La doble condena de Grimau. IU reclama la revisión de la sentencia a muerte y la rehabilitación pública del dirigente comunista fusilado en 1963, al que defendió el asturiano Alejandro Rebollo
La Nueva España - Asturias - 04/10/2004

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Oviedo,

Azahara VILLACORTA

Al alba. Julián Grimau fue fusilado al alba del 20 de abril de 1963 en el madrileño campo de tiro de Carabanchel, en un episodio que muchos consideran el último ajuste de cuentas de los vencedores de la guerra civil, la venganza final. IU intenta ahora una revisión de aquella condena y la rehabilitación pública de la persona de Grimau, del que fue defensor Alejandro Rebollo.

Apenas unos meses antes, el 7 de noviembre de 1962, Grimau, miembro del comité central del Partido Comunista de España (PCE) desde el congreso de Praga de 1954, había sido detenido en su Madrid natal a causa de una delación en el contexto de una fuerte conflictividad obrera.

Trasladado a la sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), fue torturado y arrojado por una ventana por la Brigada Político Social, la Policía política franquista. Luego, tras ser sometido a una operación por una fractura de cráneo, con rotura de ambas muñecas y las piernas paralizadas, ingresó en el Hospital Penitenciario de Yeserías, donde lo mantuvieron aislado durante veinte días.

Grimau fue acusado de asesinato y torturas en una checa de Barcelona durante la guerra civil. El régimen quiso ocultar su propia brutalidad simulando un intento de suicidio al tiempo que orquestaba una campaña para frenar la creciente oposición internacional a la dictadura. Finalmente, el 18 de abril, dos días antes de la ejecución, Grimau fue sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte.

En el transcurso del juicio, la acusación acuñó el concepto de «rebelión militar continuada», lo que permitió juzgarle por los supuestos delitos cometidos durante la contienda sin tomar en cuenta que habían transcurrido 24 años desde su conclusión.

No hubo declaración de testigo alguno y Manuel Fernández Martín, el vocal ponente que debía haber asistido a los jueces militares, ni siquiera había aprobado primero de Derecho, a pesar de que a lo largo de su trayectoria mandó al paredón a más de un millar de presos políticos. Fueron sólo dos de las múltiples irregularidades de un proceso sin garantías.

El hombre que presidía el tribunal, con el Código Militar junto a un sable y un crucifijo sobre la mesa, tampoco era juez. «Por eso el ponente tenía tanto poder. Su misión era asesorar a los miembros del tribunal, que no tenían formación jurídica de ninguna clase», explica Alejandro Rebollo, el militar asturiano que defendió a Grimau. El único abogado.

La ley daba al acusado la posibilidad de elegir a su representante legal, pero no tenían por qué ser letrados. Y, normalmente, no lo eran, porque apenas había en el Ejército. Rebollo fue el único capacitado para ejercer su papel, y el único que lo hizo.

El letrado asturiano basó toda su defensa en lo absurdo de considerar «continua» la actividad subversiva de Grimau, ya que el líder de izquierdas pasó varios años en el exilio y ni siquiera pudo encargarse materialmente de repartir los panfletos que le llevaron ante el pelotón.

Aquella mañana lluviosa de primavera, Grimau tomó la palabra para explicar que no cometió crimen alguno y que únicamente fue leal a la República. No alegó torturas, pero quiso explicar por qué tenía una herida en la frente. El ponente le cortó en ambas ocasiones. A las dos de la tarde, el juicio, que había comenzado a las nueve de la mañana en los Juzgados militares de la calle del Reloj, atestada de policías y periodistas, terminó. Grimau era sentenciado a morir por «rebelión militar» ante el espanto de miles de personas.

Rebollo, ahora jubilado, recuerda aquellos momentos como «una de las experiencia más amargas» de su vida. «En lo profesional, porque resulta muy frustrante participar en la defensa de alguien a quien se le imputaban delitos que no existían, a quien sometieron a un proceso militar por repartir octavillas, y no conseguir nada», explica sin demasiadas ganas de revivir. «En lo personal, por lo evidente», además de que «torció el rumbo» de su destino hasta que «tropezar con tantas dificultades» hizo que abandonase su carrera en el Ejército. «Quiso ser una demostración de fuerza del régimen , cuando no fue más que de profunda debilidad», reflexiona Rebollo.

