Ventanilla de la memoria. La escasez de medios para tramitar las indemnizaciones a ex presos del franquismo, comprometidas por la Junta desde 2003, retrasa el pago a miles de beneficiarios
diariosur.es - 14 de noviembre de 2004

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CAMBIOS. Tropas nacionales eliminan vestigios republicanos en plena calle de Gijón.

ISABEL SIRA/SEVILLA

EN 2001 y 2003 la Junta de Andalucía promulgó sendos decretos por los que se regulaba la concesión de indemnizaciones a ex presos y represaliados políticos que fueron privados de su libertad durante la guerra civil y la dictadura de Franco. Unas 5.000 personas que ya han presentado su solicitud se llenaron de esperanzas por conseguir el reconocimiento social de las ofensas vividas. Pero ahora, casi un año después del último decreto, muchos de estos individuos están desanimados por la demora en el pago o el silencio administrativo.

Los hijos de Antonio López, que han preferido dar un nombre ficticio, están desesperados. Ven cómo su padre pierde la ilusión de ser recompensado por los cerca de tres años que estuvo en prisión «sólo por defender sus ideas», puesto que fue detenido y encarcelado durante ese tiempo únicamente por ser el hermano de su hermano, un guerrillero al que mataron en Granada.

Así, esta familia ha visto cómo, tras presentar su solicitud de indemnización por ser ex preso del franquismo a principios de este año, solamente han recibido dos cartas de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, área encargada de atender las peticiones. En la primera misiva, le reconocieron que cumplía los requisitos del Decreto y en la segunda, recibida hace unas semanas, le indicaron que van a estimar su petición para concederle o no la indemnización.

«Para mí que la Consejería sólo está haciendo tiempo, porque nosotros presentamos los papeles que acreditaban que mi padre estuvo preso, la certificación de ser residente en Málaga y todo lo que nos pidieron, y aún dudamos de que se restituya el honor a mi padre», afirmó una de las hijas de este ex recluso, que añadió que la Junta juega con un tiempo «que es justo lo que no tiene mi padre».

Retrasos

Además, la familia López no es la única que se encuentra en esta situación. La Oficina del Defensor del Pueblo acreditó que, a fecha de 22 de enero de este año, estaban paralizadas 503 peticiones de indemnización, lo que quiere decir que están en proceso de revisión, y reconoció haber recibido numerosas quejas por la tardanza de la Administración en resolver la concesión de las compensaciones.

En este sentido, el Decreto 333/2003 del 2 de diciembre, que complementa al promulgado en enero de 2001 al ampliar las indemnizaciones a personas a las que quitaron la libertad a partir de los 90 días, marca un plazo de tres meses para notificar las resoluciones desde que se registre la petición.

Desde la Consejería de Justicia se reconocen los problemas en la tramitación de los expedientes «por las numerosas dificultades que ha habido, en muchos casos, en la obtención de los documentos acreditativos de los periodos de privación de libertad, ya fuera en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración».

Esta justificación ya la conocían las víctimas de la represión franquista, que también tuvieron que peregrinar por archivos penitenciarios y militares, en muchos casos fuera de Andalucía, para obtener sus certificados.

Más personal

Por eso mismo, la familia López no lo consideró explicación válida y exigió a la Junta que ponga al personal que haga falta para atender las peticiones y resolverlas «antes de que sigan muriendo muchos de los beneficiarios».

Después de su peregrinación por la Delegación de la Consejería de Justicia en Málaga y llamadas a la sede central de Sevilla, la familia López llegó a plantearse que el problema esté en falta de medios por parte de la Administración para atender las compensaciones.

En este sentido, desde la Consejería sólo se explicó que para poner en práctica esta iniciativa se cumple el trámite administrativo y se dispuso la atención de cualquier proyecto del área, con un servicio especializado. Igualmente, los responsables de la Consejería informaron de que, antes de final de año, abonarán su indemnización a unas 1.600 personas e indicaron que el presupuesto en este concepto previsto para 2004 es de 4.910.000 euros.

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, afirmó que los retrasos eran «puntuales» y que el pago de las indemnizaciones, que estimó que beneficiarían a unas 2.500 personas, es una prioridad para la Tesorería del Gobierno andaluz.

A pesar de estas explicaciones, según Cecilio Gordillo, vocal de exhumaciones de la asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, la actitud de la Junta choca con la atención que se ha dado en otras comunidades autónomas a los ex presos y represaliados del franquismo.

En concreto, Gordillo se refirió a que Cataluña creó una partida presupuestaria para que un grupo de funcionarios recorrieran las cárceles y buscaran los expedientes de sus solicitantes. Ante esta situación, instó a la Junta a tomar medidas parecidas a las catalanas. «Es un hecho conocido y reconocido que los archivos del franquismo están, en su mayoría, desclasificados, o perdidos. Por ello, consideramos que si se pide probar documentalmente que se estuvo preso durante la dictadura, la propia Administración debería facilitar la búsqueda de los papeles que exige», aseveró Gordillo, quien culpó, no sólo a la Administración autonómica por la falta de organización de los archivos, sino también al Estado.

Archivos

Para el vocal de Memoria Histórica y Justicia, si el planteamiento antes de poner en marcha las indemnizaciones hubiera sido destinar personal a recopilar los archivos franquistas, el pago de las compensaciones no se habría demorado tanto.

En este sentido, una de las quejas recogidas por el Defensor del Pueblo explicaba cómo una hija no quiere percibir la indemnización en caso de fallecimiento del padre. Por el contrario, pide más agilidad para que, «quien sufrió el rechazo», vea que, más de 25 años después, le reconocen haber sido injustamente tratado.

«No queremos quedarnos nosotros con un dinero que a mi padre le ha costado sangre y años de su vida. Nosotros queremos que sea él quien lo disfrute, que tenga la satisfacción de ser reconocido», decía la hija de un afectado, según uno de los informes del Defensor del Pueblo.

Frente a este pesimismo, Leopoldo Iglesias, relaciones públicas de la Asociación de ex presos políticos antifranquistas y represaliados de Sevilla y peticionario de la indemnización, hizo un llamamiento a la esperanza.

Cobros

Iglesias presentó la solicitud en 2001 y cobró este año, después de que el decreto de 2003 reconociera las indemnizaciones a condenas de menos de tres años. Por ello, reconoció que el retraso en el pago se produjo, pero alentó al resto de familias a estar tranquilas, al afirmar que «cobrar, vamos a cobrar todos, porque para eso se aprobaron estos decretos».

De hecho, este ex preso político valoró que la Junta no impusiera tener más de 65 años para cobrar, como ocurrió con el Decreto nacional «que dejó fuera a muchos de nosotros».

En la misma línea, desde Justicia indicaron que se seguirán pagando las indemnizaciones a los ex presos políticos del franquismo hasta cubrir todas las peticiones que cumplan los requisitos y pidieron comprensión para los retrasos.