Una transición que no acaba… (La transición del régimen franquista a la Democracia)
« Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado » - Madrid 4 de marzo de 2004

Después de terminar la Guerra Civil, Franco no vaciló en recurrir a la represión para imponer y conservar su poder dictatorial absoluto hasta su muerte en 1975. Las cifras y la crueldad de esta represión explican el por qué la España revolucionaria y la España republicana no pudieron levantar cabeza durante los cuarenta años de dictadura y por qué tuvieron que resignarse a aceptar la monarquía y el rey que Franco había designado como su sucesor, así como la continuidad institucional de los poderes fácticos que habían contribuido a la victoria, instauración y longevidad de la Dictadura.

La transición a la Democracia se hizo pues en el marco de la legalidad definida por la Leyes fundamentales del régimen franquista y esta “legalidad" no ha sido aún puesta en causa por la España democrática… Ni siquiera después de que se aprobara porunanimidad en el Parlamento la “histórica" Resolución del 20 de noviembre de 2002 : condenando el golpe militar de 1936 y reafirmando el deber de “reconocimiento moral hacia todos los hombres y todas las mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como todos los que sufrieron más tarde la represión de parte de la dictadura franquista."

Estamos ya en 2004, y a pesar de que hace unos meses se conmemoraron los 25 años de la “Constitución de la democracia", no sólo no se ha concretizado jurídicamente este reconocimiento moral, sino que el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse sobre el Recurso de amparo, presentado en abril de 1999, contra el Tribunal Supremo por haber rechazado la revisión del Consejo de guerra sumarísimo que condenó a muerte en 1963 a los jóvenes antifranquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado,.

Las condiciones en las que se pactó la Transición “explican", es verdad, el por qué todos los partidos “no se dieron cuenta" de que la Ley de amnistía era incompatible con la Constitución que consagraba las libertades democráticas por las cuales habían sido condenados los amnistiados. Una incompatibilidad moral y una contradicción jurídica, puesto que la amnistía de 1977 perdonaba, pero no anulaba los “delitos" en los que habían incurrido –según la Justicia franquista- los amnistiados al luchar por las libertades que, desde el 6 de diciembre de 1978, han sido reconocidas como constitucionales.

Es por ello que hoy, tras más de 25 años de “Transición" y de vigencia de la “Constitución de la Democracia", es un imperativo moral y político exigir la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos durante la dictadura franquista.

Es ya tiempo de acabar con esta vergonzosa contradicción jurídica, y, para conseguirlo, os invitamos a que hagáis también vuestra esta exigencia.

Madrid, 4 de marzo de 2004

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