La condena, que fue internacionalmente considerada el preludio de un crimen de Estado, causó un gran escándalo en todo el mundo, provocando numerosas manifestaciones antifranquistas y peticiones de indulto clamorosas que no fueron escuchadas por Franco. Entre ellas, las del Papa Juan XXIII y el entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy.

La vida del dirigente comunista pasó a manos del Consejo de Ministros, que podía haber conmutado su pena al día siguiente.

De los 19 hombres que se sentaron junto a Franco, siete eran militares y tres pertenecían al Opus Dei, algunos provenían del Movimiento, como Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo que, en aquel entonces, preparaba la campaña «25 años de paz» y quien, posteriormente, justificó el asesinato de Grimau como «un acto de justicia». El resto eran tecnócratas sin afiliación. Entre ellos, se encontraba Fernando María de Castiella, titular de Exteriores, que intentó oponerse argumentando la repercusión internacional del fusilamiento.

La última esperanza resultó vana. Tras una deliberación de más de diez horas, Franco reclamó una votación formal y explícita. Sus ministros respondieron pronunciándose a favor y él no vaciló al firmar la pena de muerte.

También los amigos y compañeros pasaron en vilo toda la noche. Rebollo y Grimau, juntos, en capilla. Hasta que el abogado fue llamado urgentemente para recibir la noticia de que su defendido iba a ser ejecutado. A las 6 de la mañana, con Grimau esposado ante un muro de ladrillo rojo, se abrazaron. Después, sonaron 27 disparos. Cuando cayó al suelo no estaba muerto. Necesitaron tres tiros de gracia.

Las leyes que condenaron al dirigente comunista eran las de la contienda, prorrogadas de forma deliberada para amparar el crimen, y no fueron suprimidas hasta dos años después de la muerte de Franco. Sin embargo, la familia de Julián Grimau tendría que soportar un segundo fallo condenatorio en 1990, año en que el Estado reconoció a los herederos de los encarcelados en el franquismo su derecho a recibir pensiones. De los fusilados ni se habló.

Así, la mujer del líder de izquierdas asesinado, Ángela Martínez Lazanco, Angelita Grimau, no sólo tuvo que asumir el ajusticiamiento de su marido sin percibir ninguna indemnización, sino el hecho de que, para los tribunales, la condena continúe siendo legal.

Ese mismo año, treinta después del asesinato, la viuda de Grimau, que aún vive, tuvo que hacer un esfuerzo para pedir su rehabilitación. El presidente del Tribunal militar del Supremo le dio la razón, pero los restantes siete magistrados no lo hicieron. El Supremo estaba, de facto, declarando, de nuevo, culpable a Julián Grimau, y esa sentencia resultó terrible para Ángela, instalada en la dignidad del silencio desde entonces.

La Sala concluyó que el recurso extraordinario de revisión presentado estaba previsto para supuestos en los que se aportasen «nuevos hechos» que «evidencien la inocencia del condenado» y que no se podía declarar nulo en consejo de guerra por defender «la seguridad jurídica».

«El caso era nulo de pleno derecho y el argumento del falso ponente fue importante, pero pesaron más los factores políticos», apunta Rebollo. «Si se hubiera abierto la espita, las víctimas se contarían por miles», precisa el magistrado.

Tampoco el Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo presentados y consideró que el fallo de la Sala de lo militar no había vulnerado los derechos fundamentales de los herederos del dirigente comunista.

Casi cuarenta años después de su muerte, IU trató de rehabilitar el nombre de Julián Grimau en el Parlamento en 2002, pero el PP, en mayoría, votó en contra porque temía que aquello se convirtiese «en un juicio contra Fraga».

Uno de los históricos del Partido, el presidente de la Fundación Isidoro Acebedo, José María Laso, que conoció a Grimau durante su etapa en Francia, antes de que, en 1959, decidiese volver para residir clandestinamente en España, recuerda pequeños detalles de su encuentro, como que «Grimau era un fumador verdaderamente notable de Gauloises», y también, sobre todo, «los enormes deseos que tenía de regresar a España para seguir luchando».

IU lo ha intentado de nuevo esta semana, al solicitar que el Gobierno socialista reabra de oficio los procesos, lo que significaría que miles de condenas podrían ser declaradas nulas después de que una comisión creada el pasado 10 de septiembre estudie la situación de las víctimas.

Laso, como muchos otros que no confunden reconciliación con olvido, amnistía política con amnesia histórica, defiende la revisión de la sentencia y considera que la rehabilitación de la figura histórica de Grimau «es una reivindicación que la izquierda tiene pendiente».