldera, en la edición del 7.1.2005 del diario El Mundo, el Secretariado de la Comisión de la Dignidad quiere exponer lo siguiente:

Las declaraciones del Sr. Caldera, y la manera en qué el medio que informa las reproduce, dan a entender que sólo se considera como "legítima" la reclamación que hace de sus documentos expoliados, la Generalitat de Catalunya. Ante esta interpretación, que puede dar pie a graves equívocos, hay que apuntar que el Dictamen de la Comisión Asesora (hecho público el último día 23 de diciembre y posteriormente ratificado en su contenido tanto por la ministra de Cultura, Carmen Calvo -la persona más directamente responsable de esta área- como por el propio Presidente del Gobierno español, Sr. JL Rodríguez Zapatero) especifica bien claramente que si bien los legajos de la Generalitat de Cataluña, ya clasificados e identificados, tienen que ser devueltos a su legítimo propietario, también tienen lo tienen que ser los otros documentos expoliados de Cataluña a entidades como los partidos, los sindicatos, los municipios, las asociaciones privadas, los particulares etc, documentos que igualmente han sido reclamados reiteradamente por la Generalitat de Cataluña y por esas mismas entidades.
 
Paralelamente, el Sr. Jesús Caldera insinúa a sus declaraciones -según las reproduce el medio mencionado- que no serían devueltos documentos que hayan sido reclamados en otros comunidades, y/o que no hayan sido reclamados hasta ahora. Según las palabras literales reproducidas en este medio, el ministro Caldera habría dicho: "a nadie le asiste ningún título para|por poder pedir más documentos". Cabe decir que estas ideas chocan frontalmente con el contenido y el espíritu del Dictamen antes mencionado. Delante de esto, y si ésta fuera una interpretación precisa de las palabras del ministro, la Comisión de la Dignidad quiere apuntar que desminitirían esa voluntad ya mostrada en su día por el Gobierno español en su día, en el sentido de querer ayudar a hacer "curar las heridas" de la Guerra Civil. También se vería gravemente perjudicada la voluntad de rehacer los archivos republicanos saqueados, iniciativa que el Gobierno español expresó interés en querer emprender. En este sentido hay que insistir que el proceso de expolio documental no sólo lo sufrieron los archivos de Cataluña, sino los del País Valenciano y las Islas Baleares (con respecto a materiales de origen masónico), además de otras comunidades como Aragón, Euskadi etc. Consideramos que la autoridad moral y efectiva para reclamar documentos no prescribe por el hecho que el Gobierno autónomo actual o entidades de alguna de éstas comunidades todavía no haya hecho la reclamación pertinente. Tampoco el Dictamen deslegitima potenciales reclamantes por el hecho de no haber disfrutado sus comunidades autónomas de gobiernos autónomos constituidos en el periodo de la República. Además hay que añadir que si algunos afectados todavía no han podido reclamar sus documentos, en gran medida hay que responsabilizar de ello al mismo Estado, que en muchos casos no ha informado a los afectados de la existencia de sus bienes expoliados en Salamanca, ni ha facilitado -hasta la fecha- un proceso para su restitución, como lo hubiera procurado hace años un régimen de más garantías democràticas que el que surgió de la Transición.

Comisión de la Dignidad, Barcelona 7.1.2005. 16.00 horas. Tfno. 665727329