Los papeles y la indocumentada
Por Juan Carlos Escudier - El Confidencial - 01/01/2005

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Los primeros empleados del Archivo de Salamanca no eran documentalistas ni bibliotecarios sino guardias civiles. Al Colegio de Niños Expósitos de San Ambrosio comenzaron a llegar desde 1938 toneladas de papel incautadas por las brigadas de registro de Franco, la ‘avanzadilla administrativa’ del Ejército de ocupación. La siniestra misión de los guardias consistía en leer los legajos, subrayar los nombres propios y suministrar esta información a los encargados de la represión, fundamentalmente el Tribunal de Responsabilidades Políticas, la Causa General y el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Con el paso del tiempo, algún archivero trató de buscar motivaciones políticas al hecho de que los subrayados se hicieran en dos colores -rojo y azul-, pero sólo pudo atribuirlo a la disponibilidad de lapiceros.

Ese mismo archivo que hizo posible la persecución, el encarcelamiento y hasta el asesinato de decenas de miles de españoles sirvió con la democracia para expedir a las víctimas certificaciones de su pertenencia a cuerpos militares y policiales de la República, con las que pudieron optar a pensiones y compensaciones económicas. El archivo, pese a sus graves carencias de medios, también ha sido útil para fundamentar las restituciones y determinar el valor de bienes y propiedades confiscadas a organizaciones políticas y sindicales. Éstas han sido sus principales aportaciones, con independencia de que sus fondos compongan un impresionante aguafuerte de los métodos de la dictadura y de sus horrores.

La notoriedad, en cambio, le ha llegado por una campaña pertinaz orquestada desde Cataluña, que durante diez años viene exigiendo la devolución de la documentación incautada a la Generalitat, reclamación a la que finalmente ha accedido el Gobierno de la nación. Como suele ocurrir en estos casos, una petición razonable se ha convertido por obra y gracia del nacionalismo catalán y de quienes lo combaten en un problema de Estado y en un elemento de enfrentamiento territorial.

Las 507 cajas en las que se acumulan, entre otros legajos, los diarios de sesiones previas y posteriores a la proclamación del Estatuto de Autonomía de 1932 y el propio texto del Estatuto aprobado por las Cortes, tienen un dueño indiscutible, que es el Parlamento de Cataluña o la Generalitat si se prefiere, aunque su traslado resulta opinable. Al dictamen favorable del grupo de expertos creado por el Ejecutivo podría oponerse un informe de la UNESCO de diciembre de 1995 cuyos trabajos fueron dirigidos curiosamente por el ex director del Archivo de Salamanca, Antonio González Quintana, integrante también del ramillete de notables reclutado por el Gobierno. Este último trabajo reconocía el derecho a la devolución de documentos puramente personales a propietarios y herederos, pero aconsejaba no distraer de los archivos aquellos otros referentes a las actividades de las personas en función de sus responsabilidades políticas o públicas, así como los de organizaciones o entidades. Con todo, parece obvio que los modernos sistemas de reproducción permitirán mantener la integridad de los fondos y, al tiempo, cumplir el trámite de la devolución, siempre que no lo impida a la numantina el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, y las vallas que rodean ya el antiguo hospicio.

La charlotada no hubiera estado completa sin la impagable contribución de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, una señora que entiende menos de archivos que de IVA, que ya es decir. En ese cansino ejercicio de poner una vela a Dios y otra al diablo, Calvo ha prometido convertir el de Salamanca en un grandilocuente archivo de la Memoria Compartida, y añadirle papeles de particulares sobre el franquismo y la transición “que conseguiremos con donaciones o compras". El disparate causa hilaridad a todo aquel dotado de sentido común. El sueño de la razón engendra monstruos y el del talante perpetuo genera carcajadas.

Quienes conocen mínimamente un archivo, señora Calvo, son capaces de distinguirlo a simple vista de un museo. En el caso del archivo de Salamanca, abandonado a su suerte por la incompetencia de las autoridades, el primer desatino se cometió cuando lo que debía ser un Archivo de la Represión Franquista adoptó la denominación de Archivo General de la Guerra Civil Española y comenzó a custodiar fondos que le eran completamente ajenos como las colecciones de fotografías de Robert Capa, de Albert-Louis Deschamps, de Kati Horna, de los hermanos Mayo, o los relativos a la Legión Cóndor.

¿Qué es la memoria compartida, doña Carmen, además de una bella frase? ¿Tiene usted algún plan para informatizar el archivo y para hacer que sus fondos sean accesibles desde Internet, algo que resulta obligado en un país moderno? ¿Lo dotará de más medios humanos? Empiece por aquí y cántenos luego su milonga.