La anulación de sentencias de los tribunales franquistas.
Floren Dimas - 23 DE JUNIO DE 2004 - CARTA DESDE MURCIA A LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS EN EL CONGRESO DE LA NACION

Estimado diputado-a:

 

La asociación que represento, “Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945) - Región de Murcia" fue fundada en agosto de 1995, en torno a la Memoria Histórica de “los fusilados del franquismo", por un numeroso colectivo de familiares de las víctimas al que posteriormente se han venido uniendo personas que, sin tener relación familiar con aquellas, han sido conscientes del deber de recuperar su memoria por razones de coherencia ideológica y de justicia moral e histórica.

 

Desde 1998 y a petición de los familiares, conseguí tras no pocas gestiones ante la autoridad judicial militar, autorización para consultar el Archivo de Causas de la Guerra Civil dependiente del Juzgado Togado Militar Territorial nº 14 de Cartagena, hasta que por un subterfugio argumental actualmente recurrido en este momento ante la Sala Quinta delTribunal Supremo, fue suspendida esta consulta en abril de 2002, alegando deleznables razones de “desorden archivístico" que yo mismo denuncié en 1998, pero que no impidió mi trabajo de investigación por no responder este a una metodología de revisión numeral de los expedientes, si no a su lectura e interpretación, uno por uno; una escandalosa obstrucción a la investigación que, para no distraer su atención, dejo para otra oportunidad. El citado Archivo contiene un inmenso volumen de expedientes judiciales (los tristemente conocidos como “Sumarísimos de Urgencia") que excede el número de 14.000, habiendo llegado a revisar hasta el nº 6.583.

 

Este programa de investigación cuenta con la supervisión científica del Departamento de Historia Contemporánea de España y de América de la Universidad de Murcia del que es directora la Dra. Dª Encarna Nicolás Marín (Tf. 968 364230) y tiene por objeto llegar un importante vacío historiográfico como es la cualificación y cuantificación de la represión franquista en la provincia de Murcia entre el final de la guerra y enero de 1945, en que tuvo lugar la última ejecución por motivos políticos relacionados con la Guerra Civil.

 

Este proyecto, sin parangón alguno hasta el momento, supone el mayor esfuerzo investigador realizado en España para estudiar, desde los propios documentos inquisitoriales de la justicia militar franquista, lo que no fue otra cosa que una auténtica operación de exterminio físico y moral del adversario ideológico.

 

Enfrentarse durante cinco años, a cinco horas seguidas de consulta dos veces por semana, a la trascripción de los cuarenta y ocho “campos" valores estadísticos considerados en cada expediente, así como a plasmar una síntesis argumental de cada proceso, me ha permitido alcanzar una perspectiva cognoscitiva del hecho represivo que, aunque referido a una sola provincia española, permite extrapolar conclusiones válidas para el resto del territorio español, al evidenciar –hasta probándolo documentalmente- el carácter de prevaricación permanente de los tribunales militares, incluso por la no observancia del propio cuerpo legal aplicado..

 

Ratificado por otra línea de trabajo que he llevado adelante en forma paralela, la recogida de los testimonios orales de los supervivientes, permitiría extenderme en narrarle el cuadro escénico de la propia instrucción de unos Sumarísimos, realizada sin garantía procesal alguna; siendo analfabetos una parte muy importante de los procesados, estampan su huella dactilar sin que le sea leída su declaración autoinculpatoria obtenida con la aplicación de torturas físicas y psicológicas, comúnmente ejecutadas a manos de agentes de Falange, habilitados para la toma de declaraciones en los Juzgados Militares de instrucción" como práctica sistemática. En no pocos casos, existe constancia documental del ingreso de los detenidos en hospitales penitenciarios como consecuencia de los malos tratos.

 

El carácter terrorista de esta represión judicial realizada por los tribunales militares, no pretendía establecer principio alguno de esclarecimiento, justicia ni objetividad, si no servir de herramienta a la implantación del nuevo régimen mediante la extensión del Terror entre una población mayoritariamente hostil al régimen vencedor, circunstancia que ha sido sobradamente demostrado por la moderna historiografía e incluso por recientes declaraciones de magistrados del Tribunal Supremo, que Vd. no desconoce.

 

La razón por la que comparezco ante Vd., estimado Diputado-a, es expresarle la preocupación del amplio colectivo de familiares de las víctimas del franquismo que represento y la mía propia como investigador atento y necesariamente documentado, ante la tibia receptividad y hasta el rechazo manifiesto, con que el Grupo Socialista parece haber acogido las Proposiciones No de Ley que desde diferentes direcciones han sido llevadas a discusión, ante las comisiones oportunas y ante el pleno de la Cámara, en orden a solicitar la ANULACION DE LAS SENTENCIAS de los tribunales franquistas en procesos que tuvieroncomo base cargos penales de naturaleza política.

 

En su momento, esta asociación presentó ante el Grupo Parlamentario Socialista una batería de propuestas relacionadas con esta petición de anulación de sentencias que no mereció ni un cortés acuse de recibo, lo que por la naturaleza del tema expuesto y las personas que lo solicitan, nos ha producido una gran desazón..

 

Comparezco ante Vd. y ante su Grupo Parlamentario en mi calidad de presidente de la asociación de “Amigos de los Caídos por la Libertad" y al propio tiempo, con el Conocimiento que me aportan MILES DE HORAS dedicadas a la investigación y análisis de la represión franquista, para rogarle que haga cuanto en su mano esté para que este clamor, sordo por el momento, que surge desde el seno de decenas de miles de familias españolas que han sufrido el desgarro del fusilamientos, torturas, hambre, enfermedad, exilio o destierro, puedan ver reparadade alguna manera las consecuencias de aquella tragedia, comenzando con la ANULACION DE SENTENCIAS, llenando de contenido la Declaración Institucional de 20 de Noviembre de 2002 y haciendo creíble la sinceridad de la misma y del posterior Acto de Homenaje a las víctimas del franquismo que tuvo lugar el 1 de Diciembre de 2003 en el propio Congreso de los Diputados..

 

No se trata únicamente de pedir la publicación en el BOE de una disposición oficial genérica derogatoria si no de la expedición, por el órgano del Estado que corresponda, de un documento con formato de Título que acredite nominalmente dicha nulidad de procedimiento, para que en base a dicha resoluciónse contemplen las reparaciones a que en justicia haya lugar, legislando y promulgando las oportunas consignaciones económicas con cargo a los presupuestos generales del Estado.

 

Me pongo a su completa disposición para aclararle cualquier aspecto contenido en este escrito y créame que si cada diputado del Parlamento me acompañase una mañana en la lectura de un par de “Sumarísimos de Urgencia" y experimentase la conciencia de la perversidad intrínseca encerrada en la redacción de sus inicuas sentencias, es muy probable que se sentiría como el más acendrado valedor de la justicia de lo solicitado.

 

Le agradecería tomase en consideración este escrito y confiamos en merecer y recibir la expresión de su personal posicionamiento ante esta cuestión.

 

 

Floren Dimas Balsalobre

Investigador Nº 004000199

Presidente regional