Los papeles de Salamanca
VICENT ALVAREZ - Miembro del CVC - 07/01/2005

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=75344&pIndiceNoticia=4&pIdSeccion=5

La Generalidad tiene su propia norma en materia de protección del patrimonio cultural. Se trata de la ley 4 de 1998, recientemente modificada no sin cierta polémica, y en dicha norma se hace una relación del conjunto de bienes que son el objeto de su protección, así como, también, se determinan las competencias de las diversas administraciones valencianas en el tema.

Pues bien, como tales bienes culturales , protegibles por lo tanto, y que son tratados por la ley, se incluyen en su articulo 1, punto, 2, los bienes de valor «histórico... documental, bibliográfico...». Posteriormente, en dicho cuerpo legal, existe todo un apartado dedicado al patrimonio documental, bibliográfico, audiovisual e informático . Dicho apartado regula los bienes existentes en nuestra comunidad -para algunos país, para otros región- dejándose fuera a los bienes de la Iglesia, en base a sus privilegios, así como, también, a los que están en manos del Estado, si bien se contempla la posible gestión de estos últimos por parte de la Generalidad.

No obstante lo anteriormente expuesto, en la misma ley que estamos citando, y precisamente en su articulo primero, ya tratado anteriormente, se dice textualmente que la Generalidad promoverá el retorno a la Comunidad Valenciana, de aquellos bienes de valor cultural o patrimonial que encontrándose fuera de la C.V. «sean especialmente representativos de la historia y la cultura valenciana».

Vistas las cosas así, podemos pues, plantearnos que puede haber documentos requisados por las tropas vencedoras en 1939 que sean especialmente representativos de nuestra historia, y que la Generalidad debería tratar de recuperar con su «retorno». Otra cosa seria ver si todo es o no representativo.

Nuestro gobierno autonómico, que según su ley esta obligado a promover el retorno de una parta de la documentación requisada guardada en Salamanca, o en algún otro lugar, sin embargo, no se ha planteado ni tan solo a estudiar el tema. Recuerdo como anécdota personal que alguien que estaba estudiando la represión franquista me facilitó copias de papeles míos, requisados por la brigada político social en mi casa tras mi detención en 1967, y que están en un archivo fuera de aquí. Recordemos que tras 1939 siguió requisándose mucho material, y parte de él es historia, aunque sea más reciente.

Uno se pregunta, ¿ porque nuestra Generalidad hace una ley y luego la ignora?. Tal vez se prefiere que nuestros investigadores viajen para obtener los documentos. Nuestra norma trata de buscar la estima hacia el patrimonio a través de su conocimiento y conservación, de ahí las obligaciones que marca la ley, entre ellas la cuestión de la recuperación o retorno. ¿Que razones de peso existen para que nuestro Gobierno autonómico ni tan sólo se plantee estudiar el tema?. Seamos coherentes , si hacemos leyes las debemos cumplir, si en ellas hay obligaciones veámoslas, si ello nos conduce a un conflicto con otras comunidades, estudiemos el tema y las opciones posibles.

En fin, como mínimo exijamos a nuestros gobierno autonómico alguna explicación, no quedemos en el «no».