La Voz de Asturias - 03/01/2005
DAVID Ruiz. Catedrático de la Universidad de Oviedo

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Los papeles, importantes; el Archivo, una vergüenza. Así de claro. Sepa quien aún no esté informado del conflicto político suscitado por la decisión del Gobierno de España de devolver 507 legajos a la Generalitat catalana (única autonomía del Estado existente al empezar la guerra civil), que esa documentación y la de otros veinte mil legajos más, pertenecientes a partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, etc. de 17 provincias de la España leal a la República, fueron incautadas a punta de pistola y tratadas como botín de guerra por los vencedores del conflicto, a medida que esas provincias eran ocupadas por el ejército franquista entre 1937 y 1939.

AL REUNIRtoda la documentación en Salamanca, proyectaban ponerla al servicio de los investigadores para mejorar el conocimiento de la historia nacional? En absoluto. Durante décadas circuló el rumor entre salmantinos de a pie, de que el caserón de la calle Gibraltar, custodiado por la Guardia Civil hasta su transformación en Delegación ("Guerra Civil") del Archivo Histórico Nacional, encerraba no tanto documentos cuanto, para ellos, extraños objetos simbólicos empleados por el rito masónico de cuya existencia les habían informado despectivamente personas influyentes cercanas al Caudillo. Su destino real, sin embargo, tendría menos aire de misterio, ya que no fue otro que servir de artesanal banco de datos (de nombres, apellidos, afiliación política y sindical de los defensores de la República y otros) para facilitar a la dictadura la represión de los vencidos. Sólo a partir de los años sesenta, cuando la tarea de "saneamiento" se dio por finalizada, algunos historiadores de plena confianza del régimen y un norteamericano especializado en la historia española, que se sepa, tuvieron la venia del almirante Carrero Blanco para acceder al archivo. Con escaso éxito, por cierto, entre otros motivos por el lastimoso estado en que se encontraba la documentación.

HOY, sin embargo, la situación es otra. Vivimos en un tiempo en que la tecnología permite garantizar y trasladar sin el menor problema toda la información contenida en los archivos. Por qué el salmantino no se queda con una copia de toda la documentación de las 17 provincias --más la documentación original que le corresponde, relacionada con la administración política y militar emanada del cuartel del Generalísimo allí instalado--, y devuelve los papeles originales a los lugares de donde no debieron haber salido? El sacrosanto principio de la "unidad" que en el pasado esgrimían los archiveros profesionales para argumentar al respecto, ya no es de recibo, como han concluido los archiveros de la comisión de expertos designada por el Gobierno. Menos aún aplicable a este caso en el que a los responsables del asalto a las sedes de partidos, sindicatos, logias y Generalitat, les trajo sin cuidado destruir las respectivas unidades documentales. Se impone, pues, la reparación legal y serena de los damnificados frente a las reacciones aldeanas favorables a la permanencia de aquel latrocinio.